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Vestido de traje gris, sin la sarcástica sonrisa que lo identificó y con algunas arrugas que atravesaban su rostro de eterno niño, Alfredo Astiz entró en la secretaría número 11 diez minutos después de la cinco de la tarde. Llegó a los tribunales de Retiro junto con algunos de sus compañeros de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Luego, el Ejército puso a disposición del juez Rodolfo Canicoba Corral a casi todos los oficiales reclamados por su par español Baltasar Garzón. El dictador Antonio Domingo Bussi fue encontrado en Entre Ríos y hoy se presentará ante el juez. Sólo restaría ubicar a dos de los acusados, uno es el marino Jorge Raúl Vildoza, prófugo desde mediados de la década del `80.
El prefecto Juan Antonio Azic, incluido en la lista de Garzón, fue noticia durante la mañana. Intentó suicidarse pegándose un tiro en la boca en un bar y dejó una nota para el juez. “Tiene un problema menos, dígale a la Policía Federal que no me busque más”, escribió el represor, conocido como “Piraña” por sus víctimas (ver página 10). Azic, que era torturador del grupo de tareas de la ESMA, fue trasladado al Hospital Naval y allí quedó detenido, con la cara destrozada pero estable.
Canicoba Corral y el secretario Miguel Angel Ambrosio informaron ayer a los represores que fueron quedando a disposición del juzgado los motivos de sus arrestos, es decir, la orden de captura internacional dictada por Garzón, quien los procesó por genocidio, terrorismo y torturas. Pasaron por la secretaría, entre otros, los marinos Jorge Isaac Anaya, Carlos Eduardo Daviou, Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevilla y Luis María Mendía. Todos llegaron desde el Edificio Libertad, que queda casi enfrente de los Tribunales, en una combi blanca con el ancla y el escudo de la Armada.
El ex jefe de la Marina Armando Lambruschini se mostró algo “desorientado”. No supo responder cuál era su domicilio, mostró su pasaporte en lugar de su DNI y no reconoció a su abogado, lo que éste atribuyó a su avanzada edad. “No es mi amigo, no lo conozco”, les dijo a los funcionarios que estaban realizando la audiencia. “Sí, pero sí vine con él”, intentó enmendar su defensor que, finalmente, fue admitido como tal por el represor. Antes tuvo que aclarar: “es que está algo gagá”. Algunos militares no se presentarán al juzgado por razones de salud, tal es el caso de José Antonio Vaquero, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que está postrado en su casa en Córdoba. Luciano Adolfo Jáuregui, Alberto Luis Cattaneo y Luis Ricardo Rizo también pasaron parte de enfermo. Los ex jefes de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubens Graffigna y Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo consiguieron que el juez les concediera el arresto domiciliario. El único civil que hay entre los acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, fue alojado en la sede de Gendarmería. Los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason; el ex jefe de la Armada Ruben Oscar Franco y los represores Jorge Eduardo Acosta, Juan Carlos Rolón y Héctor Antonio Febres ya estaban presos y quedaron a disposición conjunta de los magistrados que los habían detenido y Canicoba Corral.
Ayer por la noche sólo restaba encontrar a Antonio Arrechea, quien estaría en el interior de la provincia de Misiones y al represor Vildoza, prófugo desde que las Abuelas de Plaza de Mayo intentaron ponerlo tras las rejas por la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas. Los represores Jorge Alberto Maradona y Mario Arturo Cafarena, que estaban incluidos en la lista española, no tendrán que afrontar este proceso porque están muertos. En cambio, el ex jefe cordobés Luciano Benjamín Menéndez deberá afrontar algo más que una noche en prisión, tal como le ocurrió cuando se negó a declarar en el Juicio por la Verdad.
Según trascendió, Bussi durmió ayer en la sede del Ejército, en el Edificio Libertador. Durante el día sus seguidores anunciaron que se había entregado, pese a que el bussista Pablo Calvetti había anunciado el juevesque “para tocar a Bussi antes van a tener que pisotear la Constitución y las leyes argentinas”. Ni Garzón ni Canicoba Corral le pagaron a Bussi con la misma moneda con la que él hizo padecer a los tucumanos. Lo mandaron a arrestar con todas las garantías que prevé la ley. Por la mañana se informó que había sido encontrado en su provincia natal, Entre Ríos, donde estaba de pesca. Pero el juzgado no recibió la comunicación oficial que indicaba que estaba disposición de Canicoba Corral hasta después de la seis de la tarde.
Otro de los detenidos es el general Ramón Genaro Díaz Bessone, una especie de líder de los militares retirados que no se resignan a que se haga justicia, ya sea en el exterior o en el país. Fue jefe del Segundo Cuerpo del Ejército, ideólogo de la última dictadura militar e impulsor de la campaña para que se echara al ex jefe del Ejército Martín Balza del Círculo Militar.
Canicoba Corral fue visitado ayer, en plena feria, por varios colegas: el camarista Gabriel Cavallo –primero en declarar como juez la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, y los jueces Jorge Urso y Sergio Torres.
Canicoba Corral rechazó, de acuerdo con la posición del fiscal Guillermo Marijuán, los pedidos de eximición de prisión presentados por varios acusados. “Los delitos que se les imputan a estas personas impiden su soltura o eximición de prisión”, señaló Marijuán en su dictamen. Sin embargo, fuentes judiciales no descartaron que en los próximos días algunos represores queden en libertad, mientras sigue el proceso en su contra. “Más adelante, cuando comience el proceso de extradición, podría evaluarse dar en ciertos casos la libertad, hasta que se llegue a un veredicto, algo que está previsto en los tratados internacionales. Pero antes habría que hacer una pequeña investigación en cada caso, para que haya garantías de que no haya una fuga”, señalaron en Comodoro Py.
A partir de que Garzón sea notificado a través de la Cancillería de los arrestos de los militares argentinos, tendrá cuarenta días para enviar el pedido formal de extradición. En ese momento se abrirá un nuevo proceso que no será corto y que podría ser tramitado por diferentes jueces de acuerdo a la jurisdicción en la que viven los acusados. Los represores podrían pedir ser juzgados aquí, pero esa posibilidad choca aún con la vigencia de las impugnadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.