Los acuerdos salariales que ayer, finalmente, firmaron cuatro de los gremios de mayor peso en el frente sindical (metalúrgicos, comercio, construcción y UPCN) fueron el resultado de negociaciones “tripartitas”. Al estilo de las discusiones del Consejo del Salario, que anualmente fija la retribución legal mínima al trabajador, el Estado nacional intervino en estas negociaciones por sector para acercar a las partes, llegar a un punto de conformidad y compromiso de cada una de ellas, que garantice la defensa del poder adquisitivo, de un lado, y una nómina salarial que sea afrontada, del lado de los empleadores, sin elevar el precio de sus productos o servicios, más de lo que ya lo han hecho con otros argumentos. El Gobierno también logró su objetivo: cerrar acuerdos de peso en una fecha razonable, con un módulo de actualización, en torno del 27,5 por ciento, que resultará una referencia para el resto de las negociaciones, pero que no es ni el “techo” ni el aumento único, como quedó demostrado en los acuerdos hasta ahora firmados.

Metalúrgicos y mercantiles obtuvieron mejoras adicionales que, en un caso, beneficia a la franja de más bajos ingresos, y en el otro es generalizado, pero con diferente incidencia porcentual según el nivel de ingresos. Al eliminar la categoría más baja del convenio, la de Operario sin calificación, la UOM le adiciona al incremento general del 27,5 por ciento, el beneficio extra de la recategorización automática a los trabajadores que se encontraban en aquel escalón inferior. Se estima que representará una incidencia de cuatro a seis puntos adicionales en el salario conformado de aproximadamente el 8 por ciento de los asalariados bajo convenio de la rama. Los futuros ingresantes a la rama recibirán un piso salarial inferior, que corresponde al actual “ingreso mínimo global de referencia” del convenio actualizado en un 27,5 por ciento, pero sólo por el período de formación. Luego pasarán automáticamente al nivel convencional de operario calificado. El acuerdo de Comercio, en tanto, incluye dos pagos no remunerativos en el año de 1524 pesos cada uno, lo que representa una mejora equivalente a 254 pesos mensuales. Sobre un sueldo de 6350 pesos, representará un aumento adicional de 4 puntos sobre el 27 por ciento acordado sobre escala de convenio.

Estos mecanismos permiten alcanzar mejoras en las retribuciones de más del 30 por ciento para los asalariados más rezagados, como ya ocurriera en los primeros meses del año con los acuerdos salariales alcanzados por trabajadores de la educación, la administración pública, la salud o judiciales en diversas provincias, según lo reflejó un reciente informe de la consultora Abeceb. Así se observa en diversos convenios firmados en Neuquén, Tucumán, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y Santiago del Estero, por ejemplo.

La pauta de referencia del 27,5 por ciento, por otra parte, coincide puntualmente con la “inflación esperada” para este año que surge de una encuesta privada (Universidad Torcuato Di Tella) de este mes. Que, además, se manifiesta con tendencia a la baja, ya que resultó 3,1 puntos inferior a la medida por la misma encuesta en abril, según lo reflejó esta semana el diario Clarín. Y, previsiblemente, seguirá en descenso en los meses siguientes.

La participación del gobierno nacional en el último tramo estuvo motivada por la aparición de obstáculos en las negociaciones entre las partes, que no son distintos a los observados en años anteriores. En el caso de los metalúrgicos, por ejemplo, aunque en los corrillos se anticipaba la predisposición tanto de Adimra como de la UOM a un acuerdo tras los primeros encuentros, ambas dirigencias sufrían presiones en contra en sus respectivos frentes. Desde la UIA, tempranamente se había señalado la inconveniencia de ir a paritarias este año, argumentando la mala situación del sector manufacturero. En la vereda sindical, tras las primeras demandas de una profunda revisión en la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los salarios de los gremios más enfrentados con el Gobierno (lo cual no es sinónimo de “más combativos”), los mismos actores pasaron a agitar el argumento de, contra una inflación del 35 al 40 por ciento (que ni las consultoras pagadas por el establishment estiman), cualquier acuerdo por debajo implicaría un recorte de salario, achacándole al Gobierno la imposición de un supuesto “techo” del 24 por ciento al aumento. Con los acuerdos de ayer, los trabajadores comprendidos ya superan largamente el 40 por ciento de los asalariados bajo convención colectiva.

Una vez más, como desde hace once años, se lograron superar los obstáculos y las convenciones colectivas vuelven a funcionar. Este mecanismo, un instrumento necesario pero no suficiente para que exista democracia económica, logró imponerse sobre los intereses que pretenden ponerle palos en la rueda, tal como ocurrió en cada año, con los mismos o parecidos argumentos.