La AFIP realizó ayer 46 allanamientos simultáneos para desbaratar una banda que colaboró en facturar de manera ilícita unos 500 millones de pesos. El operativo finalizó con la detención de los siete integrantes de un grupo calificado por el organismo recaudador como una “asociación ilícita fiscal”, que tenía una cuenta no declarada en Hong Kong por 10 millones de dólares. Pero el tema no termina ahí. Hay unas 200 empresas, entre las cuales se incluyen firmas líderes, que utilizaron esas facturas truchas para evadir al fisco. En esos casos, la AFIP está definiendo el monto total adeudado, además de la causa penal que fue abierta.

El esquema de negocios del grupo delincuente era el siguiente: la banda adulteraba todo tipo de documentos públicos, como estatutos y documentos de identidad, con el objetivo de dar ante el Estado apariencia de formal a 64 empresas “de servicios”. Eran en realidad firmas truchas, sin empleados y con documentación falsa y facturas apócrifas. Las maniobras comenzaban con el robo de documentos para falsear identidades. Luego la banda se presentaba en los organismos públicos con escrituras falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados.

Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados y la solicitud de créditos sin cancelar ante los bancos, presentando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores truchos y, de este modo, solventar un patrimonio societario inexistente, informó la AFIP.

De ese modo, la banda mantenía en pie a 64 empresas truchas que facturaban a empresas reales de servicios varios tareas de construcción y de publicidad, entre otras. La banda cobraba por eso una comisión y las empresas reales podían entonces evadir impuestos al fisco. Por ejemplo, la empresa falsa de servicios de publicidad emitía a una empresa real una factura trucha por 100 mil pesos. Recibía por eso 10 mil pesos, mientras que la firma real quedaba con IVA a favor y anotaba egresos (para pagar menos Ganancias) por 100 mil. Hay unas 200 compañías reales involucradas. Y no se trata de empresas vinculadas al bajo mundo, sino que en muchos casos, según pudo averiguar este diario, hay “firmas líderes”. La evasión total calculada por ese mecanismo llega a los 500 millones de pesos.

La investigación comenzó cuando los agentes de la AFIP de la Dirección Regional Oeste detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus declaraciones juradas. A partir del cruce de información, encontraron que existía adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades.

Se realizaron 46 allanamientos simultáneos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. A partir de la denuncia del organismo recaudador, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional Nº3 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas, ordenó a la Prefectura detener e incomunicar a los siete integrantes de la banda, a los cuales durante la jornada de hoy se les tomará indagatoria. Están el cabecilla y su esposa, el contador del grupo, el imprentero, un abogado del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que habría facilitado documentos falsos, el encargado de conseguir los negocios ilícitos y una persona que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos. La banda tenía una cuenta no declarada en Hong Kong por 10 millones de dólares que la AFIP intentará dejar inmovilizada en las próximas horas.

Otro grupo de los allanamientos se concentró sobre las gerencias comerciales de las empresas reales que contrataban los “servicios”. “Las empresas reales no podían no saber que contrataban a empresas truchas. Esas firmas fantasma no tienen empleados ni capacidad de producción de ningún tipo, pero, aparte, las compañías reales no pagaban el valor de la factura, sino sólo la comisión para la banda. De ese movimiento, clave en la operatoria, encontramos también documentación”, explicaron fuentes judiciales a Página/12. Es decir que ni la AFIP ni la Justicia dudan de la complicidad de las firmas reales en la operatoria delictiva.

“¿Quiénes tejen las relaciones con las empresas truchas?”, preguntó este diario. “No lo sabemos. Puede ser el contador, algún gerente, el dueño o un empleado”, fue la respuesta. De todas formas, la AFIP suspendió preventivamente los CUIT de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF). También el organismo está en proceso de cuantificar la deuda fiscal, mientras avanza en el juzgado la denuncia penal. En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisas. Además, estuvo la Prefectura Naval Argentina y el grupo Albatros.