Luego del fallo de la Corte Suprema que estableció que las retenciones son “tributos” que deben ser fijados por el Congreso, la Sociedad Rural (SRA) desplegó su arsenal retórico en contra de los derechos de exportación agropecuarios y reclamó la “inconstitucionalidad” de los mismos. La entidad patronal sostuvo en una demanda, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, que las retenciones son “confiscatorias” y que su actual aplicación “viola la división de poderes”. Sin embargo, la Corte también especificó que los derechos de exportación son “instrumentos estatales de política económica” que pueden utilizarse para “proteger la producción local, los precios en el mercado interno o las condiciones de competitividad”.

Las retenciones agropecuarias aplicadas por el Poder Ejecutivo son facultades delegadas ratificadas por el Congreso de la Nación. “Se las aprobó para que el Estado no pueda ser cuestionado”, sostuvo a Página/12 el diputado Jorge Landau (FpV).

“La acción judicial de la Fundación SRA se fundamenta en la violación de otros principios constitucionales tales como el derecho de propiedad (por confiscatoriedad), la igualdad ante la ley, la razonabilidad y proporcionalidad y la división de poderes. Sin embargo, su primer argumento para impugnar las retenciones fue la violación del principio de legalidad por el Poder Ejecutivo, castigada por el reciente fallo de la Corte Suprema”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, y agregó que “el fallo de la Corte refuerza el reclamo del campo”.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía que establecía retenciones a la actividad pesquera. Pero sólo lo hizo por los pocos meses que fueron desde el dictado de dicha resolución, en marzo de 2002, hasta que el Congreso convalidó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, en agosto del mismo año. “Las facultades delegadas fueron aprobadas por el Congreso antes del tiempo permitido que fijaba la Constitución de 1994. A partir de este momento, el Poder Ejecutivo quedó investido para actuar”, sostuvo Landau.

En su comunicado, la SRA afirmó que “el campo pagó al Gobierno en materia de retenciones la suma de 69 mil millones de dólares desde 2002”. Más allá de la cifra declarada, la Sociedad Rural volvió a manifestarse en contra de la regulación estatal de la actividad económica.