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La Legislatura porteña tiene en sus manos el primer juicio político contra un integrante de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del asesor general tutelar (una especie de jefe de los defensores de menores), Roberto Cabiche. Está acusado de haber arrebatado ilegalmente sus principales facultades al asesor tutelar encargado de resolver situaciones urgentes que afectan a menores e incapaces con el argumento de que no se puede “judicializar la pobreza”. Esta situación entorpece las posibilidades de resolver rápidamente casos de emergencia habitacional, falta de medicamentos, alimentos y hasta traslados hospitalarios imperiosos.
El proceso de remoción contra Cabiche ya fue aprobado por unanimidad por la Legislatura y avanzará después de la segunda vuelta electoral porteña, cuando reanude sus reuniones la sala acusadora constituida especialmente para abordar e investigar este tema.
Una de las imputaciones planteadas contra el asesor general del Ministerio Público es haberle recortado al asesor Gustavo Moreno sus atribuciones –como plantear amparos ante la Cámara de Apelaciones– para defender ante la Justicia a niños pobres y personas insanas que están desprotegidos. Cabiche dispuso que Moreno debe consultarlo en cualquier medida que quiera tomar o acción que quiera iniciar. Además, le prohibió vincularse institucionalmente con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y con el Consejo de la Magistratura porteño.
Los legisladores interpretaron que Cabiche, con sus decisiones, afectó los derechos de los niños y los procedimientos disponibles para defenderlos, que lo hizo asumiendo funciones legislativas, que violó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y coartó la independencia de acción de un magistrado. Por eso impulsaron su juzgamiento. Pero tuvieron en cuenta un tema más: “El asesor general se postuló en las últimas internas radicales para convencional nacional por la lista de Gabriela González Gass (titular de Desarrollo Social de la ciudad) a pesar de que su cargo en el Poder Judicial se lo impide”, explicó a Página/12 la diputada Beatriz Baltroc, actualmente en el PRD, que lidera Miguel Bonasso.
En la Legislatura, en la mayoría de los bloques, vinculan la iniciativa de Cabiche con la actitud de Moreno de avanzar permanentemente en reclamos sensibles y garantistas. Por ejemplo, reveló y pidió solución a casos de desnutrición infantil en el ámbito de la ciudad, reclamó para un sinfín de menores mejores condiciones de vivienda, intervino antes del desalojo del ex Padelai pidiendo que se garantizara previamente una vivienda digna a la gente y hasta reclamó la construcción de una escuela para los niños de la villa de Ciudad Oculta.
En una resolución, del 12 junio, Cabiche dispuso que para “la solución de conflictos sociales de naturaleza estructural” hay que buscar “vías alternativas” a los tribunales. A su entender, no se debe “judicializar la pobreza de base estructural”. Desde entonces, según documentación con que cuenta la Legislatura, lleva desistidos por lo menos doce casos elevados por el asesor Moreno. “Esto es muy grave, a veces lo que está en juego es la provisión de medicamentos indispensables, la vida de personas”, sostuvo la diputada Baltroc, una de las impulsoras del juicio político, junto con legisladoras como Vilma Ripoll (Izquierda Unida) y Alicia Pierini (PJ).
Moreno le planteó a Cabiche un recurso de reconsideración de lo resuelto, señalando que era “irrazonable e infundado”. Es cierto, sostuvo, que “cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas públicas”, pero ante situaciones de emergencia por incumplimiento de los programas sólo la “revisión judicial” permite aplicarlos. El asesor tutelar general confirmó su postura en una segunda resolución pese a que la Legislatura ya había aprobado sobre tablas el proceso de remoción. Incluso fue más lejos y promovió el enjuiciamiento de Moreno, que en este caso tramita el Consejo de la Magistratura por tratarse de un funcionario que llegó a su cargo por concurso. Cabiche, en cambio, fue nombrado por Fernando de la Rúa, cuando era jefe de gobierno porteño. González Gass, por su parte, elevó días atrás una queja contra Moreno por supuesto maltrato contra dos funcionarias de la Dirección de la Niñez.
Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales firmó ya dos declaraciones desde que se desató este conflicto pidiendo “que la asesoría tutelar recupere sus facultades”. Sostuvieron que “es arbitrario achacar a quien debe velar por el cumplimiento de la Constitución y por la concreta vigencia de los derechos Humanos, supuestas actitudes litigiosas y tendencia a judicializar la pobreza estructural”. Firmaron el Centro de Estudios Legales y Sociales, Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia, Poder Ciudadano, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.
Por ahora la Legislatura no tiene plazo para expedirse, aunque si decide suspender a Cabiche contará con cuatro meses para juzgarlo.