El Frente para la Victoria (FpV) en el Senado firmó el dictamen del proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, luego de escuchar la presentación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Los distintos bloques de la oposición manifestaron su apoyo, aunque con disidencias parciales. La iniciativa será tratada en el recinto el miércoles de la próxima semana. El texto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.

Antes de finalizar la reunión, la senadora radical Laura Montero acusó al oficialismo de aprobar todos los proyectos a “libro cerrado”, sin percatarse que su correligionario Gerardo Morales había negociado un cambio con Miguel Angel Pichetto (FpV): en casos de una declaración de emergencia climática, aquellas empresas que se vean forzadas a despedir trabajadores no quedarán incluidas en el régimen de sanciones previstos en esta ley.

El primer opositor en tomar la palabra fue Alfredo De Angeli (PRO Entre Ríos). Con estilo campechano y casi como pidiendo permiso a la hora de preguntar, muy distinto al tono que utilizaba cuando cortaba rutas, lanzó: “Hay muchos que tienen planes y no quieren perderlos. Cuando se los van a buscar para la zafra, no quieren trabajar. Eso es un problema, ellos mismos no quieren que los blanqueen”.

Tomada, que parecía contener la efusividad de su respuesta, le acotó que “desde hace bastante tiempo quienes tienen trabajos temporarios no pierden los planes sociales”. El sector agropecuario es uno de los ámbitos con mayor informalidad laboral y, en algunos casos, las condiciones laborales rozan lo inhumano.

Previo al inicio del encuentro, el neuquino Guillermo Pereyra conversaba con un asesor sobre la letra chica del proyecto. Después de escuchar algunas observaciones y comentarios, no dudó: “Le mando el gancho ya”. Durante el debate consultó sobre la situación de los monotributistas.

El ministro de Trabajo respondió que el objeto del proyecto es que las micro pymes (hasta cinco trabajadores) registren a esos trabajadores. “Si detectamos que un monotributista contrata a otros monotributistas (fraude laboral), esas empresas perderán su condición ante la AFIP”, enfatizó Tomada, quien acordó con Pereyra en que los representantes sindicales tienen responsabilidad en la protección del trabajo formal.

El proyecto crea un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para microempleadores con hasta cinco empleados, los cuales pasarán a pagar sólo el 50 por ciento de la contribución. En caso de incorporar uno o dos trabajadores más, los empleadores podrán optar por adherir a la segunda escala del régimen (hasta quince trabajadores) para esos dos trabajadores y continuar en la escala para microempleadores para los cinco restantes.

El proyecto establece que las empresas con hasta quince empleados no pagarán aportes durante el primer año y abonará sólo un 25 por ciento durante los segundos doce meses. “Van a despedir al sexto o séptimo trabajador después del año”, gritó Montero, como buscando la reacción del ministro. “Este es un veraz laboral con un régimen sancionatorio excesivo por los beneficios que da”, agregó la mendocina.

El texto bajo análisis incluye un artículo que sanciona a aquellas empresas que, antes de la entrada en vigencia de la ley, despidan empleados con el objetivo de que su nómina de trabajadores encaje en la clasificación de beneficiarios.

“No compartimos la lógica sancionatoria. ¿Por qué si hay un régimen de promoción, en caso de despedir a un trabajador una empresa pyme pierde los beneficios, cuando ya existe una ley que contempla un régimen de sanciones?”, preguntó Morales. “La sanción y el estímulo es el mensaje que queremos dar”, reforzó Tomada, quien aclaró que el régimen de promoción laboral votado con el primer blanqueo de este gobierno “no funcionó”.

En el medio del debate, Morales y Pichetto mantuvieron una reunión en un salón contiguo. De ese encuentro, surgió la modificación que se le incorporará al proyecto, una vez que se vote la semana próxima.

Entre 2003 y 2013 el empleo no registrado retrocedió de 49,2 a 33,5 por ciento. El Ministerio de Trabajo estima que con los nuevos instrumentos lograrán regularizar a alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años. De alcanzar estos guarismos, la informalidad podría ubicarse hacia fines de 2015 cercana al 28 por ciento. Con la sanción de este proyecto, también se votará otro que actualiza los montos de las sanciones hacia las empresas que incumplan las leyes laborales.

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