Un total de 165 compañías de todo el país estrenaron ayer el Repsal, el listado de empleadores con sanciones laborales. Los nombres de las empresas infractoras fueron incluidos en un registro público por emplear en forma irregular a 702 trabajadores. Se trata, fundamentalmente, de firmas constructoras, prestadoras de servicios de salud y comercios minoristas. El Repsal forma parte del paquete de leyes sancionadas este año para combatir el núcleo duro de la informalidad laboral que contempla también incentivos económicos para facilitar la registración en los microestablecimientos. A pesar de las mejoras observadas a lo largo de los últimos once años, la tasa de empleo no registrado alcanza al 33,1 por ciento de los asalariados, un nivel históricamente elevado. Con las nuevas herramientas, el Gobierno estimó que el empleo no registrado descenderá alrededor de 5 puntos porcentuales para llegar al 28 por ciento a fines de 2016. El ambicioso objetivo requiere lograr la formalización de 650 mil asalariados durante los próximos dos años.

Los datos del Ministerio de Trabajo evidencian que los empresarios infractores hasta ahora no se sentían amenazados por la inspección laboral: reincidían en el no registro de los trabajadores y la mayoría de las veces eludían el pago de las multas. El Repsal constituye un mecanismo de disuasión y sanción al dejar en evidencia a las firmas precarizadoras, pero también incrementa el costo de utilizar a esas prácticas. Durante la permanencia en el listado –el plazo mínimo son 60 días– las firmas no pueden conseguir financiamiento del sector público, acceder a nuevos subsidios y, quienes reincidan, tampoco pueden descontar Ganancias por sus asalariados. La vigencia del Repsal dependerá de las acciones de fiscalización que lleven adelante los diferentes organismos de control por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas.

La mitología económica que nutre el discurso empresario asocia la informalidad al elevado costo fiscal de la registración para las unidades productivas de baja escala. Si bien 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, un 40 por ciento de los asalariados no registrados en Argentina (1,1 millón de personas) son empleados en compañías medianas y grandes. “Todavía hay mucho trabajo no registrado en empresas legales con niveles importantes de rentabilidad. No es una cuestión sólo del comercio marginal. Quienes no registran quitan derechos”, señaló a Página/12 el subsecretario de Planificación de Políticas Sociolaborales, Sebastián Etchemendy.

Los primeros datos vertidos en el Repsal fortalecen la refutación del difundido argumento neoliberal: el 63 por ciento son empresas que declaran ante el sistema integrado previsional argentino entre 17 y más de 600 trabajadores. Las fiscalizaciones de la cartera laboral que se concentraron en ese segmento de firmas detectaron casos de no registración (al menos un asalariado en situación irregular) en empresas como Supermax, una cadena supermercadista correntina con más de 600 trabajadores declarados, la clínica Imagmed en Lanús y la firma pesquera santacruceña Empesur, en las que se desempeñan más de 250 personas; la fabricante de tubos de PVC Plastifierro, con casi 200 empleados, y la constructora Eminco, donde trabajan alrededor de 160 individuos.

En la web www.repsal.gob.ar se pueden consultar los datos de los empleadores con sanciones firmes que no regularizaron la infracción o aquellos que lo hicieron pero permanecen mientras transcurre el plazo establecido en la ley. La estadía mínima son 60 días y la máxima asciende a tres años. La presencia en la lista impide a los empleadores acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. También los deja afuera de líneas de crédito de bancos públicos. A su vez, quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.

A partir de ayer las empresas pueden solicitar gratis y en tiempo real un certificado para corroborar que no arrastran sanciones en el Repsal. A lo largo de los próximos meses ese certificado comenzará a ser requerido para acceder a los diferentes beneficios, licitaciones públicas y líneas de crédito como el Fondear. El listado será actualizado en forma diaria para incorporar las empresas sancionadas por trabajo no registrado y por infracciones a leyes aplicadas por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.