La tenacidad de una joven de 18 años que buscaba a una de sus hermanas, entregada en adopción, dejó al desnudo una historia de terror: desde hacía nueve años la adolescente de 15 años vivía encerrada en un garaje, conviviendo con un perro y un mono. La chica, que ahora fue llevada a un Instituto en Quilmes, donde inició un proceso intensivo de rehabilitación, al ser rescatada pesaba sólo 20 kilos, además de evidenciar retrasos en su maduración como consecuencia de la vida que le dieron sus padres adoptivos. Por el caso están detenidos Daniel Miguel Gómez, de 43 años, y Adriana María José Barros, de 56. De acuerdo con la información difundida, la pareja habría obtenido en 2001 la “guarda provisoria” de la chica, de nombre Julieta, con intervención de un Juzgado Civil. Lo que resta saber, a la hora de establecer responsabilidades, es quiénes tenían que hacer el seguimiento de la guarda hasta llegar a la adopción plena.

De acuerdo con la información que se pudo conocer, el camino que llevó a la liberación de la adolescente fue abierto por su hermana mayor, Guadalupe, hasta llegar a la denuncia judicial presentada por personal de asistencia familiar de un Juzgado Penal Juvenil bonaerense. La madre biológica de la chica tiene otros siete hijos, algunos de los cuales están internados en institutos de menores, no por tener conflictos con la ley, sino por falta de contención familiar. La adolescente rescatada presenta un grave cuadro de desnutrición, dado que la malalimentaban con pan, agua y levadura de cerveza, a la vez que la castigaban habitualmente, sobre todo cuando comía las sobras del alimento que recibía el mono.

La detención de los padres adoptivos abusadores se produjo en dos domicilios del barrio de Villa Lugano: Pola 2758 y Basualdo 2607. La pareja, que está presa desde el 5 de abril, tiene una hija biológica de 18 años que, según se aclaró, no fue “ni víctima ni victimaria”. De acuerdo con la información obtenida de fuentes cercanas a la investigación, la chica estuvo encerrada, durante años, en un garaje de la vivienda de la calle Basualdo y en los últimos tiempos había sido llevada por sus padres adoptivos al domicilio de Pola al 2700, cerca del límite de Lugano con el barrio porteño de Mataderos.

El caso, en plena investigación, está a cargo de la jueza en lo penal María Gabriela Lanz, quien rechazó el pedido de excarcelación formulado por los defensores de los dos detenidos, que están imputados por los delitos de “reducción a la esclavitud y a la servidumbre, lesiones graves y privación ilegal de la libertad”. La información aportada por fuentes policiales señala que los dos detenidos eran adoradores de San La Muerte, un culto pagano que se practica en el Paraguay, en el norte argentino, y en otros países de Latinoamérica.

Las versiones dan a entender que la adhesión a ese culto podría tener relación con el accionar de los padres adoptivos respecto de la adolescente. El dato carece de fundamento porque no hay información sobre prácticas violentas por parte de los seguidores de ese culto, reprobado por la Iglesia Católica.

El proceso de adopción se habría iniciado en 2001, por decisión de la madre biológica de la hoy adolescente, que ya tenía otros siete hijos y una situación económica precaria. En el caso, según se dijo, intervino un Juzgado Civil que, según especialistas consultados por Página/12, tendría que haber sido el encargado del seguimiento del proceso de adopción, con la asistencia de los organismos administrativos que intervienen en todos los procesos de adopción. Los mismos especialistas recordaron que, en mucho casos, esos mecanismos legales son burlados por acciones fuera de la ley. Es sugestivo que la adolescente haya vivido semejante odisea, durante tanto tiempo, sin que ninguna autoridad interviniera para evitarlo.

Al parecer, durante los primeros años, las dos familias tuvieron cierta relación, pero desde 2005 la madre biológica perdió todo contacto con la niña. La situación se revirtió recién en los últimos tiempos, por intervención de la hermana mayor de la chica, que comenzó a buscarla una vez que cumplió la mayoría de edad.

La joven, luego de realizar una serie de diligencias, pudo encontrar el domicilio donde vivía su hermana y luego hizo una consulta con personal experto de un Juzgado Penal Juvenil bonaerense. De esa forma se llegó a la denuncia que determinó la intervención de la jueza Lanz. Así se llegó a los dos allanamientos y las detenciones.

Afirman que era notable la diferencia entre la adolescente y el mono: ella desnutrida, el animal bien alimentado. A pesar de sus problemas de crecimiento, la chica relató, en la Cámara Gesell, que recibía castigos en forma frecuente y que era golpeada, incluso con cinturones, cuando comía las sobras del alimento que le daban al mono. En los últimos nueve años de encierro, la víctima sólo salió del lugar en dos oportunidades.