Luego de que la Justicia federal mendocina condenara al dueño del prostíbulo Pyme Vip a diez años de prisión “por explotación de la prostitución ajena y cohecho”, a la encargada del lugar a cinco años y a un socio del propietario a tres años y seis meses, en ambos casos también por “rufianismo”, continúa la instrucción de la segunda parte del proceso: el juicio por lavado de dinero generado por explotación de la prostitución ajena. La instrucción podría ser cerrada y elevada a debate oral antes de fin de año. Fuentes de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa que ya cuenta con condena y en la que continúa en etapa de instrucción, informaron a este diario que sólo restan algunas medidas de prueba. El juicio por lavado del dinero obtenido a partir de la explotación sexual ajena será el primero en su tipo, y podrá sustanciarse más allá de que los condenados en el primer proceso apelen las sentencias dictadas la semana pasada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº1 de Mendoza.

El jueves pasado, los jueces Alejandro Piña, Oscar Hergott y Daniel Petrone resolvieron condenar a ocho de los diez acusados. A Sebastián Solé Recabarren, dueño del prostíbulo ubicado frente al Hyatt de la capital mendocina, le dictaron una pena de diez años de prisión por explotación de la prostitución ajena y cohecho. A la encargada del prostíbulo, Paola González Lagos, le dieron cinco años, y a Cristian Prado, tres años y seis meses, en ambos casos por explotación de la prostitución ajena. Al ginecólogo Osvaldo Pastorino Garay, acusado de haber practicado abortos a mujeres explotadas en el lugar para que pudieran seguir siendo prostituidas, le correspondieron dos años “por el delito de aborto –artículos 85 y 86 del Código Penal– y la inhabilitación para ejercer la profesión por cuatro años”. Al ex inspector municipal Raúl Cuquejo, acusado de haber percibido coimas para garantizar el funcionamiento del lugar, le correspondieron dos años por “cohecho pasivo”, al igual que a los miembros de la Policía Federal Argentina Angel Ibáñez y Nelson Bravo. Gustavo Torres Aguilar, socio de Solé, fue condenado a cinco años por “explotación de la prostitución ajena”. El TOCF, además, decomisó el inmueble –ubicado en pleno centro de Mendoza, y distante pocos metros de una sede policial– donde funcionaba el prostíbulo, todos los insumos informáticos del lugar, dos millones de pesos en efectivo y otros bienes inmuebles a nombre de Solé Recabarren.

El siguiente paso judicial, la causa por lavado del dinero generado en el prostíbulo, está en etapa de instrucción. “Están pendientes pedidos de informes sobre registros de inmuebles, sobre todo en la ciudad de Mendoza, para identificar todo lo que tenía a su nombre Solé Recabarren. También estamos a la espera de respuesta de los organismos públicos para determinar el patrimonio de otros imputados”, señalaron fuentes de la UIF a este diario. En la investigación hay tres imputados, además del dueño del prostíbulo, que en los alegatos fue definido como “una persona preparada, con estudios de grado y posgrado, que sabía muy bien lo que hacía”.

Los demás involucrados son la mujer de Solé, Nadia Haro; su socio, Cristian Prado, y Romina Tonolli, sospechada de ser testaferro de los bienes del cabecilla. “Entre otras cosas, ella tenía autos de alta gama registrados a su nombre, pero las escuchas y la documentación incautada sostienen la presunción de que eran de Solé”, informaron las fuentes. En los allanamientos, por ejemplo, se hallaron documentos como un contrato de comodato de un inmueble propiedad de Tonolli pero cedido en uso a Solé, y también un contradocumento que terminaba demostrando que el lugar era de Solé Recabarren.”

El principal imputado en ambas investigaciones vivía en una casa del barrio cerrado Las Candelas, de Chacras de Coria; tenía varios inmuebles en Mendoza, entre ellos, un edificio de siete departamentos en Godoy Cruz. La investigación por lavado de activos sigue sus pasos desde 2011 hasta los allanamientos de mayo de 2013.