[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La quietud de la feria judicial se vio alterada ayer por el desfile de militares, en más de un juzgado. El teniente coronel retirado Luis Jorge Arias Duval fue detenido el jueves a la noche mientras caminaba por Palermo. Desde hace un año estaba prófugo en la causa judicial por la desaparición de militantes montoneros que volvieron al país como parte de la contraofensiva planeada por esa organización en 1980. El militar de 70 años fue capturado por efectivos de la Dirección de Unidad Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal y trasladado al juzgado federal de Claudio Bonadío para ser indagado, pero se negó a declarar. El magistrado dispuso que Arias Duval, quien fue jefe de la Central de Reunión del Batallón 601, quede detenido en la cárcel de Marcos Paz. Ayer también fue detenido el teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, imputado en el caso, y aún quedan tres represores prófugos.
Granada perteneció a la sección Inteligencia 103 de Junín, y estuvo a disposición del Poder Ejecutivo en 1985 durante el gobierno de Alfonsín, cuando se denunció un complot y se dispuso el estado de sitio. Ayer a las 17 fue apresado por agentes de la DUIA mientras caminaba por la zona de plaza San Martín. Será indagado el fin de semana.
Mientras desfilaban militares y abogados por el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, se generó cierta confusión porque en un principio se informó que el militar detenido el jueves era el coronel retirado Arturo González Naya, incluido en la lista de los militares con orden de detención librada por Canicoba Corral a petición del juez español Baltasar Garzón. Pero esa información luego fue rectificada y se aclaró que en verdad el detenido era Arias Duval, quien ante el juez se negó a responder preguntas y pidió cinco días para poder cotejar los elementos reunidos en el expediente. En el marco de esta causa que lleva adelante Bonadío, con la intervención del fiscal Oscar Amirante, el 19 de junio fue detenido el ex subjefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, el coronel retirado Julio César Bellene.
En febrero de 1980 quince militantes montoneros que estaban en el exterior volvieron al país en la llamada Contraofensiva Montonera, planeada por los líderes de esa agrupación, y fueron secuestrados poco después de ingresar, en la denominada Operación Murciélago gestada en el Batallón 601. Entre ellos estuvieron Mónica Pinus, Horacio Campiglia, Lorenzo Ismael Viñas, el padre Jorge Adur, Ricardo Marcos Zucker, Raúl Milberg y Julio Genoud.
La causa se inició en 1998 y el 27 de marzo la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, del ex jefe del Batallón 601 Roque Tepedino y de otros once militares y miembros de fuerzas de seguridad, acusados de homicidio, privación ilegal de la libertad calificada y asociación ilícita agravada por el secuestro y desaparición de los militantes montoneros. En ese fallo los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun ratificaron que los represores de la dictadura cometieron delitos de lesa humanidad, formaron parte de una asociación ilícita y deben terminar sus días tras las rejas. Son la “categoría de delitos que repugna a la conciencia universal, y que están reconocidos por la Constitución nacional y por el derecho internacional”, escribieron. Además, Cattani e Irurzun confirmaron la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El entonces fiscal Norberto Quantín, que intervino en el expediente durante la feria judicial de verano, se había pronunciado en sentido contrario y pidió el sobreseimiento de todos los represores imputados, aun a contramano de la opinión del jefe de los fiscales, el procurador Nicolás Becerra.
Los camaristas sostuvieron, sin embargo, que no había pruebas suficientes para que otros cinco militares siguieran procesados. Yordenaron algunas liberaciones de quienes estaban procesados por el secuestro de algunos integrantes del grupo montonero. Entendieron que no había pruebas suficientes para incluir esos casos, y ahora el juez está abocado a conseguirlas. Por eso días atrás interrogó a Cristina Zucker y a otros testigos. Además, hay una prueba que resultará fundamental para poder ampliar el número de casos. Se trata de un microfilm obtenido por el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra, en el que figura la lista completa de los militantes que los represores ordenaron secuestrar.