La fiscal Sabrina Namer acusó al tribunal oral que absolvió a todos los imputados del caso de los sobornos en el Senado de haber sido parcial, arbitrario y de haber realizado el juicio con una “decisión tomada” de antemano. Así lo planteó en la apelación que presentó ayer ante la Cámara de Casación Penal, donde reclamó que se revierta la sentencia. En el escrito sostuvo que los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 sistemáticamente hicieron lugar a pruebas de las defensas que apuntaban a decir que no hubo coimas para aprobar la reforma laboral y a la vez “ignoraron deliberadamente todo lo que pudiera llevar a probar el hecho”, como los cruces de llamados telefónicos de los implicados, entre otras evidencias.

El TOF3 había anunciado su decisión justo antes de las fiestas, el 23 de diciembre del año pasado. La absolución masiva se rumoreaba con anticipación, pero lo que más sorprendió fueron los términos del tribunal, que en una síntesis de sus fundamentos afirmaba que las coimas a senadores con el fin de que votaran la flexibilización laboral –como reclamaba el Fondo Monetario– “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuya confesión fue base de la investigación y de la acusación fiscal, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”. Al juez Daniel Rafecas, el instructor, lo acusaron de haber encaminado la causa en la dirección que quería, de intimidar a testigos y vulnerar el derecho de defensa. Lo denunciaron. También cuestionaron al fiscal Federico Delgado y a otros siete jueces que intervinieron en algún momento. El mensaje fue recibido dentro y fuera de Tribunales como una advertencia dirigida a quienes quieren investigar casos de corrupción.

Los fundamentos íntegros del TOF3 fueron difundidos el 31 de marzo y ocupan casi 2700 páginas. Tal como preanunciaron el día del veredicto, los jueces del tribunal (Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Ramírez) introdujeron una comparación con la causa AMIA –que dos de ellos anularon diez años atrás– y sugirieron que a Pontaquarto le había pagado la SIDE, como a Carlos Telleldín en el caso del ataque terrorista, donde se descubrió que había recibido 400 mil dólares. Una de las diferencias con aquel tema, que señala la fiscal Namer en su apelación, es que un pago a Pontaquarto es una conjetura de ellos, de la que nadie ofreció prueba ni una explicación de para qué. Otra, que en el caso de los sobornos “no declararon la nulidad de la instrucción”, “ni del requerimiento de elevación a juicio, tampoco el alegato” de la fiscalía. “Pero usaron otro recurso que los llevó a los mismos efectos: su sana crítica”, y para eso, entiende Namer, “no valoraron ninguna prueba” de las que llevaban a los sobornos. Incluso, señala, buscaron hacer eje en inconsistencias o contradicciones de Pontaquarto para derivar en la existencia de “conspiraciones ridículas”.

En su alegato, Namer había pedido penas de seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo; un año y medio de prisión para el arrepentido Pontaquarto y la absolución del ex senador Ricardo Branda y del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique. Ayer señaló que la sentencia del TOF3 había sido “la crónica de una absolución anunciada”, “absolutamente arbitraria e infundada” y volvió a pedir condenas para todos los mismos que ya había considerado culpables.

El tribunal oral, al anunciar su decisión, descalificó los hechos que incluso la Cámara Federal había dado por probados. Afirmó, en tono lapidario: “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía, para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar cinco millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE; no es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”. Como es conocido, ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. Cantarero por padecer Alzheimer, el radical se suicidó.

La presentación de la fiscal asegura que el tribunal sólo admitió las pruebas que abonaban la teoría de las defensas: que el soborno no se podía probar o que ni siquiera había existido. Cuestiona que haya descartado “todas las pruebas de la presencia de los imputados en el domicilio de Cantarero la noche en la que, según el relato de Pontaquarto, se pagó el soborno” y que haya omitido evidencias sobre la reunión en la Rosada. Enumera: que se dejaron de lado “23 elementos de prueba –documentales y testimoniales– de la injerencia que tuvo el Fondo Monetario Internacional en la sanción de la ley; 11 elementos de prueba de la importancia que revestía la ley para el gobierno de De la Rúa; y 12 declaraciones de testigos que manifestaron que el proyecto de reforma laboral no había sufrido modificaciones sustanciales” al ser sancionado.

Buena parte de la presentación repasa qué hizo el TOF3 con las pruebas y objeta su empecinamiento en destruir los dichos de Pontaquarto y los testigos. Dice que tiene una visión “sesgada y peculiar” de los registros telefónicos utilizados para cotejar el relato de Pontaquarto y que confirmaban la presencia de los imputados en los lugares y horarios por él indicados. Para el tribunal, carecían de certeza y ni siquiera eran “evidencia indiciaria”. Sin embargo, dice la fiscal, “los valoró” “sacando conclusiones asertivas a favor de la inexistencia de los hechos”.

En igual sentido, el TOF3 –dice Namer– atacó los testimonios que daban crédito o transmitían algún conocimiento de la existencia de sobornos, para descalificarlos. Por ejemplo, al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y Antonio Cafiero los trató de manipuladores y les endilgó un uso político del tema; pero consideraron que a los periodistas que escribieron sobre los hechos los engañaron en su buena fe, fueron víctimas de operaciones políticas. Aludían a Joaquín Morales Solá, quien escribió que tres senadores y un diputado le confirmaron la existencia de sobornos; y a Fernanda Villosio, quien escribió sobre la base del relato de Cantarero, quien había relatado el cobro para votar la ley laboral pero –dijo el tribunal– nunca lo confesó en Tribunales.

Otra prueba clave, “dirimentes”, omitida, según la fiscalía, fue la realización de un careo entre un perito y el ex director de Finanzas de la SIDE, Juan José Gallea. Según Namer, hubiera permitido aclarar el origen de una planilla con movimientos contables de los que surgía la salida de los cinco millones de pesos con los que se habrían pagado los sobornos. En rigor, había dos versiones de la misma planilla, sobre el mismo dinero. A eso añadió que no se analizó lo atípico del ingreso de ese monto ni las actas secretas, con fechas discordantes, que justificaban su salida. Recordó que los jueces rechazaron la declaración como testigo, clave, de Silvana Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, quien en la instrucción había dicho bajo juramento que vio el dinero para el pago de las coimas.

“El tribunal oral pretendió crear ante la opinión pública una falsa imagen de rigurosidad y fundamentación mediante una resolución de una extensión absolutamente desmesurada, innecesaria y sólo explicable en la decisión de encubrir bajo el tamiz de la acumulación de fojas una arbitrariedad manifiesta”, sostuvo Namer. “Desde el primer día (los jueces), vieron en este juicio una megaconfabulación entre el Poder Ejecutivo (gobernaba Néstor Kirchner cuando Pontaquarto confesó, en 2003) y el Poder Judicial para traer a juicio a los imputados.” “Pareciera que todo el mundo se orquestó” para acusarlos, ironizó, y dijo que –sin embargo– el tribunal no dice ni cuál era el propósito ni qué ganaba el ex secretario parlamentario con semejante supuesta mentira.