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La concesión del correo en manos del grupo Macri puede no durar mucho más. Néstor Kirchner tiene un borrador de decreto que dispone la rescisión del contrato y un informe que recomienda ejecutar las garantías por la deuda que la empresa acumuló con el Estado por la falta de pago del canon. Esos documentos fueron elaborados por la cartera de Julio De Vido. El Presidente ya había ordenado que se estudiaran los mecanismos legales para terminar con la concesión a los quince días de asumir el gobierno, como lo adelantó Página/12. Ahora ya está redactado un decreto de nueve carillas que le quita al padre del candidato a jefe de Gobierno la explotación del servicio, pero el Presidente esperaría a tomar una determinación hasta que pasen los comicios en la Capital.
Directivos del holding, enterados hace unos días del explosivo documento oficial, intentaron revertir la situación, encarando una negociación de urgencia con el Gobierno, pero hasta el momento no tuvieron éxito, al punto que ningún funcionario de primera línea aceptó recibirlos. La información, aportada anoche por el programa “Periodistas”, que se emite por América 2, indica que el decreto que espera la firma presidencial asegura que hubo “incumplimiento del contrato por culpa del concesionario”. La razón es que la empresa de Macri habría seguido acumulando deudas con el Estado después de presentarse en concurso de acreedores. En rigor, el no pago del canon ya era motivo suficiente para la anulación, pero el gobierno de Fernando de la Rúa prefirió negociar. Correo Argentino suspendió en 1999 los pagos semestrales por 51,6 millones de pesos a los que se había comprometido al tomar la concesión en 1997.
La empresa se presentó a concurso de acreedores en septiembre de 2001 sin regularizar su situación con el Estado. La administración de la Alianza no reaccionó, y luego Eduardo Duhalde aceptó esa situación, justificándola en que el país se encontraba en una grave crisis. El Estado es el principal acreedor de la firma, con una deuda de 257 millones de pesos declarados en la convocatoria.
El problema mayor para los Macri, que los dejaría sin defensa frente a una posible determinación del Gobierno de quitarles la concesión, es que luego del concurso mantuvieron con tozudez la decisión de no pagar el canon. De acuerdo al dictamen que la Auditoría General de la Nación elevó al Congreso en noviembre último, la deuda creció a 451 millones.
Un equipo de abogados del Gobierno elaboró el decreto que termina con la concesión. También estaría redactada el acta con que se cumpliría el trámite de intervenir la empresa. Algunos funcionarios sostienen que la decisión ya está tomada y otros afirman que Kirchner todavía no dio una orden definitiva y que eso abre espacios a una negociación.
El Banco Mundial, por su parte, habría hecho una gestión para evitar el fin de la concesión. El organismo es socio en Correo Argentino con el 5 por ciento de las acciones, a través de la Corporación Financiera Internacional, su brazo para hacer negocios con el sector privado. Además, la CFI le concedió un crédito de 60 millones de dólares. Si la empresa regresa al Estado, el Gobierno lanzaría una licitación para volver a concesionarla.