“Tenemos que asegurarnos el respeto de determinados principios básicos ante un default para evitar que un país quede expuesto a ser atacado por minúsculos grupos financieros extorsivos”, lanzó ayer el ministro de Economía Axel Kicillof. Lo hizo en Nueva York, donde participó del debate abierto en las Naciones Unidas para crear un mecanismo legal que guíe los procesos de reestructuración de deuda soberana. “El sistema financiero puede ser una herramienta de apalancamiento para el desarrollo o un extractor de las riquezas que impide la recuperación después de un default. Cuando eso sucede, se convierte en un parásito”, expresó el titular del Palacio de Hacienda al cuestionar el accionar buitre. Luego de su exposición ante el comité, el funcionario rechazó en conferencia de prensa que el Gobierno quiera “patear” o “pasar” el conflicto con los fondos especulativos a la próxima administración. “Primero hay que preguntarse cuál es el próximo gobierno. ¿Y si somos nosotros?”, planteó. “Si algo ha demostrado este Gobierno, es decisión y capacidad de resolver los problemas”, completó.

Una compañía en cesación de pagos dispone de una protección legal que le permite establecer una mesa de diálogo con sus acreedores. Con ese paraguas negocia una reestructuración de sus pasivos. Cuando un grupo significativo acepta los términos del acuerdo, esas condiciones financieras –quita, reducción de intereses, extensión de plazos– son extendidas en forma compulsiva a la totalidad de los acreedores. Las leyes de quiebra no impiden el accionar buitre, pero ofrecen un poderoso punto de partida y reglas preestablecidas para negociar. Ese beneficio no existe cuando se trata de estados, aunque las reestructuraciones de deuda soberana son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Los datos recolectados por el FMI evidencian que, a partir de 1950, se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo.

“Hay 900 mil millones de dólares de deuda emitida en riesgo de ser atacada por fondos buitre gracias a una interpretación caprichosa de las cláusulas de los bonos. Las mejoras antibuitre a las cláusulas contractuales que propone el FMI y la Asociación Internacional de Mercado de Capitales no solucionan la cuestión de fondo”, advirtió Kicillof. El funcionario indicó que los buitres “forzaron la interpretación de la cláusula pari passu” y lograron una sentencia que “dice que hay que pagarles a los holdouts al mismo tiempo que a los que aceptaron la reestructuración”.

“Existiendo esta interpretación, nadie va a aceptar nunca un canje. No tiene sentido lógico, financiero. Sin embargo, los fondos buitre consiguieron que esto fuera convalidado.” Con la alarma disparada por el desarrollo del caso argentino, el G-77 más China impulsó un debate en la ONU con el objetivo de minimizar el accionar carroñero del sistema financiero internacional.

En relación con el estado del conflicto con los buitres en la Justicia de Estados Unidos, Kicillof sostuvo que “lo que está estancada es la decisión de Paul Singer y el juez Griesa de que la única solución es que nosotros paguemos los 1600 millones de dólares, lo que representa una ganancia extraordinaria”. Reiteró que los buitres “no quieren negociar” y recordó que en su momento propusieron una quita del 15 por ciento sobre los 1600 millones que reclaman, lo que el Gobierno consideró insuficiente. Por otra parte, el ministro defendió la contratación de un segundo estudio de abogados para que asesore al país en este tema y negó que esto implique una crítica a lo actuado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que lleva el caso argentino desde el principio. “Necesitábamos una segunda opinión sobre éste y otros temas, y que se aboquen a otras causas”, dijo el funcionario para explicar la contratación del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt. Luego Kicillof volvió a criticar “la deficiente arquitectura financiera internacional, porque sigue con los mismos problemas que desencadenaron las crisis de 2001, y luego de 2008”.

“Argentina le abrió los ojos al mundo. Lo que le pasó a la Argentina puede sucederle a cualquiera de nuestros países. No es algo vinculado con las finanzas, sino con capacidades de desarrollo de nuestros pueblos”, advirtió ayer Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU y presidente del comité ad hoc de la Asamblea General que lleva adelante las deliberaciones. El marco regulatorio que surja del debate no ofrece una solución para la disputa con los buitres en la Justicia estadounidense, pero crea una herramienta significativa para el resto del mundo y consolida el consenso internacional contra esas maniobras. “Una economía debe crecer para poder pagar sus deudas. Nos quisieron convencer de lo contrario. Tenemos que garantizar la sustentabilidad del endeudamiento externo para asegurar la posibilidad de cobro”, explicó el titular del Palacio de Hacienda en la ONU.

“Muchos países se han rendido y decidieron pagar. En el año 2001, Argentina tuvo un default de 81 mil millones de dólares. Está la historia de las pequeñas batallas judiciales que han ido ganando (los buitres) para tener el poder que hoy tienen. El poder que tienen es insoportable y pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda”, argumentó Kicillof. Durante el encuentro participaron representantes de algunos de los países atacados por fondos buitre como Perú, Ecuador, Brasil, Belice, Panamá, Vietnam, Turquía, Polonia, Grecia, Irlanda, Liberia, Costa de Marfil y Congo.

“Estamos en un proceso de construcción de una nueva institucionalidad para la resolución de las reestructuraciones de deudas soberanas”, precisó Kicillof. “No aspiramos a una solución inmediata, pero el ámbito debe ser la ONU, éste es un problema que pone en juego las relaciones políticas entre los países”, advirtió el funcionario. El alcance económico y geopolítico de la iniciativa atenta contra su puesta en marcha. De los 193 miembros de la ONU, 124 votaron a favor de abrir el debate en septiembre pasado. El desafío de los próximos meses es sumar adhesiones. Estados Unidos e Inglaterra encabezan el grupo de once países que rechazaron discutir la iniciativa desde el origen. Ocho de cada diez emisiones de deuda que realizan los países eligen las legislaciones de esos países para gobernar los contratos de los nuevos bonos.

“Podemos encontrarnos con obstáculos y falta de apoyo de aquellos miembros donde el sector financiero actúe con más libertad. Hay que avanzar en la discusión y debatir las diferencias. No puede ocurrir que algunos países no participen del debate. La solución puede demorar, pero el ámbito de solución son las Naciones Unidas”, advirtió el funcionario. Cuanto mayor sea la heterogeneidad del grupo de países que adhiera al marco jurídico validado por Naciones Unidas, más difícil será la imposición de un fallo como el del juez Thomas Griesa. En ese sentido, se trabaja para lograr el respaldo de países europeos que se abstuvieron inicialmente, como Francia y Bélgica, dos países que respaldaron a la Argentina en las cortes estadounidenses.

“Estamos en la víspera de un cambio en las condiciones financieras internacionales vinculadas con un crecimiento de las tasas de interés en los países centrales. Es un riesgo que todas las deudas externas atadas a la tasa de interés se vuelvan más difíciles de pagar o impagables”, dijo Kicillof al concluir un recorrido histórico sobre la dinámica del endeudamiento soberano abierta durante la segunda mitad del siglo pasado. “Hubo un proceso de privatización y atomización de las deudas externas en los países. Esta transformación fue lo que explica la aparición de los fondos buitre y el extremado poder que han logrado en las finanzas internacionales”, detalló el jefe del equipo económico.