El Gobierno solicitó al juez de Nueva York Thomas Griesa que suspendiera transitoriamente la ejecución de su fallo donde obliga al país a pagarles a los fondos buitre. La medida cautelar –explican desde el equipo económico– representa un paso necesario para habilitar cualquier negociación que permita establecer un mecanismo sustentable de pago de la sentencia. El pedido al tribunal estadounidense fue realizado ayer por los abogados contratados por el país. La presentación enfatiza la “voluntad para negociar de buena fe” pero requiere un “paraguas legal” para permitir el normal desarrollo de los pagos con el 92,4 por ciento de los acreedores mientras dura ese proceso. El objetivo es evitar un default inducido legalmente.

El reclamo del Gobierno coincidió, en simultáneo, con una orden de Griesa señalando a Daniel Pollack, abogado especializado en juicios financieros de una poderosa firma legal neoyorquina, como mediador en las negociaciones entre las partes para implementar su fallo (ver aparte). La designación del magistrado no responde a la solicitud argentina. En el Palacio de Hacienda reconocen que es improbable que el juez tome una decisión sin, por lo menos, escuchar los argumentos de los “ganadores”. Por eso, aunque puede expresarse en cualquier sentido, se espera que en las próximas horas solicite la opinión de los buitres o que sus abogados presenten un escrito por iniciativa propia.

“Necesitamos pagar en tiempo y forma el próximo vencimiento del 30 de junio y pedimos una suspensión de la sentencia para abrir un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales”, expresó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al anunciar la solicitud que fue presentada a las 14.40 por los abogados en el juzgado norteamericano. “Podría darse la paradoja de que por una sentencia judicial, que favorece al 1 por ciento, no podamos cumplir los compromisos con el 92 por ciento”, explicó el funcionario.

El pedido de medida cautelar (stay) pretende abrir una instancia de diálogo donde negociar un mecanismo de pago. Se trata de resolver la disputa legal con los acreedores que lograron el fallo favorable y establecer los parámetros para potenciales demandantes que ingresarían por la misma vía, sin violar las condiciones de pago acordadas en 2005 y 2010 con los bonistas que participaron de la reestructuración. Argentina no precisa un horizonte temporal, pero da a entender que el stay debería extenderse hasta fin de año, cuando vence la cláusula denominada RUFO (restringe la posibilidad de realizar ofertas a los holdouts en mejores condiciones que las del canje).

“Negociar sin una medida cautelar es negociar con una pistola en la cabeza”, graficaron a Página/12 desde la cartera de Economía. El escenario es incierto, pero los pasos son los necesarios, coinciden abogados especializados y funcionarios. La solicitud firmada por el letrado Carmine Boccuzzi del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton recordó al juez los recientes acuerdos alcanzados con Repsol, los miembros del Club de París y un grupo de empresas que tenían sentencias firmes contra el país en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. “Los acuerdos fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la república con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas”, recuerda al destacar el proceso de normalización de pasivos encarado luego de la crisis de 2001-2002.

Por eso, el texto redactado por el equipo económico durante el fin de semana solicita a Griesa un stay que proporcionaría “un paraguas legal para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes”. En el incierto escenario luego del revés judicial, la posibilidad de poner en marcha un canje voluntario de jurisdicción para los acreedores con bonos regidos por ley extranjera quedó relegada a la espera de la decisión de Griesa.

El fallo de magistrado obliga al país a pagar 1500 millones de dólares en efectivo a un grupo de fondos buitre encabezados por NML Capital, propiedad de Paul Singer. La sentencia del juez prohíbe a los intermediarios en Nueva York que cursen los pagos de la deuda reestructurada si el país no abona la totalidad del reclamo buitre. El Gobierno advirtió en la presentación al magistrado que el cumplimiento del fallo habilitará demandas por hasta 15 mil millones de dólares del resto de los buitres. “El total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la república excede la mitad de las reservas del país. Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población”, argumenta la presentación de los abogados.

Pero, como expresó Kicillof durante una breve conferencia de prensa, Argentina tampoco puede “ignorar la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO), que es uno de los términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014”. Pagarles a los buitres en mejores condiciones que a quienes participaron del canje “puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92 por ciento de la deuda”. Además, el pedido sostiene que Argentina se encuentra limitada por sus leyes para avanzar en ese sentido. Griesa, otra vez, tiene la pelota en su cancha.