“Muchos funcionarios en los Estados Unidos dicen que su Poder Judicial es independiente, pero no lo es de la acción de los fondos buitre, porque muestra una clara parcialidad”, sentenció ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. “Si ése es el sistema que da seguridad jurídica, confiabilidad a los inversores, es para preocuparse. Si altera un contrato en nombre de la ley, los inversores deben mirar con rigurosidad cómo funciona el sistema judicial, alguien debe decir algo”, añadió el funcionario en referencia a la decisión del juez Thomas Griesa de obstruir el cobro de vencimientos a los tenedores de deuda reestructurada. En ese sentido, resaltó que “la intimación de la Argentina (al Bank of New York Mellon y a Euroclear) es para que cada agente involucrado en el pago a los bonistas asuma su responsabilidad”. En sendos escritos, el Ministerio de Economía intimó a ambas entidades a cumplir con sus obligaciones contractuales y si no iniciará acciones legales en su contra.

El Gobierno depositó la semana pasada 832 millones de dólares en las dos cuentas del BoNY en el Banco Central para cumplir con el vencimiento del bono Discount, pero por orden de Griesa ese dinero no fue transferido a los tenedores de los bonos. Esta situación pretende forzar un default técnico del país, aunque la posición del Gobierno es que el país cumplió su compromiso de pago al hacer el depósito de los fondos y es responsabilidad de los entes fiduciarios hacer que ese dinero llegue a los bonistas. “El eufemismo de pretender considerar default técnico es una maniobra promovida por un juez de Nueva York”, dijo Capitanich.

El impedimento que encontraron los tenedores de bonos reestructurados se concentra en las emisiones bajo ley extranjera. “La legislación argentina no ha tenido ninguna limitación para el pago a los bonistas, y la legislación extranjera tiene distintos lugares de ubicación y agentes de pago, algunos de los cuales no han cumplido con su responsabilidad”, explicó el funcionario. Los representantes del BoNY reconocieron en una carta enviada a Griesa que el dinero es propiedad ya de los acreedores y no puede ser reintegrado a la Argentina, como sugirió el juez del distrito de Manhattan. Euroclear también solicitó mayor detalle a Griesa sobre el supuesto impedimento para realizar las transferencias. “Hemos dicho muy claramente que Argentina paga y, en consecuencia, estamos cumpliendo con obligaciones derivadas del prospecto de la deuda”, agregó Capitanich.

El funcionario explicó en su conferencia matinal que el país propició la reestructuración de deuda cumpliendo una serie de requisitos formales, como la presentación de un prospecto de pago y un contrato con un agente fiduciario para canalizar los fondos. “¿Qué ha decidido el juez? Ha cambiado las reglas, ha promovido claramente una colisión objetiva de derechos, en consecuencia el fiduciario también ha hecho una presentación ante Griesa respecto de esta cuestión, y la Argentina intimó a que se cumplan efectivamente los pagos”, sentenció el jefe de ministros. “Esta disquisición técnica, este eufemismo de pretender considerarlo default técnico, en realidad es una maniobra promovida por un juez, pero no por la Argentina, que ha mostrado vocación de pago y garantías en el cumplimiento de sus obligaciones”, agregó.

Capitanich se refirió también al respaldo recibido por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las diferencias que marcaron en esta posición los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Destacó las exposiciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del canciller Héctor Timerman, obteniendo un contundente reclamo vinculado con la prédica de la Argentina asociada a condiciones de negociación equitativas, justas y legales. Sobre la abstención del gobierno de Barack Obama, explicó que “no hay ninguna correlación entre el voto de Estados Unidos ante la OEA y la decisión del juez (Griesa) o eventualmente el Special Master (Daniel Pollack)”. “Aunque, en definitiva, eso marca implícitamente la posición de Estados Unidos sobre la materia”, opinó el funcionario.