Un delegado de la Línea C fue amenazado con un arma de fuego, golpeado y obligado a mandarle un mensaje por WhatsApp al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte, Roberto “Beto” Pianelli. El mensaje apuntaba a que “pare con la denuncia”, en alusión a la acusación penal contra personal jerárquico de Metrovías por una presunta estafa a unos 350 trabajadores del subte. Como reveló Página/12 hace una semana, la estafa consistía en ofrecerles viviendas construidas por el gobierno porteño a un precio muy bajo, que luego no recibían. En total, se habrían alzado con cerca de 35 millones de pesos. A raíz del apriete, los metrodelegados hicieron un paro de una hora en la Línea C. La empresa Metrovías anunció que separó a los seis imputados en la presunta estafa e inició una investigación interna.

El delegado la Línea C, Federico Borgo, fue amenazado en Quilmes anteayer por la noche, cuando salía en auto de su casa. “Se venía para Capital Federal, cerca de las 22.30 –relató Pianelli a este diario–. Agarra una lateral. Para por un lomo de burro. Cuando para, lo apuntan con una pistola y le dicen: ‘Bajá, bajá’. Le meten una piña y le dicen: ‘No mires’. Se tira al piso. Le gritan: ‘Pará con la denuncia, pará con la denuncia’. Le sacan el teléfono del auto, que había quedado en el asiento del acompañante, y se lo tiran. ‘Mandale un mensaje a Pianelli’, le dicen. No les entiende. Le pegan varias patadas. Al final me busca y les dice: ‘¿Qué le pongo?’. ‘Basta Pianelli.’ Me manda el mensaje. Yo lo recibo y no entiendo. Pienso que me está haciendo una joda. Lo dejan ir. Cuando lo llamo estaba en la casa de otro delegado, en estado de shock.”

El secretario general de los metrodelegados recordó que al mismo delegado le entraron a la casa la semana pasada: “El miércoles pasado, cuando ya estábamos por salir a denunciar la estafa, este compañero vuelve a la casa y encuentra la ventana abierta. Le sacaron unos ahorros que tenía del ropero y se lo dejan arriba de la mesa. En cambio, sí se llevaron el disco rígido de la computadora”. El delegado Borgo hizo la semana pasada la denuncia por robo. El día del hurto coincide con la salida del primer comunicado interno de Metrovías que alude a la estafa. La amenaza al delegado derivó en un paro de 15 a 16.

Ayer la empresa del Grupo Roggio emitió un comunicado de prensa en el que anunció que inició una investigación interna, a la que están siendo convocados todos los trabajadores involucrados. “En el marco de la investigación seis empleados fueron separados precautoriamente de sus funciones hasta tanto se determinen las respectivas responsabilidades”, indicó Metrovías. Son los acusados en la denuncia penal.

Pianelli señaló que los damnificados por la estafa se presentarán en la causa que inició con su denuncia el legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli, y que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal número 26, fiscalía 46. Campagnoli imputó a un jefe de Estacionamiento de la Línea C, tres supervisores de esa misma línea, a otro jefe de Estacionamiento de la Línea B y a un supuesto puntero del PRO, que sería el que manejaba el dinero. En tanto, hay una denuncia previa que presentó el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Emilio Basavilbaso, que está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal número 15, fiscalía 35. El funcionario macrista presentó esta denuncia porque le llegó uno de los documentos apócrifos que usaban los estafadores: se trata de un boleto de preadjudicación con las firmas falsificadas de autoridades del IVC y de Acumar. Figuraban un ex presidente del organismo responsable de la cuenca del Riachuelo, Homero Bibliani, que había dejado el cargo cinco años antes; el gerente general del IVC, Ivan Kerr; el escribano general Mauricio Devoto; y el propio Basavilbaso.

Como informó este diario, la mecánica era ofrecerles viviendas construidas por el IVC a precios muy bajos. Se los citaba en una oficina del centro y se les hacía firmar papeles en blanco. Luego les entregaban boletos de preadjudicación de la vivienda (con firmas apócrifas) a cambio de un depósito inicial que iba de los 70 a los 150 mil pesos. Las viviendas prometidas eran de complejos ya adjudicados a otras personas, como los de Casa Amarilla, las viviendas de Acumar en Luzuriaga 837 o Lafuente 64/70.

Cuando los metrodelegados se enteraron de la operatoria, le acercaron la información al legislador Campagnoli, quien hizo algunas averiguaciones y luego presentó la denuncia penal correspondiente. En tanto, Campagnoli presentó ayer un proyecto para que la Legislatura declare su preocupación por “acciones delictivas que constituyen estafas contra colectivos de personas a través de operatorias que involucran distintos complejos habitacionales del IVC”. Lo firmaron también los legisladores Gabriela Cerruti, Claudia Neira, Fernando Muñoz, Virginia González Gass, Lorena Pokoik, Paula Penacca, Jorge “Quito” Aragón, Marcelo Ramal, Edgardo Form, Aníbal Ibarra, María Rachid y Gabriel Fuks. Representan a los bloques del FIT, Partido Socialista Auténtico, Nuevo Encuentro, Frente Progresista y Frente para la Victoria. Los legisladores de Eco y del PRO todavía no se pronunciaron.