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Verdad, convivencia y no repetición: esas tres palabras resumen el propósito de la comisión que la semana pasada acordamos en La Habana. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición “hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, como establecimos el gobierno y las FARC, y por tanto es sólo una pieza de un sistema en construcción. Pero es un buen comienzo. Nada nos han pedido las víctimas con tanto fervor como eso: conocer la verdad.

Verdad significa en primer lugar esclarecimiento. Es mucho lo que ya sabemos en Colombia, pero aún hay temas que permanecen en la penumbra. Entre otros porque las víctimas no han encontrado condiciones para poder hablar (caso de la violencia sexual) o porque los responsables aún no han hablado.

Pero el esclarecimiento tiene que ir más allá. Por eso el mandato de la comisión indica que se debe mostrar el impacto del conflicto sobre las poblaciones más vulnerables y más golpeadas por cincuenta años de guerra. ¿Cómo fueron afectados las mujeres y los niños; los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes; los sindicalistas y los periodistas; o los ganaderos y los agricultores? Esas son las preguntas que hay que contestar.

Otro capítulo es el esclarecimiento del impacto del conflicto sobre la democracia. Las cifras del Centro de Memoria Histórica señalan que en los últimos treinta años fueron asesinados 175 alcaldes y 543 concejales. Ninguna democracia puede funcionar en el nivel local con esa marea de violencia. Eso es lo que la comisión tendrá que explicar, para que no vuelva a pasar.

Verdad significa también reconocimiento. Primero, el reconocimiento de las víctimas. Un país en el que más de seis millones de víctimas son vistas con indiferencia es un país en el que cuecen el resentimiento y la indignación. La comisión tendrá que abrir espacios para que las víctimas hablen y sean reconocidas como lo que son, ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados.

Segundo, el reconocimiento de responsabilidad. En la medida en que cada quien que tuvo responsabilidad en el conflicto dé un paso adelante, ofrezca explicaciones y pida perdón, en esa medida la verdad no será solo conocida, sino aceptada por toda la sociedad.

Y con eso pasamos al segundo propósito de la comisión: la convivencia. La comisión tendrá que organizar audiencias en los territorios en las que la combinación de los testimonios de las víctimas, los reconocimientos voluntarios de responsabilidad y la participación de diferentes sectores de la sociedad no solo esclarezcan lo que pasó, sino también rompan las desconfianzas, recompongan las relaciones y fortalezcan el estado de derecho. De eso se trata la convivencia: de reconocer el pasado para trabajar conjuntamente hacia un futuro común. Y por eso la comisión tiende un puente entre la justicia y la paz.

¿Cómo poner en marcha programas de desarrollo rural integral en regiones como el Urabá, el sur de Córdoba, Cauca, Arauca o el Caquetá si no se abren espacios para restablecer la confianza entre quienes juntos tendrán que construir la paz?

Por supuesto que, para que se conozca toda la verdad, esos reconocimientos de responsabilidad no pueden dar pie a investigaciones judiciales y por eso, entre otras razones, la comisión será un organismo estrictamente extrajudicial. Tiene razón el ex presidente Gaviria cuando dice que el proceso de paz no puede dejar vivos “muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra”. Esos conflictos se resolverán en los espacios que cree la comisión.

Todo esto deberá contribuir a la no repetición, que es el propósito además de todos los acuerdos de La Habana: terminar el conflicto y hacer las transformaciones necesarias para que no se repita. Por eso, varios expertos internacionales han celebrado el acuerdo sobre la comisión: no sólo porque refleja –dicen– las mejores prácticas internacionales, sino por este enfoque práctico y concreto en la convivencia y la no repetición. No así el procurador Alejandro Ordóñez, quien en una columna reciente en El Tiempo lanza toda suerte de críticas a la comisión, en un ejercicio que no deja de sorprender porque nada tiene que ver con la función constitucional del procurador general de la Nación. Algunas críticas se deben, sin duda, a simples descuidos en la lectura, como por ejemplo decir que las recomendaciones de la comisión serán vinculantes, cuando el texto del acuerdo en ninguna parte lo dice. Por el contrario, la posición del gobierno siempre ha sido que no lo pueden ser, porque una comisión de la verdad no es un órgano legislativo.

El procurador en su exaltación no ahorra improperios. Dice, por ejemplo, que los miembros de la reciente Comisión Histórica –un esfuerzo de naturaleza muy distinta a esta comisión– “obedeció a un guión predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia”. ¿A quién se le ocurre que unos distinguidos profesores de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, Eafit, el Ehess de París, “obedecieron a un guión predeterminado”? Uno puede no estar de acuerdo con ellos, pero tampoco hay necesidad de insultarlos.

El problema principal, sin embargo, no es de forma y estilo. Es de fondo y tiene dos partes. Primero, el procurador pone en duda la imparcialidad de la futura comisión con el argumento de que las FARC van a “imponer” su voluntad en la selección de los comisionados. Por el contrario, el acuerdo dice que los comisionados podrán ser postulados por diferentes sectores de la sociedad en un proceso amplio y pluralista. Y serán seleccionados, sobre la base de criterios como “la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, entre otros”, por un comité elector de nueve miembros, seis de los cuales serán escogidos “de común acuerdo” por el gobierno y las FARC (no tres seleccionados por el gobierno y tres por las FARC, como algunos han supuesto); tres más serán delegados de organizaciones que se acuerden en la mesa. Es decir, si el gobierno considera que cualquiera de los nombres no ofrece garantías a los colombianos, no lo va a acordar. Así que en ningún caso las FARC van a “imponer” su voluntad.

Segundo, el procurador insiste en que la comisión buscará “imponer una verdad oficial que reconoce que la responsabilidad es de toda la sociedad y el Estado. Se quiere culpar a todos para exculpar a las FARC”.

Falso. En el acuerdo las FARC se comprometen “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la comisión”. Y si bien el futuro tratamiento penal que reciban las FARC no hace parte de este acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que obtengan algún beneficio penal si no cumplen de manera plena con este compromiso.

Otra cosa es que la comisión oiga también a agentes del Estado y a otros quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y asigne responsabilidades colectivas. El derecho a la verdad lo tienen todas las víctimas, como debería reconocer la procuraduría.

Aquí no hay que confundirse. El hecho de que la comisión oiga a todas las víctimas no quiere decir que nos estemos “igualando”: las instituciones del Estado seguirán siendo lo que son, las legítimas portadoras de las armas con un amplio apoyo en la población. Simplemente, cada quien tendrá que responder por lo que hizo, dentro de su propia condición. Los actos recientes de terrorismo de las FARC no hacen sino añadir al largo catálogo de atrocidades por el que tendrán que rendir cuentas.

De lo que se trata al final es de asumir las propias responsabilidades, como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional, para sobre esa base reconocer lo que nunca deberá volver a pasar y así sentar las bases de la convivencia y la no repetición. Esa es la decisión que nos llevará a la paz. No hay que tenerle miedo a la verdad.

* Alto comisionado para la paz.