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La AFIP intimó a los principales concesionarios viales del país –Grupo Macri, Roggio y Techint, entre otros– a pagar una deuda previsional millonaria con el fisco. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, las empresas deben 140 millones de pesos en aportes patronales a la seguridad social, que dejaron de abonar desde 1995, amparándose ilegalmente en un decreto de Domingo Cavallo. En el último mes se libraron las intimaciones a las compañías y en la AFIP dicen que, si no se avienen a saldar la cuenta voluntariamente en sede administrativa, entonces se harán las correspondientes denuncias penales por evasión previsional. Si así fuera, el del club del peaje sería el primer caso multimillonario de evasión en manos de los flamantes juzgados penales tributarios.
En 1995, Domingo Cavallo impulsó el decreto 292 que disponía la reducción de contribuciones patronales “para promover el crecimiento de la actividad económica, la productividad y los niveles de educación”.
En teoría, la rebaja de aportes patronales ideada por ex superministro perseguía estimular el empleo y mejorar la competitividad de los sectores exportadores o sustitutos de importaciones, que padecían el atraso cambiario de la convertibilidad. En la práctica, sin embargo, engrosó las ganancias empresarias a costa del desfinanciamiento de la seguridad social.
Para las empresas en general los requisitos para ingresar al régimen eran estar al día con los aportes y contribuciones a la seguridad social y el IVA. Sin embargo, para las empresas concesionarias de servicios públicos con precios regulados las condiciones eran distintas. Para acceder al beneficio debían presentar un plan al órgano regulador del sector, cuantificando la incidencia de la reducción de aportes sobre los costos laborales, y comprometiéndose a trasladar la baja a las tarifas. Como las empresas de servicios públicos percibían ganancias muy superiores al resto de la economía, de esa manera se buscaba que la disminución impositiva en los servicios públicos no redundara en más utilidades sino que fueran transferidas a los usuarios y consumidores.
Más allá de si la política de rebaja de aportes fue acertada o no, en los últimos tres meses la AFIP de Kirchner se dedicó a investigar el cumplimiento de las normas legales por parte de las empresas de servicios públicos. De la inspección surgió que las empresas de telefonía, luz y gas habían cumplido con el decreto.
En cambio, según el organismo recaudador, los concesionarios viales se aprovecharon ilegalmente del régimen. “Omitieron solicitar al ente regulador respectivo la autorización para usufructuar el beneficio de la reducción de contribuciones, además de no presentar el estudio que refleje en las tarifas del servicio prestado la disminución del costo laboral obtenido, por lo que estaban inhabilitadas para la aplicación del referido beneficio”, sostiene el informe en poder de Alberto Abad, titular de la AFIP, que fundamenta las intimaciones. Y agrega: “Las empresas viables no redujeron los cuadros tarifarios, pero sí hicieron uso del beneficio de reducción de contribuciones patronales ocasionando un perjuicio fiscal superior a los 140 millones de pesos en concepto de capital, intereses y multas”.
Entre las compañías en la mira del fisco se encuentran Autopistas del Sol y Servicios Viales, del Grupo Macri; Concesionario del Oeste, Coviares, Covicentro y Covinorte, del Grupo Roggio; Caminos del Oeste, del Grupo Techint; y Caminos del Río Uruguay, entre otras.
El descargo de las empresas suena insólito. No se consideran concesionarias de un servicio público sino constructoras, adjudicatarias de obras públicas, y por lo tanto –argumentan– tenían la posibilidad de acogerse automáticamente al beneficio, sin necesidad de solicitar permiso alguno o comprometerse a bajar las tarifas. “Son empresas concesionarias de un servicio público, con tarifas reguladas y un ente de control. Se autorredujeron ilegalmente impuestos, y ahora tienen que pagar”, responden en la AFIP.
Las intimaciones oficiales de pago llegaron a las empresas en el último mes. Legalmente, una vez notificado el contribuyente, se abre una instancia administrativa para que éste manifieste formalmente si está dispuesto o no a saldar la deuda con el fisco. En caso contrario, en la AFIP aseguran que llevarían la denuncia a la Justicia que, por la magnitud de los montos, sería caratulada de evasión agravada en el marco de la ley penal tributaria. Así, se convertiría en la primera causa multimillonaria de evasión a ser resuelta por los juzgados penales tributarios, que comenzaron a funcionar este mismo mes.