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Los represores Luis Jorge Arias Duval, Julio César Bellene y Jorge Granada, ex miembros del Batallón de Inteligencia 601 que estuvieron prófugos durante un año, fueron procesados por la desaparición de quince militantes montoneros que regresaron al país en 1980. El juez federal Claudio Bonadío también amplió las prisiones preventivas de otros ocho detenidos. En la misma causa están presos los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, que serán procesados en los próximos días.
Los tres militares cuyas prisiones preventivas se dictaron ayer tenían pedido de captura desde julio del año pasado, cuando Bonadío ordenó el arresto de 44 represores, entre ellos el fallecido dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason.
Bellene, que fue subjefe del Batallón 601, fue detenido el 19 de junio pasado, cuando se presentó en el Hospital Militar para ser atendido por un problema cardíaco. Arias Duval fue ubicado gracias a una pesquisa del juzgado y el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la policía. Un día después fue arrestado Granada. Por encubrir a estos últimos dos represores el juez procesó al ex comisario Luis Patti, quien reconoció que había ayudado económicamente a Granada.
Arias Duval fue jefe de la central de reunión del 601 y Granada un oficial de esa dependencia en la que se juntaba la información obtenida bajo tortura y se decidían los nuevos operativos, es decir, los secuestros. Cuando fueron interrogados por Bonadío, los tres acusados intentaron desvincularse de las desapariciones. Bellene argumentó que la central de reunión dependía directamente del jefe del batallón y que, en consecuencia, él no sabía nada. “¿Y cuando el jefe no estaba?”, le preguntó el juez. El acusado trastabilló pero siguió negando su participación en los hechos.
Como al resto de los presos en esta causa –en la que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– Bonadío procesó a Arias Duval, Granada y Bellene por formar parte de una asociación ilícita, apremios ilegales, reducción a la servidumbre y privación ilegal de la libertad de Verónica Cabilla, Angel Carabajal, Matilde Adela Rodríguez de Carabajal, Jorge Oscar Benítez, Angel Servando Benítez, Lía Mariana Guanciroli, Raúl Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Ernesto Emilio Cardozo, Marta Elina Libenson, Julio César Genoud, Angel Horacio García Pérez, Miriam Antonia Fuerichs, Mónica Pinus y Horacio Campliglia. Los trece primeros fueron secuestrados poco después de entrar a la Argentina en febrero de 1980. Pinus y Campliglia desaparecieron el 12 de marzo del mismo año en Río de Janeiro.
Bonadío también fijó a los acusados embargos que van desde los dos millones y medio de pesos a los tres millones setecientos. Además, amplió la prisión preventiva de Pascual Guerrieri, Waldo Roldán, Carlos Fontana, Antonio Simón, Julián Marina, José Pereira, Julio Héctor Simón y Juan Carlos Gualco.
La Cámara Federal había bajado las imputaciones de estos ocho represores a cinco desapariciones porque parte de la información usada por el juez en la causa surgía de un documento de inteligencia cuya procedencia es desconocida. Luego de tomar declaraciones testimoniales y comparar los papeles con otra documentación, Bonadío consideró revalidado el informe y volvió a procesar a los acusados por quince secuestros.
En esta misma causa y por los mismos hechos, Bonadío arrestó y procesará en los próximos días a Vaca Narvaja y Perdía. El juez también ordenó el arresto de Mario Roberto Firmenich, quien vivía en Barcelona y hasta ahora se mantiene prófugo.
Bonadío considera que los jefes montoneros fueron partícipes de las desapariciones de los militantes que regresaron al país en 1980 y fueronsecuestrados por los miembros del Batallón 601. Según reveló un funcionario judicial, el procesamiento de Vaca Narvaja y Perdía se basará en que los jefes de la organización crearon un “riesgo especial” (más que el aceptado en una situación normal) para las personas que formaron parte de la contraofensiva de 1980 y que como consecuencia “usurparon la libertad” de las víctimas.
La cuestión central no sería que la conducción montonera dispusiera el regreso de las personas al país desde el exterior, sino las condiciones en que lo hizo. Es decir, que las mandara a buscar las armas a un guardamuebles, donde habían sido dejadas meses atrás. El magistrado señalaría que, debido a la cantidad de desapariciones de militantes montoneros que se habían producido a fines de 1979 y conociendo los métodos para obtener información de los represores, los jefes de la organización tenían que saber que las Fuerzas Armadas estaban esperando a las víctimas para secuestrarlas.