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Pese a la demora en el anuncio formal del acuerdo con el FMI, distintas fuentes de máxima jerarquía del Gobierno, tanto del Ministerio de Economía como de la Casa Rosada, insistieron ayer en que el convenio ya es un hecho y que sólo restan definir “cuestiones secundarias”. Así explicaron que la misión del Fondo Monetario haya postergado su regreso a Washington y permanezca hasta pasado mañana en Buenos Aires. Sin embargo, persisten diferencias importantes en un punto: cómo figurará en el acuerdo la situación de las privatizadas. Néstor Kirchner volvió a mostrarse inflexible, al declarar que “no aceptaremos ningún cronograma que menoscabe la dignidad de los argentinos”.
Desde Comodoro Rivadavia, el Presidente mantuvo su estilo confrontativo, que causó alguna sorpresa cuando la versión oficial en ese momento era que el anuncio del acuerdo era inminente. Kirchner recriminó al FMI por presionar por una suba de tarifas: “No tienen que estar haciendo lobby para determinados grupos de empresas”. Y para que no quedara ninguna duda, ratificó que no avalará “compromisos de aumentos de tarifas”. La misión del Fondo habría aceptado utilizar alguna expresión ambigua para indicar que el Gobierno asegurará el normal desempeño de las privatizadas. Lo que faltaría es que las máximas autoridades del organismo den el visto bueno final a esa fórmula.
Para ello, sería necesario que Roberto Lavagna o incluso Kirchner mantengan una conversación con el director gerente del Fondo, Horst Köhler, que daría cierre a las negociaciones. Mientras tanto, el Gobierno debe convivir con algún grado de ansiedad. Un interrogante que permanece abierto es cuál será su actitud frente al vencimiento de 3000 millones de dólares con el FMI del próximo martes. La respuesta dependerá de lo que ocurra en las próximas horas. Si por algún motivo inesperado surgiera alguna duda sobre la firma del acuerdo, Kirchner dispondría guardar las reservas hasta que las diferencias se resuelvan. De todos modos, los informantes oficiales descartan una situación semejante. Su evaluación es que el convenio quedará sellado pasado mañana o el martes y entonces se enviará el dinero a Washington.
Lavagna volverá a encontrarse hoy con los encargados de la delegación del FMI, John Dodsworth y John Thornton. Kirchner seguirá la evolución de los acontecimientos desde Santa Cruz, de donde tiene previsto regresar mañana. Pero sus definiciones son claras. Ayer sostuvo que “cualquier acuerdo tiene que servir como puente para consolidar el proceso de reactivación que está viviendo la Argentina, con crecimiento del empleo, el consumo, las exportaciones y el PBI”. Dentro de ese marco conceptual consideró “razonable” la meta de un superávit fiscal equivalente a 3 puntos del PIB para el próximo año. “No queremos caer en lo que le pasó a Fernando) De la Rúa y (a su ministro de Economía, José Luis) Machinea” que después de asumir difíciles obligaciones no pudieron cumplir con las metas fijadas.
El Presidente dio más pasos en la confirmación de noticias entregas el día anterior en forma extraoficial por algunos de sus colaboradores. Por ejemplo, Kirchner manifestó que las metas fiscales para los años 2005 y 2006 “deben quedar abiertas para que se analice el crecimiento de la pobreza, la inversión pública y las relaciones con los acreedores”. “En ese contexto –completó– se debe fijar el superávit fiscal que puede subir, bajar o quedar igual.”
A fines del próximo año habrá una nueva ronda de negociaciones para llenar los espacios que ahora quedan en blanco. Esa fórmula permitió destrabar las negociaciones, debido a que el Gobierno rechazó la demanda de profundizar el ajuste a través de los años. Para los economistas de la city, esa solución le restará trascendencia al acuerdo para encarar la reestructuración de la deuda.
Por otra parte, Kirchner también confirmó que el Gobierno “no va a pagar deudas de capital (con los organismos internacionales), sino sólo de intereses que son 2300 millones de dólares y que pagaremos en tres años a 700 millones por año”. El acuerdo en este punto, en la meta fiscal y en la postergación de las pautas fiscales para 2005 y 2006 es lo que permite al Gobierno afirmar que el entendimiento está al alcance de la mano. De aquí al martes se verá si las diferencias por la evolución de las tarifas son menores o si pueden representar un problema mayor, como mencionan economistas vinculados a las privatizadas y los bancos.
“El Gobierno renegociará los contratos caso por caso. No es lo mismo la situación de una telefónica que de una empresa eléctrica o de gas. Cada situación merece un estudio particular. Y mientras tanto no asumiremos ningún compromiso de aumentar las tarifas”, insistió un funcionario con despacho en Casa Rosada en diálogo con Página/12.
Los gobiernos de Francia y España son los que están ejerciendo mayor presión para que se “actualicen las tarifas”. Varias empresas de esos países tienen fuerte participación en la explotación de distintos servicios públicos. Alemania e Italia, en cambio, pusieron el eje en el superávit fiscal, ya que miles de sus ciudadanos esperan recuperar sus ahorros invertidos en títulos argentinos en default. El gobierno de Estados Unidos, en tanto, quiere evitar que Argentina vuelva a profundizar su crisis, en un escenario donde Brasil ya está en recesión. De allí que en este momento sea el que más empuje en favor del acuerdo.