En la apertura del primer caso de trata de personas que llega a juicio oral y público en Mar del Plata, el principal imputado, Jorge Daniel Sánchez, acusado de ser el regente del prostíbulo Dulcinea –clausurado desde marzo de 2010– sostuvo ante los jueces una versión para nada creíble. “Yo les alquilaba el lugar a estas chicas”, dijo Sánchez, desentendiéndose de lo que han denunciado las víctimas, muchas de las cuales fueron traídas al país desde República Dominicana y recibidas por él, en persona, en el aeropuerto de Ezeiza. En esta primera sesión también declaró, por videoconferencia, una de las dos víctimas, ambas de nacionalidad dominicana, que pudieron escapar de la situación de explotación sexual en la que estaban y que con sus testimonios hicieron posible la investigación del caso y su llegada a juicio. Antes, en Mar del Plata, hubo condenas por trata, pero en todos los casos las penas se dirimieron en juicios abreviados, sin llegar a la etapa oral y pública.

La joven que declaró ayer es dominicana y fue la segunda que pudo escapar del calvario al que la habían sometido. Repitió todo lo que había dicho en la etapa de instrucción. La captaron a través de un vínculo familiar, la trajeron a Mar del Plata, supuestamente para trabajar “en una peluquería”. Fue sometida a una situación de esclavitud y explotación sexual. La víctima dijo que su carcelera fue Orfelina Valdez Montero, esposa de Sánchez. Otra de las presencias habituales en Dulcinea, que funcionaba en San Salvador 7274, de Mar del Plata, era Fernando Manuel Sánchez, hijo del matrimonio. Los tres, padre, madre e hijo, están entre los nueve acusados. Durante todo el tiempo que permaneció en cautiverio, no tuvo contacto con su familia.

Los otros imputados son Claudio Marcelo Campo, un policía que estaba en actividad en Drogas Ilícitas, quien les cobraba entre 300 y 400 pesos a todas las víctimas que pasaron por el prostíbulo; Angel Hernández Cabral, encargado de la “seguridad” en Dulcinea; Carmen Concepción Colas, quien estaba a cargo de la barra, y finalmente Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando, ya fallecido. Los tres actuaron, según la acusación, como requirente, apoderado y gestor de las víctimas para realizar trámites migratorios precarios y garantizar su permanencia en Argentina.

Iacovone aceptó realizar ayer su declaración indagatoria. Dijo que no tenía conocimiento de las “actividades” que se desarrollaban dentro del local de Dulcinea y aseguró que nunca cobró por los trámites realizados y que lo hizo como “un favor” a su amigo Jorge Daniel Sánchez. Como resultado de esta causa fue investigado el entonces titular de la Delegación Mar del Plata de Migraciones, Fernando Scarpatti, quien finalmente no fue imputado en el caso, aunque sí fue separado de su cargo. La chica que declaró ayer y que fue la segunda que pudo escapar del prostíbulo, llegó a la Justicia patrocinada por la Fundación La Alameda. En su declaración por videoconferencia aseguró que durante su cautiverio pudo observar, en distintos momentos, la presencia de trece policías, aunque aclaró que no se sentía en condiciones de reconocerlos en rueda de personas. Eso determinó que tuviera dudas y temor de hacer la denuncia, sobre todo en sede policial. En esas condiciones tomó contacto con personas de La Alameda, entidad que la acompañó durante todo este proceso. “Jorge (Sánchez) o los encargados nos obligaban a tener sexo como fuera. La plata la entregaban en la barra, donde se anotaba. Jorge nos descontaba por mes 300 pesos por la comida y 400 para pagarle a la policía, que avisaba cuando venían los de Migraciones”, declaró en la instrucción una de las víctimas, que fue, además, la que pudo reconocer al único policía que llegó al juicio como imputado.

Silvina Elías, de La Alameda, dijo a Página/12 que si bien “es importante haber llegado a este juicio oral en el que incluso está imputado un policía, también es cierto que podríamos llegar mucho más lejos si se reglamentara de una vez la ley de trata, que tuvo algunas modificaciones y que sigue sin ser reglamentada desde hace 28 meses. Ese es un reclamo que les hacemos a las autoridades nacionales”.