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Los protagonistas más destacados del mundo de las finanzas han naturalizado que no deben ser controlados, investigados ni sancionados por maniobras fraudulentas. Cualquier intento de ejercer esa tarea elemental de gestión pública para garantizar estabilidad económica es resistido con el argumento de que puede afectar la solvencia y confianza en el sistema y, por lo tanto, generar una crisis de proporciones. Es el arma extorsiva más potente sobre los gobiernos cuando intentan limitar los comportamientos desestabilizadores de actores financieros relevantes. Despliegan una efectiva estrategia de distracción alertando acerca de que los mecanismos oficiales de fiscalización y de recopilación de información están dirigidos a la población en general cuando en realidad el objetivo apunta casi exclusivamente a lo que ellos hacen en el mercado.

La construcción de esa confusión deliberada ha quedado nuevamente expuesta en diversos análisis en medios de comunicación como en comentarios vulgares en radio y televisión sobre el alcance de la nueva doctrina de Inteligencia Nacional en el apartado dedicado a cuestiones económicas. Esta doctrina precisa que en materia de seguridad interior se han agrupado las problemáticas referidas a los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática realizado por grupos económicos y/o financieros que realicen corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado; y la problemática en torno de la delincuencia económica y financiera. Dentro de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre crimen organizado de la Agencia Federal de Inteligencia funciona la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera que se encarga de la producción de inteligencia (recolección, gestión y análisis de la información) orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, lavado de dinero y economías criminales.

Los organismos de control del sistema (Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Procuraduría de Criminalidad Económica –Procelac–, Unidad de Información Financiera –UIF– y la AFIP) seguirán haciendo su tarea de fiscalización, sanción y denuncias judiciales. Sus respectivas áreas de investigación continuarán su trabajo relacionado a la determinación de conductas irregulares de agentes económicos, al análisis de documentación, búsqueda de testigos, envió de oficios y multas por irregularidades. En cambio la Agencia Federal de Inteligencia se dedicará al cruzamiento de información genérica de acontecimientos económicos, a trazar mapas potenciales de maniobras como el insider trading (utilización de información privilegiada) en el mercado bursátil u operaciones cambiarias acordadas por grandes bancos para provocar bruscas devaluaciones. Quedan así ámbitos de responsabilidad diferentes delimitando las tareas y las áreas de investigación y de inteligencia. Los objetivos son diferentes. Las tareas de inteligencia se realizarán con la idea de elaborar informes, incluso utilizando aportes de agentes de campo que pueden desarrollar su labor en el mercado local e internacional, para colaborar en el ejercicio de supervisión por parte de la CNV, el BCRA, la AFIP, la UIF o la Procelac. La AFI se dedicará a reunir información y serán esos organismos públicos que llevarán adelante las denuncias penales.

Esas entidades públicas recibirán los reportes como insumos para el ejercicio de sus funciones y seguirán en el ejercicio del poder de policía correspondiente a cada una, ya que la tarea de la AFI se circunscribe a la recolección, gestión y análisis de información para que otras dependencias desarrollen políticas y estrategias de acuerdo a su competencia. La AFI podrá investigar los movimientos de cuevas financieras pero no ordenará operaciones policiales. Servirán para que las dependencias correspondientes concreten denuncias penales y luego actúen los jueces.

Los reportes no podrán contener información de personas que puedan ser imputadas, con excepción de que fuera requerida expresamente y haya sido aprobada por el director o el subdirector de la AFI. Los funcionarios de este organismo podrán colaboran en investigaciones penales designando un agente responsable que trabajará bajo la dependencia funcional del fiscal a cargo y será supervisado por el subdirector general de la AFI. Esos agentes no podrán realizar actividades de policía auxiliar de la investigación.

El trabajo de inteligencia entonces no será para perseguir arbolitos ni para incorporar en reportes oficiales editoriales convocando a una corrida, como el publicado el jueves pasado en La Nación. El escrito cuyo título es “El sobrevuelo del cisne negro” describe primero un escenario de descontrol fiscal, luego adelanta un alza de la inflación con desborde monetario para agregar que el atraso cambiario es idéntico al previo de la salida de la convertibilidad. La conclusión es que ese cuadro “termina indefectiblemente en una fuerte devaluación”. Después avanza sobre los condicionamientos del próximo gobierno diciendo que la situación “será tanto más incontrolable cuando menor sea la confianza que despierte” y “el extremo de la caída de la confianza ocurrirá si quien venga pretendiera seguir con el ‘modelo’”. Asegura que “hay un hecho objetivo: cualquiera sea el pronóstico electoral, habrá devaluación”. Hasta aquí es un análisis tradicional de economistas ortodoxos exaltados. La convocatoria a la corrida fue el paso siguiente: “Cuando sólo falten 30 días no habrá tasa de interés en un plazo fijo que compense la magnitud pronosticada de una devaluación. Entre hoy y el 10 de noviembre (el editorialista habrá querido escribir diciembre pero la impaciencia pudo haberle jugado una mala pasada) veremos una creciente tendencia a desprenderse de los pesos para transformarlos en bienes o en dólares”.

Hay varios antecedentes de corridas cambiarias que generaron situaciones críticas en la economía. La última, desplegada a fines de enero de 2014, derivó en una investigación rigurosa y posterior denuncia penal por parte de la Procelac (los protagonistas y detalles de cada una de las operaciones de esa corrida están desarrollado en mi libro de reciente publicación “Amenazados. El miedo en la economía”). La denuncia judicial de la Procelac describe “de qué manera el mercado de divisas puede ser objeto de manipulaciones o ataques especulativos por actores que detentan un alto poder económico como principales operadores en la compraventa de dólares del mercado”. Para agregar que los delitos económicos se realizan por personas o instituciones con respetabilidad social, no visualizados como los típicos ‘delincuentes’, y su accionar es a lo sumo considerado como avivadas más que como delitos. Y concluye: “En el presente caso, los hechos de manipulación de la divisa mediante una presunta coalición bancaria y empresarial provocaron un daño al bien jurídico orden económico tutelado por el Código Penal”.

No es una tarea ajena de los servicios de inteligencia ni una extravagancia del gobierno de CFK prevenirse de movimientos especulativos desestabilizadores. La economía es uno de los objetivos centrales de la seguridad nacional de las potencias mundiales, especialmente luego de la debacle del 2008 provocada por los créditos denominados subprime. Unos años después se investigó y comprobó el fraude con esos instrumentos financieros cometido por grandes bancos internacionales y calificadoras de riesgo que derivaron en multas millonarias. Esto fue el motivo central para que la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Barack Obama en 2010 identificara como una de las amenazas a Estados Unidos las crisis económicas por su efecto perturbador de la estabilidad y el bienestar de la población. Obama explicó que la crisis económica de 2008 significó una amenaza mayor para Estados Unidos que la actividad terrorista en ese año. La relevancia que le asignó a esa tarea ha quedado expuesta en la decisión de elegir a principios de este año como número dos de la CIA a David Cohen, subsecretario del Tesoro que desde 2011 ha sido el máximo responsable de esa dependencia en la lucha contra la financiación de organizaciones criminales y terroristas a nivel internacional. En otros países, como en España, Alemania, Holanda, los servicios de inteligencia también se ocupan de analizar movimientos financieros que pueden convertirse en amenazas económicas.

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