Hoy se cumple un año de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó firmes el fallo y las órdenes del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre. El 16 de junio de 2014 el máximo tribunal norteamericano desestimó el pedido de revisión a la polémica sentencia presentado por Argentina. La extravagante decisión del magistrado obliga al país a pagar 1600 millones de dólares a un grupo de inversores especulativos y bloquea el mecanismo de pago para los bonos de deuda hasta que se confirme ese desembolso. A partir de ese momento se abrió un período de tensiones financieras que buscaron presionar para que se cumpla el fallo de Griesa cuyas órdenes comenzaron a ser cuestionadas en diferentes tribunales y por distintos actores no involucrados en el litigio. A pesar del impedimento para que los acreedores que participaron del canje reciban los pagos realizados por el país no ingresó en una situación de “default”. Desde entonces el Gobierno reclama la apertura de una mesa de negociación con la totalidad de los buitres y holdouts que no ingresaron al canje para hallar una solución “justa, equitativa y sustentable” al conflicto. Hasta ahora el juez Griesa se limitó a garantizarles a otros demandantes, el grupo “me too”, la posibilidad de obtener el mismo tratamiento que el logrado por el fondo NML Capital de Paul Singer. El equipo económico advierte que acceder a los términos dispuestos por el octogenario magistrado para regularizar el 7,6 por ciento restante de la deuda en litigio requeriría desembolsar hasta 20 mil millones de dólares.