El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado convirtió en dictámenes los cinco anexos del informe elaborado por la Bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) para la Justicia Nacional y Federal, al que el oficialismo buscará darle media sanción en la sesión del miércoles próximo en la Cámara alta. Los proyectos reforman las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, y el Código Penal para la instrumentación del nuevo CPP, que reemplazará el actual sistema inquisitivo por el acusatorio en el que los fiscales –y ya no los jueces– tendrán a cargo la investigación judicial. La primera etapa de su implementación será la Justicia Nacional ordinaria en lo Penal de la Capital Federal a partir de marzo de 2016. En tanto, la bicameral también se encargará del monitoreo de su aplicación para luego extenderlo al resto de las jurisdicciones de la Justicia nacional y federal.

El kirchnerismo y sus aliados rubricaron el dictamen de mayoría sobre los anexos que incluye el informe final de la Bicameral con las modificaciones que –a propuesta de los legisladores de la oposición y referentes de distintos estamentos judiciales– introdujo en los textos originales, tras una serie de audiencias públicas en las que se debatió la implementación del nuevo CPP aprobado el año pasado por el Congreso.

La principal modificación fue la decisión de postergar su implementación en la justicia Nacional ordinaria en lo Penal de la Capital Federal, que en principio iba a ser en a partir de setiembre de este año y forma segmentada. Y que ahora comenzaría a regir desde el primero de marzo del año próximo para todo ese fuero en el distrito porteño.

La otra reforma de importancia fue la continuidad de la bicameral que preside el senador salteño Rodolfo Urtubey, como encargada de monitorear la implementación del nuevo CPP. La bicameral iba a disolverse tras la elaboración de su informe, para que otra –compuesta por legisladores y representantes de la Justicia– se encargara de su seguimiento. Pero distintos legisladores advirtieron que con esa composición se delegarían facultades propias del Congreso en la corporación judicial. Por lo que ahora dentro de la bicameral funcionará una secretaría técnica y un consejo de asesores integrados, entre otros, por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y de las organizaciones gremiales de los empleados judiciales.

También se incorporó en uno de los artículos de la implementación del CPP la inquietud de los sindicatos del sector sobre la conservación de los derechos laborales de sus representados. “Preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos”, dice la modificación sobre los empleados del Poder Judicial que decidan voluntariamente incorporarse a los otros organismos.

En tanto, las disidencias de la oposición quedaron plasmadas en dos dictámenes de minoría, una de la UCR y otra del Peronismo Federal, reducidas a las atribuciones del Ministerio Público Fiscal. El senador radical por el Chaco, Angel Rozas, valoró como “muy satisfactoria” la propuesta del oficialismo, aunque ratificó que el radicalismo mantiene “una visión crítica” sobre lo que denominó como “un exceso de facultades delegadas” a la Procuración General de la Nación. En el mismo sentido se pronunció la senadora puntana Liliana Negre de Alonso.

“Todo cambio genera actitudes refractarias de aquellos sectores que sienten que sus intereses se ven afectados”, sostuvo al cierre del plenario el senador oficialista Marcelo Fuentes, al tiempo que destacó la “voluntad política de instrumentar estos cambios de nuestra legislación no sujetos a los intereses corporativos”.