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La relación de Roberto Lavagna con algunos de sus colegas de gabinete no pasa precisamente por su mejor momento. La semana pasada estalló la discusión por la suerte del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y ésta comenzó con un cruce con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por el estado de la economía. Este último reconoció ayer que el Gobierno está abocado a “evitar que nos quedemos en una meseta, o lo que es peor, en una recaída, porque veníamos creciendo de buena manera”. Lavagna ofreció una conferencia de prensa sólo para desmentirlo. “Todos los indicadores, de manera unánime, apuntan hacia arriba”, enfatizó, y tras ello anunció que su cartera corrigió la estimación de crecimiento para el año en medio punto, hasta 5,0 / 5,5 por ciento.
“Todos los indicadores, públicos y privados, de producción física y de confianza de los consumidores, nos orientan hacia arriba”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda. El cálculo previo era que el Producto Interno Bruto (PIB) terminaría el año con una mejora de entre 4,5 y 5 por ciento. “El 5 por ciento que antes era el techo de crecimiento ahora es el piso”, explicó, situando en 5,5 puntos el nuevo techo. Cerca del ministro mencionaron a Página/12 que las declaraciones de Fernández les resultaron “incomprensibles”, sobre todo cuando al Gobierno se le imputa, desde usinas ortodoxas, carecer de un plan económico.
Lavagna hizo un gesto que expresaba entre fastidio y resignación, cuando se le recordaron las palabras del ministro del Interior. Lo cierto, repitió, es que las señales que arroja la economía siguen siendo positivas. Entre ellas incluyó el resultado fiscal de junio, que fue de un superávit de 738 millones de pesos. El ministro del Interior había sido menos optimista: sostuvo que empresarios y consumidores son reacios a asumir riesgos de inversión y a tomar créditos. “Seguimos sin conseguir que eso se haga”, confesó, y luego apuntó que “hay una cuota de deflación que es preocupante, que no es sana”.
Otro tema que genera controversias en el Poder Ejecutivo es el del CVS. “No hay nada para decir sobre eso”, respondió Lavagna de manera tajante, y se mantuvo abroquelado en esa frase por más que se le pidieron precisiones sobre si habrá cambios, antes o después, en el índice de actualización de créditos y alquileres pesificados. Las versiones son contradictorias. La Jefatura de Gabinete plantea que hay que desligar la indexación de los salarios, porque de lo contrario cada aumento será un dolor de cabeza para los deudores. Para el Gobierno, a su vez, el logro de conseguir una mejora para los asalariados se verá empañado por esa otra cuestión.
Sin embargo, Lavagna considera que sería un error volver a modificar el mecanismo de ajuste. Y le molesta que otros ministros confronten con él en público. El jefe de la bancada justicialista de Diputados, José María Díaz Bancalari, dejó en claro que su bloque tiene escaso interés en participar del debate. “El Congreso sólo opinará sobre la modificación del CVS si el Poder Ejecutivo se lo pide”, remarcó. Una de las razones para elegir ese lugar es que dentro del bloque se repiten las diferencias que existen en el Gobierno, con algunos diputados que comparten la posición de Lavagna y otros que respaldan los argumentos de Alberto Fernández.
La explicación que dio a este diario un legislador con llegada a ambos ministerios es que Kirchner dio la instrucción de que se busque una solución intermedia, que evite la repetición del conflicto la próxima vez que aumenten los salarios, pero sin que sea un subsidio directo para los deudores. Una fórmula que analiza la Jefatura de Gabinete es unificar el CVS con el CER, para morigerar el impacto de la indexación. El CER ajusta por inflación, que ahora está planchada. Pero la incógnita es qué pasará si dentro de unos meses la inflación despega y la posible solución actual se vuelve a convertir en un problema. “Por ahora no saben qué hacer”, comentó el legislador.
Lavagna ayer no quiso referirse al tema, sino que se abocó a destacar la buena salud de la economía. El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, lo acompañó en la conferencia de prensa para referirse a la situación fiscal.Además de informar que el superávit fue de 738 millones –150 millones menos que el superávit del Tesoro, debido a que esa cifra se giró a Santa Fe para socorrer a los inundados–, dijo que se sobrecumplió con la meta semestral acordada con el FMI. El superávit en el período fue de 4930 millones, contra un compromiso de 4500 millones.
Ese dinero se usó “mayormente para cancelar deudas”. Por ejemplo, precisó que se achicó el endeudamiento con exportadores en 1000 millones de pesos, desde los 2700 millones que el Estado les debía por devolución de impuestos en diciembre pasado. Mosse también informó que se les dará 275 millones de pesos a exportadores de aquí a noviembre para saldar una deuda por la aplicación del factor de convergencia, ideado en su momento por Domingo Cavallo.