Economistas y empresarios criticaron la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y mostraron preocupación por el escenario que se abre a partir del guiño del máximo tribunal a los fondos buitre. Advirtieron que en las últimas semanas la sensación era que el revés judicial para el país era improbable, de ahí la sorpresa durante la jornada de ayer. Varios subrayaron también el precedente negativo que esto marca sobre otros procesos de reestructuración de deuda. A corto plazo, plantearon, se complica la normalización del vínculo con el mercado financiero.

Federico Tomasevich, presidente del banco de inversión Puente, entidad que se presentó en la causa como amicus curiae de la Argentina, repudió la decisión de la Justicia norteamericana. “Es un sinsentido y representa un problemón para todo el mundo financiero. En el mercado, local e internacional, definitivamente no se entiende este fallo, nadie se lo esperaba. Todo el mundo descontaba que la Corte iba a optar por generar una consulta al procurador estadounidense, ganando tiempo para que se venzan las cláusulas que impiden una negociación, y entonces Argentina podría haber negociado en forma bilateral con los acreedores. Lamentablemente eso no pasó”, resumió.

El titular de Adimra, Gerardo Venutolo, consideró que la decisión del Gobierno de despejar las dudas acerca del pago de la deuda reestructurada, que anticipó la Presidenta por cadena nacional, “es una respuesta responsable”. “La decisión de la Corte está enmarcada en un orden internacional que no tiende al bienestar del hombre, sino al privilegio de las rentas financieras que boquean el desarrollo de los países”, criticó. Los empresarios nucleados en Apyme difundieron un comunicado donde plantean que “este fallo, tan negativo para nuestro país, representa una convalidación de los privilegios de los especuladores globales por sobre el trabajo y la producción. Es un antecedente que operará como un disuasivo para quienes intenten salidas nacionales de la crisis o la reestructuración soberana de sus deudas”. Desde la Cgera matizaron que “se trata de un hecho significativo, pero que está disociado de la realidad de las pymes, cuyas necesidades pasan por otras variables”. La entidad resaltó el acuerdo de prácticamente toda la dirigencia política argentina en el apoyo a la posición del gobierno nacional.

El economista Aldo Ferrer prefirió bajar el nivel de nerviosismo. Opinó que “hay que verlo con mucha prolijidad y sin exagerar. El reclamo de los fondos buitre es el último granito de la urticaria neoliberal. Me parece que es un hecho marginal en el escenario actual, porque la realidad pasa por otros lugares, por nuestra capacidad de tener una economía que funciona, un tipo de cambio competitivo... Nuestra mejor defensa es desendeudarnos, no volver a incurrir en el error de tomar compromisos bajo legislación extranjera”.

Con otro enfoque, Dante Sica, titular de Abeceb.com, estimó que “la decisión de la Corte Suprema estira los plazos para ingresar al mercado de capitales, algo que el Gobierno estaba buscando como alternativa para paliar la restricción externa. Es decir que habrá menos posibilidades de liberar restricciones a las importaciones y para girar utilidades y dividendos al exterior”. Sica sostuvo que la mejor táctica en este momento es “tratar de ir hacia una negociación extrajudicial, aunque la Argentina está en una posición de relativa debilidad”.

El ex presidente del Banco Central Mario Blejer hizo hincapié en el efecto negativo de la decisión de la Corte más allá del caso argentino: “Esto le impide a un país soberano reestructurar su deuda. No se puede permitir que ganen estos fondos que compraron la deuda a un precio muy barato y ahora están poniendo palos en la rueda”. En cuanto al efecto sobre la economía local, consideró que “crea una situación en la cual los esfuerzos para colocar deuda a tasas razonables quedan desactivados”.

El diputado del Frente Renovador y secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, recordó que “llegamos al default no precisamente por la Argentina de los últimos años sino después de la década del ’90 y del saqueo financiero que vivimos, cuando nos endeudaron hasta la insolvencia. Los que entraron al canje, el 93 por ciento de los bonistas, cobran religiosamente todas las cuotas del compromiso asumido”. También resaltó que “lo que está en discusión es qué país del mundo va a poder reestructurar una deuda a futuro. Este no es un reclamo de las hermanas de caridad, son fondos buitre, no se trata de gente que perdió sus inversiones porque compraron bonos y después entraron en default, sino que directamente los adquirieron ya defaulteados”.

El economista Eduardo Curia dijo que “se había instalado una impresión previa de que Argentina venía sumando puntos y que decantaba un fallo que daba respiro, pero no fue así. Quedamos en una situación desairada con opciones muy apretadas. Negociar con el juez Thomas Griesa parece la solución más benigna”. En tanto, Agustín D’Atellis, de la Gran Makro, indicó que “si no se soluciona la situación, se corre el riesgo de que Estados Unidos embargue el pago que hay que hacer el 30 de junio a los bonistas que entraron al canje. La Argentina vino pagando a rajatabla todos los compromisos financieros, tiene los niveles de solvencia más altos del mundo y aun así está enfrentando la posibilidad de entrar en default. Es una locura, y todo esto por el nivel de presión que tienen los fondos buitre. Estos fondos tienen una intencionalidad política clara. Si tuvieran intención de cobrar, se abriría un marco de negociación”.

“El fallo es una mala decisión para futuras reestructuraciones de deuda. No hay dudas de eso. Por tal motivo es que otros países, como Brasil o Francia, presentaron un amicus curiae y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba también inicialmente en oposición a la decisión de la Corte”, señaló Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Cepr). Detalló que “los fondos buitre tienen un lobby poderoso. Desde 2007 destinaron más de 5 millones de dólares en el Congreso norteamericano y 1 millón de dólares sólo en 2013. En ese sentido, la decisión de no escuchar el pedido de revisión de la Argentina por parte de la Corte Suprema pudo haber sido política”.