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Desde su cargo al frente de la comisión de planificación energética, Axel Kicillof fue también el encargado de diseñar el plan para surfear el déficit energético, resultante de la caída de la producción de hidrocarburos a lo largo de la última década. Esta comisión nació de la misma ley que dispuso la expropiación de las acciones de YPF en manos de Repsol y tuvo como objetivo delinear la política de inversiones, producción y comercialización que debían seguir, a partir de entonces, todas las petroleras con concesiones de exploración y explotación.

Como consecuencia de la declinación persistente de la producción de gas y petróleo, Argentina se vio obligada a incrementar año tras año la importación energética. Ya el año pasado, el peso sobre las cuentas externas se acercó a los 10 mil millones de dólares, por efecto principalmente de la compra de gas licuado (GNL) a Trinidad-Tobago, Nigeria o Venezuela.

La tarea de reversión de este déficit comenzó por el cambio de gestión en YPF, ubicando a Miguel Galuccio al frente, y por la coordinación del funcionamiento de todo el sector petrolero, que empezó a llevar a cabo la comisión presidida por Kicillof. Desde allí se requirieron los planes de inversión de cada empresa privada concesionaria, para poder proyectar su producción inmediata y de los años siguientes. Así se buscaba acercar las cifras de la oferta a las de la demanda, disparada al ritmo del crecimiento económico. También desde esa comisión se alentó la producción mediante la implementación de un programa que incrementó, a partir de este año, las retribuciones de las petroleras por el gas que obtuvieran por encima de los niveles de 2012.

Los especialistas siempre recuerdan que, en materia energética, los resultados aparecen en el mediano y largo plazo. Sin embargo, Argentina abandonó la tarea de planificación y seguimiento del sector petrolero a partir de una concepción reduccionista del modelo privatizador. Recién a partir de la declaración de interés público de la extracción y uso de los recursos energéticos (en la misma ley de expropiación de YPF), el Estado recuperó el rol de planificador y coordinador, incluida la acción de los privados. A Kicillof no sólo se le atribuye el rol de ejecutor de esta política, sino también haber sido el diseñador de la misma.