Los días de Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet como jueces federales ad hoc en Bahía Blanca podrían terminar abruptamente si el plenario del Consejo de la Magistratura considera que sus designaciones fueron ilegales. Esas irregularidades, así como el mal desempeño de los magistrados en causas que investigan violaciones a los derechos humanos en el Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, fueron denunciadas por los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, así como por organismos de derechos humanos que acompañarán la sesión plenaria de debate en la calle. “Los nombramientos ilegales de estos jueces y sus permanentes frenos a las causas de lesa humanidad es algo por lo que venimos reclamando desde hace tiempo: no habrá avances en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia si estos hombres siguen siendo la cara de la Justicia en Bahía”, evaluó Alejandra Santucho, militante de la agrupación H.I.J.O.S. Los organismos de derechos humanos convocaron para el jueves a una concentración en la puerta del Consejo.

Martínez y Pontet fueron denunciados ante el organismo de contralor judicial entre fines de 2014 y abril pasado por Palazzani y Nebbia, que pusieron en tela de juicio no sólo la designación de ambos como subrogantes, sino también su desempeño ante denuncias por delitos de lesa humanidad. La demanda fue analizada por la comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura: ni Martínez ni Pontet eran jueces al momento de tomar las subrogancias. El primero era secretario. El segundo, un abogado nombrado por la Cámara Federal local para reemplazar a Alvaro Coleffi, “el único que avanzó en Bahía en la investigación a los civiles cómplices de la última dictadura”, apuntó Santucho. La comisión de Selección evaluó la situación y dictaminó no renovarles las designaciones. Los organismos de derechos humanos no tienen dudas de que las irregularidades tienen que ver con el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia a los responsables civiles. “Venimos denunciando la preocupante situación que atraviesa Bahía Blanca, en particular las causas en los que se investiga la responsabilidad del poder mediático, eclesiástico y judicial”, apuntaron Abuelas, Madres, Familiares de Desaparecidos, HIJOS y el CELS en un comunicado de convocatoria a la concentración del jueves, cuando el plenario de la institución analice la decisión de la comisión. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, escribió una carta a la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, advirtiéndola de la situación.

Pontet fue nombrado en reemplazo de Alvaro Coleffi, quien fue apartado y cesanteado tras citar a indagatoria a Vicente Massot, el director de La Nueva Provincia por su complicidad con la dictadura. Lo primero que hizo Pontet al reemplazarlo fue dictar la falta de mérito para el empresario.

El mal desempeño de Martínez también fue denunciado por los fiscales de Bahía Blanca, quienes presentaron ante el Consejo varios elementos en los que “se advierten una serie de vicios, errores e irresponsabilidades (cometidas por el juez subrogante) que ponen de relieve un desmesurado esfuerzo a impedir el avance del proceso de memoria, verdad y justicia”. En su informe más reciente denunciaron al juez por “no chequear apellidos, confundir fechas, citar equivocadamente informes, solicitar investigar casos que corresponden a otros juzgados”, entre otros cuestionamientos. El reclamo corre por una vía diferente al análisis de las designaciones y afecta, también, a uno de los secretarios del juzgado, Mario Fernández Moreno.

Martínez obstaculizó el pedido de indagatoria de (el ex capellán militar Aldo) Vara; se negó a investigar delitos sexuales por considerarlos prescriptos, descartó que fueran crímenes de lesa humanidad y que se pudieran conocer a sus autores y fue el primero en rechazar el pedido de indagatoria a Massot. “Dijo que la defensa a la dictadura de La Nueva Provincia había sido la puesta en práctica del ejercicio de libertad de expresión”, recordó Palazzani. En Disciplina y Acusación del Consejo lo imputaron por “ignorancia inexcusable del derecho, haber violado normas constitucionales y haber incurrido en arbitrariedades” y lo citaron a declarar el 14 de agosto.