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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó ayer un pedido de la Argentina, para que el fallo adverso que obliga al país a pagar 1300 millones de dólares a los holdouts sea revisado por el plenario de ese tribunal. La Argentina había solicitado que la sentencia dictada por tres jueces sea juzgada por los trece integrantes del tribunal, en lo que se denomina revisión “en banc”. En consecuencia, ahora el próximo paso para la defensa de la Argentina es apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, para lo que cuenta con 90 días hábiles.

En febrero del año pasado, el juez Thomas Griesa emitió un fallo donde le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló y el 26 de octubre de 2012 la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la demanda por la supuesta discriminación. Esa demanda fue apelada ante la Corte Suprema y el máximo tribunal decidió no tomar el caso. Una de las especulaciones fue que el máximo tribunal de los Estados Unidos eligió mantener stand by en el caso de la Argentina hasta tanto llegue a su estrado la segunda porción del juicio.

En esta otra etapa se define el monto y la forma en que la Argentina debe pagarles a los acreedores. Tanto el juez Thomas Griesa como un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York fallaron que el pago debe ser por 1330 millones de dólares, en una vez y en efectivo. Ante este revés, Argentina pidió que el fallo lo estudien los trece magistrados de la Corte de Apelaciones, acto que ayer fue denegado y favorece en forma directa a los fondos Elliot y NML Capital. Por tanto, la última instancia es elevar el pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos, acto para el que la Argentina hizo reserva judicial.

La noticia se conoce en momentos en que fondos de inversión con buenos vínculos con el Gobierno están llevando adelante negociaciones con los holdouts favorecidos por los fallos judiciales para evitar el posible default del país.