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Las audiencias que convoca el juez Thomas Griesa están perdiendo atractivo porque se han convertido en el canal de respuesta de los fondos buitre a la defensa política del gobierno argentino. Griesa no decide nada de los temas pendientes a partir de requerimientos de terceros afectados. La audiencia de ayer estuvo motivada por los avisos legales publicados por Argentina en diarios nacionales y del exterior. Griesa amenazó con el desacato del país, sin precisar si involucra a toda la población o si deja fuera a los colaboracionistas locales de los buitres; afirmó que “Argentina debe dejar de engañar y decir que pagó”, cuando él mismo autorizó pagos y demuestra que ni leyó el prospecto de emisión de los bonos del canje y el contrato con el fiduciario (Bank of New York); y se quejó de las opiniones y solicitadas del Gobierno. Griesa ya dictó su extravagante sentencia y si ahora quiere responder a las declaraciones políticas de funcionarios del Gobierno tiene la posibilidad de escribir un editorial en La Nación que probablemente se la publicará con entusiasmo.

Con su fallo y sus confusas audiencias, Griesa favorece los intereses de los fondos buitre, provocando situaciones insólitas que impactan negativamente en la seguridad jurídica de la plaza financiera de Nueva York. Las más relevantes son las siguientes:

1. Un juez de Nueva York impide el pago de bonos emitidos por Argentina denominados en euros, bajo jurisdicción de la ley inglesa, pagaderos por un banco de Luxemburgo a bonistas con domicilio en Bélgica.

2. La orden para cumplir la sentencia a favor de fondos buitre afecta derechos de terceros (bonistas del canje).

3. Esa sentencia involucra a una entidad financiera (Bank of New York Mellon) ajena al litigio para bloquear el pago de vencimientos de deuda reestructurada.

4. Hace lo mismo con otras encargadas de distribuir también ese dinero entre bonistas del canje: JP Morgan, Euroclear, Clearstream y Citibank.

5. La situación del Citi reúne una particularidad: una sucursal de sociedad extranjera (Citibank Argentina) inscripta en el país conforme los términos del artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y autorizada por el BCRA para operar dentro del sistema financiero argentino, siendo una entidad de derecho privado, sujeta a las normativas y regulaciones de las entidades bancarias operantes en Argentina, le pide permiso a un juez de Nueva York para girar el dinero a los bonistas.

El comportamiento del Citi Argentina es insólito por el doble estándar que ha aplicado para definir sus acciones financieras en el país. En este caso responde a órdenes de Griesa, como si la filial local tuviera inmunidad diplomática y fuera estadounidense. En cambio, cuando se desplegó el corralito, una de las grandes estafas a los ahorristas, el Citi Argentina afirmó que su casa matriz no se hacía responsable de la devolución del dinero retenido de los inversores que confiaron en el respaldo de ese banco extranjero. Después de esa violación a la confianza del inversor, el Citibank empezó a aclarar que las obligaciones de su sucursal local “resultantes de sus operaciones son pagaderas en Argentina y únicamente con los activos de la sucursal de Citibank N.A. en Argentina”, según la Ley 25.738 y Comunicación “A” 3974 del BCRA. Pese a que esa situación es explicada por el mismo banco en el Documento de Disciplina de Mercado, de marzo de 2014, exigido por el Banco Central, donde debe divulgar en su página web la información básica vinculada con el riesgo, estructura y gestión, ha solicitado instrucciones a Griesa sobre cómo proceder con el pago de los intereses de los bonos argentinos del canje sujetos a ley y jurisdicción argentina.

Es otra extravagancia más derivada del juicio buitre que el Citibank en Argentina decida según las circunstancias que es una filial local sin responsabilidad de su casa matriz (durante el corralito) o una sucursal argentina que tiene que proteger a su sede central por la orden de un juez estadounidense.

Tribunales de primera y segunda instancia con jurisdicción en Wall Street han promovido un evento financiero inédito con esas extrañas consecuencias para beneficiar a un grupo de fondos buitre. Consagraron el privilegio de unos acreedores sobre otros estrujando el principio pari passu (igual trato), abordaron el caso como si fuera un contrato entre dos sujetos privados cuando una de las partes es un Estado soberano, afectaron derechos de terceros (bonistas del canje), involucraron a una entidad financiera ajena al litigio (Banco of New York Mellon) para bloquear el cobro del dinero del vencimiento de bonos pagado por el deudor. Son todos hechos que han puesto bajo cuestionamiento a Nueva York como una plaza financiera segura.

En los años de expansión de la globalización dominada por las finanzas, organismos multilaterales de crédito, grandes bancos internacionales y las potencias mundiales han recomendado a las denominadas economías emergentes brindar seguridad jurídica a inversores extranjeros para ser beneficiadas de la afluencia de capitales. Ese concepto en el ámbito de las normas legales consiste en garantizar la certeza del derecho a empresas e individuos de modo que su situación jurídica y patrimonial no fuera alterada por leyes, normas administrativas o fallos judiciales. En ese sentido, la seguridad jurídica está vinculada con la previsibilidad de las decisiones de los diferentes poderes del Estado.

Esta es la melodía monocorde que repiten políticos y empresarios conservadores respecto de la Argentina. El concepto de seguridad jurídica fue aplicado en su máxima expresión en beneficio de multinacionales y acreedores externos en la década del noventa. En esos años se sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras equiparándola a las nacionales. Se firmaron Tratados Bilaterales de Inversión con más de medio centenar de países que establecen como tribunal competente uno dependiente del Banco Mundial (Ciadi) en caso de litigios por cualquier cambio en la política económica, por ejemplo la desdolarización de tarifas. También se resignó la jurisdicción local a favor de la de Nueva York en la emisión de bonos de deuda.

La plaza financiera de Nueva York no ofrece hoy seguridad jurídica por la imprevisibilidad de las decisiones del Poder Judicial estadounidense.

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos tiene la posibilidad de recuperar la credibilidad del centro financiero mundial para cobijar la emisión de deuda soberana. Pese a la soberbia de los promotores de la ignorancia, que arremetieron contra el ministro Axel Kicillof por reclamar la intervención de la administración Obama, existen antecedentes en ese sentido: el presidente George W. Bush bloqueó la incautación de bienes del Congo-Brazzaville en Estados Unidos por parte del fondo buitre de Paul Singer invocando que esa acción estaba interfiriendo con la autoridad exclusiva del presidente para dirigir la política exterior. Es lo que tiene que informar Barack Obama al juez Thomas Griesa para detener el castigo a la plaza financiera de Nueva York.

Es lo que ha reclamando Kicillof. La intervención de Obama no estaría motivada entonces por un caso judicial que condena a la Argentina, sino fundamentalmente para preservar la seguridad jurídica de la meca financiera global. El fallo Griesa ha alterado el supuesto de que en Nueva York existe una mayor protección a inversores extranjeros ante imprevistos normativos o de discrecionalidad de jueces. No fue en Buenos Aires, sino en Nueva York donde los bonistas no pueden cobrar. Aquí están recibiendo sus dólares sin problemas. La mayor seguridad jurídica de Nueva York sobre la de Buenos Aires ha quedado herida por el fallo Griesa. Los inversores con bonos de deuda emitidos bajo legislación argentina hoy están más seguros que los que se rigen bajo jurisdicción neoyorquina.

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