“Los fallos de las Cortes de Nueva York, por ejemplo en el caso de NML contra la Argentina, han sentado un precedente que imposibilitará las reestructuraciones de deuda soberana con acreedores privados de aquí en adelante. Por eso es necesario un marco legal multilateral para que las reestructuraciones se realicen en forma ordenada, eficiente y a tiempo”, señaló ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, en una conferencia sobre desendeudamiento paralela a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se desarrolla en Bruselas, Bélgica. Tal como la presidenta, Cristina Fernández, lo hizo en su momento ante la asamblea de Naciones Unidas y el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el plenario del G-20, el Gobierno puso otra vez el asedio de los fondos especulativos sobre el tapete. Timerman subrayó el apoyo internacional obtenido.

La preocupación por el accionar de los fondos buitre no es una exclusividad argentina. En el último tiempo, desde varios ámbitos de discusión comenzó a analizarse el tema con más detenimiento. En términos generales, se distinguen dos posturas. Por un lado, está el planteo que encabeza la Argentina, que recibió el apoyo de la asamblea de la ONU. De hecho, hay un prestigioso grupo de investigación que coordina el economista argentino Martín Guzmán junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz desde la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en el cual Naciones Unidos se referencia en su proyecto de armar un nuevo escenario de reestructuraciones de deuda. Eso incluiría, entre otras cosas, un tribunal internacional de quiebras para las economías soberanas, que ordene los procesos de reestructuración, de manera similar a como funciona el sector privado. Por otra parte, también están las recomendaciones que hizo la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA) y que analiza el FMI para desarrollar nuevas cláusulas para los contratos de emisión de deuda. Se trata de una propuesta menos ambiciosa que la argentina.

“No es sólo Argentina, sino también el FMI, premios Nobel como Joseph Stiglitz, e incluso los tesoros de países como Estados Unidos y Francia, los que están preocupados por el accionar de los fondos especulativos”, remarcó Timerman en la conferencia “El proceso de desendeudamiento argentino y el accionar de los fondos buitre a nivel global”, que brindó en Bruselas previo al inicio de la Segunda Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Celac y la UE. Participó del panel conducido por el embajador argentino ante la UE, Hernán Lorenzino, junto a George Dassis, presidente del Grupo Sindical del Comité Económico y Social Europeo, y Antonio Gambini, un experto en financiamiento al desarrollo de la ONG belga Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo CNCD, entidad involucrada en la elaboración del proyecto de ley en Bélgica que busca terminar con el accionar de los fondos buitres. Esa iniciativa fue aprobada por la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados del país.

Según la presentación del canciller argentino, el fallo del juez Thomas Griesa, avalado por la Corte Suprema norteamericana, genera incentivos a favor del accionar de los buitres y en contra del ingreso a las reestructuraciones de parte de los bonistas. “¿Por qué razón los acreedores privados aceptarían una reestructuración de deuda si tienen como alternativa recibir mejores términos por vía judicial a expensas de la mayoría de acreedores que aceptaron voluntariamente los términos ofrecidos en el canje? ¿Por qué razón los acreedores aceptarían una reestructuración si el cobro de los bonos puede ser tan fácilmente impedido por el accionar de los fondos buitre?”, planteó el funcionario. “A diferencia de una empresa privada, un Estado no puede cesar sus actividades y liquidar sus activos ante una situación de insolvencia, debe continuar y para ello reestructura sus deudas. La actividad de un tercero a través de decisiones judiciales o administrativas que obstruya a un Estado a reestructurar sus deudas implica una violación inadmisible al principio de soberanía estatal”, agregó Timerman.

Para el canciller, “la necesidad de poner un freno a los buitres es sistémica en términos de necesidades básicas del funcionamiento del sistema capitalista, que requiere que las deudas sean reestructuradas. Sin embargo, no existe en el ámbito internacional un régimen de reestructuración de deudas soberanas que ponga límites al accionar de los fondos buitres y a los abusos de derecho en los que han incurrido las Cortes de Nueva York y otros tribunales”. “Un marco legal multilateral imbuido de principios generalmente aceptados e incluidos en las leyes de quiebras de la mayoría de los países debiera determinar que los términos de un acuerdo alcanzado por un Estado soberano con la mayoría de sus acreedores sea legalmente vinculante también para los demás acreedores. Como se trata de una necesidad eminentemente política, estamos convencidos de que el foro adecuado para tratar este tema es Naciones Unidas”, concluyó.