A partir del próximo mes de enero, y casi a lo largo de todo el semestre, se convocará a distintos foros a lo largo y ancho del país para debatir la formulación de una ley federal para la economía solidaria, que reemplace y amplíe los alcances de la actual ley de cooperativas y la ley de mutuales, promulgadas en 1972. El propósito, por demás ambicioso, es “poder alcanzar una ley programa, que recoja las experiencias participativas y posibilite consolidar la construcción de un modelo que surgió y se desarrolló luchando contra los monopolios, y que demanda que el Estado le reconozca su espacio y lo proteja”, según describió Patricio Griffin, titular del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), uno de sus promotores. “El modelo socioeconómico que se desarrolló en estos años no va a ser posible de aquí en más si no encontramos formas de convivencia entre la economía social, el sector público y el sector privado”, afirma Griffin, que agrega que “en la construcción de este proyecto de ley se definen nuestros próximos 15 o 20 años”.

Griffin no juega solo la partida. Además de que espera contar con una participación activa de todo el movimiento cooperativo en estos meses, en los que el proyecto se abra a la discusión, ya recibió el respaldo explícito de Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, que lo acompañó en el lanzamiento de la propuesta hace poco más de una semana. Tanto el ministerio como el Inaes respaldaron en los últimos diez años la construcción de una economía solidaria fuerte y articulada, aunque en un camino que estuvo plagado de dificultades y, también, de limitaciones de orden legal para poder cumplir su objetivo.

“Las dos leyes, que son de la etapa final de la dictadura de 1966 a 1973, presentan una serie de obstáculos para que el Instituto pueda controlar el fraude que muchas veces se comete utilizando las figuras de mutuales o cooperativas. El Inaes cuenta con todas las facultades de administración de los dos sistemas, cooperativista y mutualista, pero no para intervenir en casos graves de uso de las entidades para otros fines. Por ejemplo, para distintas formas de fraude laboral, cuando alguna empresa adopta la forma de cooperativa de trabajo para utilizar personal que no declara y al que no le aporta como corresponde. O para el fraude fiscal, cuando se arman entidades cooperativas o mutuales para el descuento de cheques u otro tipo de transacciones financieras. Hoy, aunque a través de los mecanismos de fiscalización lo detectemos, no podemos actuar directamente para poner fin a estas prácticas”, se quejó Griffin, anticipando uno de los aspectos en que hará eje el cambio del régimen legal: el fortalecimiento en la acción de control e intervención del Estado.

Otro de los ejes del proyecto es legislar sobre el derecho de las cooperativas y mutuales a gozar de los beneficios fiscales que reciben, por ejemplo, las empresas extranjeras cuando se radican. “Hoy nos parece normal que cuando viene una empresa del exterior a radicarse se le otorguen exenciones impositivas por cinco años, se le cedan tierras fiscales para instalarse y otros beneficios. Si, en cambio, se constituye una cooperativa o mutual para crear un establecimiento productivo, nadie imagina que pueda recibir nada de eso”, ejemplificó Griffin.

El sector de la economía social tuvo un destacado desarrollo en la última década, pero ahora reclama una estructura legal que permita su consolidación. Los rubros en los que tiene mayor presencia son el agrícola (“el cooperativismo agrario se mantuvo”), el de seguros (“nueve de las quince principales aseguradoras del país son cooperativas o mutuales”) y el de servicios públicos (“tenemos 970 cooperativas de servicios que permiten que en 650 ciudades del país la población esté atendida por empresas que están plenamente en sus manos, y no tienen cortes de luz en verano”). Pero, como indica Griffin, “prácticamente no hay sector económico en el que no haya una presencia, mayor o menor, de alguna forma de economía solidaria”. Los desarrollos más recientes corresponden al del espacio audiovisual, de la mano de la ley de medios, pero también en las ramas de radios y diario.

Pero también hay muchos emprendimientos cooperativos nacidos de la crisis de firmas privadas, convertidas en empresas recuperadas. En esta franja es donde aparecen los puntos más vulnerables del sector. “Vamos a trabajar en una propuesta de intervención más activa del Estado en casos de quiebras, en las que por lo general el propio Estado suele ser el acreedor principal, pero consolidando las deudas con los distintos organismos: AFIP, Anses y otras reparticiones. La propuesta es que el Estado esté obligado a unificar la acción de todas ellas y privilegie, en su intervención en la quiebra, la continuidad laboral y de la actividad, además de la recuperación del crédito del sector público.”

Este grado de participación lleva a pensar que la economía social ya dejó de ser una solución transitoria, para pasar a constituir un modelo de producción indispensable en un sistema mixto de desarrollo. “Hoy está la posibilidad de consolidar un proyecto nacional con una participación de la economía pública, la privada y la social en partes iguales: 33 (por ciento), 33 y 33. Un modelo socioeconómico como el que se desarrolló en estos años no va a ser posible si no encontramos formas de convivencia entre ellos.”

Griffin asegura que el proceso de construcción de este nuevo cuerpo legal no será una imposición sino que tendrá participación del mutualismo y cooperativismo. “Hay experiencia y hubo un fortalecimiento de las organizaciones del sector, y hay conciencia de que hacen falta cambios para que el Estado lo contemple como un actor distinto de la empresa privada. Es un paso para consolidarse como fuerza social y para que el Estado le reconozca ese lugar.”