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Frente al ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Finanzas de Francia, Francis Mer, hizo su planteo más contundente: “es necesario apurar la recomposición tarifaria del servicio eléctrico”, puntualizó, actividad en la que está comprometida Electricité de France. Luego del encuentro con Roberto Lavagna, el funcionario europeo amplió el alcance de su planteo, al advertir ante la prensa que si bien ninguna empresa gala planea desinvertir en la Argentina, “muchas de ellas dejarán de hacerlo al ritmo previsto”, en clara alusión a los operadores de empresas privatizadas cuyas tarifas permanecen congeladas desde la devaluación. Pero en la misma conferencia de prensa, el titular del Palacio de Hacienda admitió algo que anima a esas prestadoras: a través de un proyecto de ley girado al Congreso el Gobierno previó la posibilidad de otorgar ajustes tarifarios a cuenta de las lentas renegociaciones contractuales.
En ambos encuentros el clima fue cordial y ajustado a la austeridad del protocolo. Aun en la entrevista con De Vido, quien esta semana había advertido con poca cortesía que si el propósito de Mer era presionar por una suba en las tarifas de servicios públicos, “mejor que no venga”. La idea que el francés llegaría a Buenos Aires con ese cometido se conoció a través de agencias internacionales que invocaron fuentes parisinas y motivó un comunicado de la embajada de aquel país, que relativizó el dato, pero no pudo negarlo.
“A pesar de la devaluación, algunas empresas francesas (radicadas en el país) están en situación favorable”, admitió Mer, quien por la mañana se había reunido con una veintena de firmas de su país. “Pero para otras, es más difícil”, precisó. “Lo que yo le dije al Gobierno es que hay quienes invirtieron mucho, pero ya no podrán seguir haciéndolo al mismo ritmo. Y el tiempo que se pierde no se puede recuperar”, sentenció.
El argumento está a tono con el de las empresas privatizadas, sector el que pertenecen EDF, France Telecom y Lyonnais Des Eaux, entre otras. Ellas advierten que con parte de sus costos y deudas dolarizadas y tarifa en pesos y sin aumento, no es posible cumplir con los planes de inversión previstos originalmente, lo que indefectiblemente resentirá la calidad de las prestaciones.
“Las empresas son más importantes que los Estados y debemos encontrar la manera de venir a ayudar a la Argentina o cómo seguir ayudando aquí”, insistió el ministro francés para quien, sin embargo, la sangre no llegará al río. “Ninguna tiene intención de irse de la Argentina. Al contrario, quieren seguir quedándose porque se sienten bien en el país e, incluso, ven buenas perspectivas en el Mercosur”. Lo que el colaborador de Jacques Chirac omitió es que los inversores de su país, que hoy tienen precios congelados, ya acudieron al arbitraje internacional para reclamar un resarcimiento por los perjuicios económicos que le habría ocasionado la pesificación de sus tarifas, que los contratos originales en su mayoría ataban al dólar.
Antes de la ronda de prensa vespertina, Mer se había entrevistado con De Vido –el otro ministro con potestades sobre el futuro de los servicios públicos– a quien acompañaron el secretario de Energía, Daniel Cámeron, el de Comunicaciones, Guillermo Moreno y el de Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado. Al grupo se sumó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien tuvo ocasión de advertir sobre la importancia de que haya equilibrio entre el derecho de las empresas y el de los usuarios.
El gobierno suscribe similar criterio, aunque no por ello descarta la posibilidad de otorgar aumentos selectivos y presuntamente a cuenta de una futura grilla tarifaria, en particular para luz y gas –aunque esto genere controversias en el propio seno del oficialismo–. El proyecto de ley que extiende las renegociaciones hasta diciembre del año próximo y fija pautaspara realizarlas contempla la posibilidad de hacer “modificaciones parciales” de los contratos. “¿Eso entraña la posibilidad de disponer retoques tarifarios antes de terminar la renegociación?”, fue la pregunta que ayer se le formuló al titular del Palacio de Hacienda. “Precio, inversiones o calidad del servicio, cualquiera de esos temas caben en el concepto de parcial”, admitió Lavagna.