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El caso de los fondos buitre contra Argentina expone las limitaciones de los gobiernos centrales para regular las finanzas globales, con Estados Unidos como protagonista principal. Cuando estalló la crisis internacional en 2008 se realizó la primera cumbre de presidentes del G-20, con las potencias desesperadas por el riesgo de una debacle global. El diagnóstico en ése y el siguiente encuentro fue que existía un problema sistémico y la manera de solucionarlo era a través de la creación de mecanismos de coordinación y de regulación para frenar el descontrol de los mercados financieros globales. Así quedó expresado en los respectivos documentos finales, críticos de la forma en que estaba funcionando el sistema mencionando especialmente el accionar de las calificadoras de riesgo. En la última cumbre presidencial se incluyó también una observación al despliegue de las guaridas (paraísos) fiscales. Hubo una promesa de impulsar reformas en los mercados financieros. Poco y nada se avanzó en ese sentido. Pese a la estruendosa crisis internacional que transita su séptimo año, precipitada por la existencia de un mercado globalizado y desregulado, cualquier intento de cambio para mejorar y aumentar la supervisión del sistema fue neutralizado. Estados Unidos ha estado acompañando la retórica reformista aunque moderando el contenido y a la vez frenando los intentos de una mayor regulación. El mismo recorrido se detecta frente al accionar de los fondos buitre, cuestionado por organismos políticos y financieros internacionales e incluso por gobiernos de países centrales. Estados Unidos reitera en ese tema su comportamiento ambiguo en el G-20, que en los hechos termina avalando el vuelo de los buitres.

En la administración Obama existen diferencias en la lectura sobre los buitres entre funcionarios del Departamento del Tesoro y del Estado. La pelea entre demócratas y republicanos en el Congreso suma ingredientes a la tensión que provoca ese tipo de fondos. Pero en la práctica, ya sea por limitaciones políticas, acorralado por la derecha republicana, o ideológicas, por el endiosamiento de las reglas de funcionamiento del mercado financiero, el gobierno de Estados Unidos no se animó a ejercer una posición firme frente a fondos de inversión especializados en litigar por deudas soberanas colapsadas.

En el documento final de los jóvenes del G-20, reunidos en la última cumbre presidencial realizada en San Petersburgo, Rusia, en septiembre del año pasado, se instaba a sus líderes políticos a incluir el tema de los fondos buitre. Propusieron condenarlos por ser un potencial peligro para futuras reestructuraciones de deudas. Estados Unidos vetó esa parte de la declaración.

En el Fondo Monetario Internacional existe mucha preocupación por el riesgo sistémico del fallo a favor de los buitres, inquietud expresada en declaraciones de su titular, Christine Lagarde, como también en documentos técnicos del organismo. El interés manifestado por el Fondo no es por simpatía hacia la Argentina, sino por las consecuencias negativas que prevé para futuras reestructuraciones de deuda. En ese organismo multilateral Estados Unidos ejerce un poder categórico en materia política. Pese a las prevenciones de sus autoridades y economistas, el gobierno de Obama le indicó al FMI que no se presente como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para respaldar la posición argentina.

Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, escribió en Página/12, el martes pasado, que “al contrario de Francia, Brasil, México y el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, el gobierno estadounidense no presentó un escrito en calidad de amicus curiae ante la Corte Suprema, a pesar de haberlo hecho en el caso de apelación. Y aquí está el gran misterio, tampoco lo hizo el FMI, incluso cuando en ocasiones anteriores había expresado públicamente su preocupación por el impacto de esa decisión”. Estados Unidos bloqueó la posición del Fondo contra los buitres.

La convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a una reunión urgente de consulta de cancilleres, que se desarrolló anteayer, fue aprobada por aclamación, para evitar la votación que hubiera tenido la abstención de Estados Unidos. La delegada de la administración Obama en la OEA, Margarita Riva-Geoghegan, señaló que el caso tramitado en tribunales de su país “es independiente del gobierno de Estados Unidos”, y que el encuentro de cancilleres no debería evaluarse como un acto de “interferencia” sobre decisiones del Poder Judicial de su país. La declaración final tuvo también la abstención de Estados Unidos.

Santiago O’Donnell, autor de dos libros sobre los Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos en el país y jefe de la sección Internacionales de este diario, facilitó al autor de esta columna los cables correspondientes al debate abierto entre los miembros del Club de París, en el cual queda expuesta en ese ámbito la posición de Estados Unidos sobre los fondos buitre. O’Donnell explica que, según cables diplomáticos originados por la embajada estadounidense en París publicados por Wikileaks, entre el 2006 y principios del 2010 los representantes de distintos países presentaron diferentes propuestas e iniciativas para regular o limitar la capacidad de los fondos buitre. Pero en todos los casos las iniciativas quedaron truncas o a mitad de camino, ya que los representantes, al evaluar los costos y beneficios, una y otra vez concluyeron con respecto a este tema que lo que más convenía era no hacer nada. El representante de Estados Unidos en el Club de París afirmó en más de una ocasión que lo mejor era mantener el statu quo.

En esos cables diplomáticos, a los fondos buitre se los denomina “acreedores litigiosos”. Como antecedente para entender el bloqueo estadounidense al FMI para ser amicus curiae, el delegado de Estados Unidos en el Club de París afirmó que de poco o nada serviría que los países integrantes de ese grupo de acreedores soberanos se presentaran en la Corte Suprema de su país con ese tipo de escritos a favor de países deudores querellados por los fondos buitre.

Hubo discusiones internas en el Club de París sobre qué decir ante el accionar de los buitres, pero no por el sobrevuelo sobre Argentina, sino sobre los ataques a los denominados países pobres muy endeudados (africanos) seleccionados para una reducción de deuda con esa entidad. Se menciona el caso del fondo buitre Donegal, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad del financista estadounidense Michael Sheehan, contra la República de Zambia, uno de los países más pobres del mundo. Ese fondo había comprado una deuda por 3,2 millones de dólares y reclamó 55 millones en tribunales británicos. Finalmente, en 2007, cobró 15,7 millones, casi 500 por ciento de ganancia, luego de que el juez inglés Andrew Smith ordenara congelar los activos de Zambia en el Reino Unido. Frente a este caso, casi todos los países del Club de París propusieron advertir sobre la “amenaza” buitre, pero Estados Unidos se opuso y el comunicado final fue bien lavado al hablar de “acreedores que no están dispuestos a reestructurar sus acreencias”.

Gran Bretaña planteó en ese ámbito, en 2009, que en su gobierno había comenzado un debate interno sobre un proyecto de ley en contra de fondos buitre. Francia se mostró interesado en la propuesta y consultó a Estados Unidos para definir una acción legal coordinada. El representante estadounidense contestó que avanzar en ese sentido traería problemas legales y políticos significativos, cerrando la discusión.

Los cables de Wikileaks del debate en el Club de París sobre los buitres reflejan que en esos países desarrollados predomina la idea de que el accionar de esos fondos es un tema complejo, que tienen herramientas limitadas para controlarlos y que, en última instancia, litigar y vender deuda en mercados de deuda forma parte del funcionamiento del sistema financiero internacional. Esto se traduce en manifestaciones de preocupación y en pronunciamientos sobre eventuales riesgos sistémicos, pero en los hechos no se hace nada para frenar a los buitres.

Weisbrot señala que la posición de Estados Unidos, en especial la que definió la abstención del FMI como amicus curiae, “puede ser la razón por la cual la Corte Suprema no haya invitado al procurador general de Estados Unidos a que presentara un escrito y finalmente haya decidido no escuchar el caso”. Si es así, la administración Obama, al igual que tribunales estadounidenses, es responsable de las consecuencias de un fallo que concentra el rechazo de países y organismos internacionales.

Esta posición de Estados Unidos permite realizar una mejor lectura de la presentación argentina desplegada el jueves último en la OEA reclamando que “la comunidad internacional actúe” ante el fallo de Griesa a favor de los buitres.

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