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El Gobierno anunció un nuevo esquema de subsidios a las garrafas sociales. A partir de ahora, las transferencias de recursos serán para la demanda, es decir, los hogares vulnerables que no tengan acceso a la red troncal de gas. Todos los meses se depositará en las cuentas de los beneficiarios la diferencia entre 20 pesos, que es lo que debe pagar la persona, y el valor de mercado. Los interesados deberán inscribirse en la Secretaría de Comercio Interior. Serán 2,5 millones de viviendas que recibirán el subsidio de manera directa.

“En 2008 lanzamos el programa de garrafa social para todos, el programa funcionó al principio y luego hubo distorsiones: se armó un submundo comercial donde finalmente los que más lo necesitan menos lo reciben. Decidimos redireccionar el programa”, sostuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras un relevamiento del Ministerio de Economía, se detectó que, de los 4,5 millones de hogares que accedían al precio subsidiado, sólo 2,5 millones eran familias carenciadas que tienen real necesidad del beneficio. En total, el Estado aportará 3000 millones de pesos para los subsidios.

En este nuevo esquema, el Ministerio de Economía trabajará en conjunto con la Anses, que aportará la logística para que los recursos sean depositados en la cuenta bancaria de los beneficiarios. El costo de las garrafas de 10 kilos para el beneficiario será de 20 pesos. Aquellos que estén en la zona norte y centro del país, con hogares compuestos de hasta cinco personas, recibirán un subsidio por año de 1232 pesos, que les permitirá adquirir 16 garrafas. En el caso de hogares con más de cinco habitantes, el subsidio será de 1540 pesos, lo que les permitirá comprar hasta 20 garrafas. En la zona de la Patagonia, los hogares con cinco habitantes recibirán una transferencia de 1540 pesos, que les permitirá adquirir hasta 20 garrafas, y para los hogares con más habitantes, los recursos serán de 1848 pesos, equivalentes a 24 garrafas.

Desde 2003 el Estado Nacional inició una política para garantizar el acceso a la energía al conjunto de la población. En 2005 se sancionó la Ley 26.020, que estableció un régimen regulatorio de la industria y comercialización de GLP y en 2008 llegó el primer plan de garrafas sociales, que establecía un subsidio a la oferta. Ahora la Secretaría de Energía, la Anses, Enargas y los municipios tendrán a su cargo la inscripción de los beneficiarios y su control, mientras que la Secretaría de Comercio estará a cargo del monitoreo, control de precios y abastecimiento de las garrafas. También se habilitarán varias líneas 0800 para que se puedan canalizar denuncias sobre abusos en la venta de ese tipo de garrafas.