Federación Agraria le solicitó ayer al gobierno nacional que frene la aplicación de un acuerdo confidencial que habrían firmado Monsanto con empresas exportadoras, a través del cual la compañía estadounidense busca cobrar regalías por la utilización de la semilla Intacta. “Nos oponemos a un sistema leonino que nos quieren imponer. Y ésta es una posición que hemos mantenido históricamente. No estamos en contra del acceso a la tecnología, pero no avalamos que se quieran cobrar regalías extendidas, ni que las multinacionales nos quieran dejar de rehenes a los chacareros”, aseguró el titular de los federados, Omar Príncipe. Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro también se habían manifestado en contra del cobro de regalías por parte de Monsanto. En el Gobierno están evaluando la situación y podrían tomar medidas en los próximos días.

El vicepresidente segundo de Federación Agraria y responsable de la Comisión de Semillas, Jorge Solmi, indicó ayer que “lo que se quiere cobrar nos los descontarían a nosotros del precio que nos pagan por lo que producimos”. “Y no vamos a permitirlo. Acá, mediante un acuerdo con los exportadores firmado a nuestras espaldas, lo que pretende imponer Monsanto es un virtual esquema de ‘retenciones privadas’”, destacó Solmi.

Hace dos semanas, las otras entidades que conforman la Mesa de Enlace –SRA, CRA y Coninagro– habían denunciado que Monsanto pretendía “incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores podrían tomar las medidas necesarias para detectar cierta presencia de tecnología (gen RR2/Intacta) en los granos entregados, y retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”.

Monsanto fue denunciada en septiembre del año pasado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante a raíz de este contrato que impulsa. “Monsanto ha diseñado un nuevo modelo de negocios a través de un sistema de producción y comercialización para una nueva especie de soja (Intacta) que impone condiciones restrictivas a la competencia en su comercialización, procesamiento y acopio, asignando funciones y tareas de fiscalización y retención a determinadas empresas semilleras, las que deben reputarse como claramente abusivas”, dice la denuncia presentada entonces por la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica y productores agropecuarios. Según denuncian, este contrato privado ejerce una regulación tácita sobre los productores, los multiplicadores de semillas y los acopios. A los primeros se les impide el ejercicio del derecho al uso propio de la semilla, en los términos avalados por el artículo 27 de la Ley de Semilla 20.247.