El debate sobre el debate obligatorio de los candidatos presidenciales parece avanzar en el Congreso. Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja lograron consensuar –en los 30 días que se fijaron como plazo– un texto único sobre la base de distintos proyectos de siete bloques parlamentarios que van desde el Frente para la Victoria hasta el PRO, pasando por la UCR, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, el GEN, Suma+ y el monobloque denarvaísta Celeste y Blanco que ya tiene un unánime dictamen legislativo. Aunque los tiempos parlamentarios son complicados, no pocos legisladores consideran que, de “existir voluntad política”, la iniciativa se podría convertir en ley antes de las PASO y aplicar el debate obligatorio este mismo año entre los aspirantes presidenciales. Un tema donde las posturas que asuman los candidatos puede terminar por torcer las prioridades de sus propias bancadas legislativas.

El candidato del FpV, Daniel Scioli, ya se había manifestado a favor de un debate con Mauricio Macri, para confrontar los dos modelos que a su criterio estarán en disputa en las elecciones de octubre. Pero el gobernador bonaerense todavía no se manifestó sobre el proyecto de ley que establece el debate con todos los candidatos que superen el piso de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto. De todas maneras, sus voceros tampoco esquivaron contactos con las llamadas “organizaciones de la sociedad civil” como Argentina Debate y Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que promueven el debate público entre los candidatos presidenciales. Esta última ya había mostrado su poder de convocatoria, al reunir hace poco y en su cena anual, a los principales candidatos presidenciales. Aunque también será difícil que alguna de ellas prospere o se concrete antes de las primarias.

Macri dio su visto bueno a la iniciativa de Argentina Debate, que ya fijó fecha para un debate entre los presidenciables: el domingo 4 de octubre por la noche. En tanto, su partido promueve la propuesta parlamentaria para sancionar la obligatoriedad de los debates presidenciales, pero sus diputados prefirieron no confrontar y se llamaron a silencio en la Comisión de Asuntos Constitucionales ante un cuestionamiento del oficialismo: el kirchnerismo le reprochó que mientras desde el PRO adhieren a la iniciativa común, su candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, rechazaba un debate en el ballottage porteño porque ya había debatido antes de la primera vuelta.

Desde el Frente Renovador agitan el debate de los candidatos como una bandera propia, después de que Sergio Massa sufrió la deserción de muchos de los intendentes bonaerenses que los apoyaban y luego de que su intención de voto descendió de los primeros lugares en las encuestas. Massa proclama que sus adversarios Scioli y Macri “tienen miedo de hablar” y los desafía al debate. Fue el primero a sumarse a la propuesta del Cippec. Luego de sellar la alianza electoral UNA con el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, Massa se propuso predicar con el ejemplo y debatió con el cordobés. Pero la experiencia del debate entre ambos en el set del canal de noticias TN, con duras críticas y acusaciones mutuas, terminó por postergar –sin fechas– la maratón que incluía otros nueve debates en distintos puntos del país y que se promocionaban como parte del espíritu dialoguista de sus propios espacios políticos. En tanto, el candidato delasotista para sucederlo en el gobernación, Juan Schiaretti, rompía con una prolongada tradición cordobesa al negarse a participar del debate que la Universidad Nacional de Córdoba organiza en cada elección provincial. Una negativa a la que se sumó primero el radical Oscar Aguad y finalmente el kirchnerista Eduardo Accastello, cuyo objetivo en el debate era confrontar con Schiaretti.

El resto de los candidatos presidenciales que viene desde atrás en las encuestas está dispuesto a debatir. La mayoría de ellos –como Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá, entre otros– se subió a la propuesta de Argentina Debate. El titular de la ONG, Hernán Charosky, participó como invitado de la discusión en la Cámara baja, donde destacó que “el espíritu del dictamen es construir un bien público” pero advirtió sobre la posibilidad de que haya “una utilización distorsiva de la obligatoriedad”, como una forma de reivindicar su propuesta de “consenso”.

La diputada Carla Carrizo (Suma+), que comandó la subcomisión que logró el acuerdo entre siete bloques parlamentarios, le salió al cruce. “Yo también tengo motivos para sospechar de las organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo Carrizo e insistió en que los debates no deben quedar librados “a la voluntad de los grupos de poder”, donde puso como ejemplo el debate a jefe de Gobierno que organizó al señal TN, que “marginó a los candidatos de izquierda (Myriam Bregman y Luis Zamora), que también recibieron el respaldo ciudadano en las PASO”. “Cambiamos el paradigma, no regulamos a favor de los candidatos sino a favor del derecho ciudadano de conocer lo que proponen quienes se postulan para dirigir el país”, dijo.

Todas las bancadas que respaldaron el proyecto coinciden en la necesidad de convertirlo en ley. Las dudas radican si los tiempos parlamentarios y la voluntad política acompañarán para que la misma se pueda implementar en las elecciones presidenciales de este año. También coinciden es en que si no se logra este año, los candidatos presidenciales de 2019 tendrán la obligación de debatir.

El proyecto

El texto consensuado por la mayoría de las bancadas parlamentarias consta de diez artículos. En ellos se plantea la “obligatoriedad” para los candidatos presidenciales ya oficializados tras las PASO de “participar de un debate público en el que expondrán a la ciudadanía las propuestas relativas a su plan de gobierno”. Una obligación que se traslada para los dos candidatos más votados en caso de un ballottage. La Cámara Nacional Electoral será quien tenga a cargo la organización del debate, que deberá realizarse entre 20 y 10 días hábiles antes de la fecha de la elección. La CNE elaborará un reglamento en cada año electoral, para que el mismo no perima con el paso del tiempo. Podrán participar de su redacción personas físicas o jurídicas, estatales o privadas. Mediante una audiencia con los candidatos se consensuará el lugar y horario del debate, los temas, tiempos, y el o los moderadores; además de realizar un sorteo público para el orden en que expondrán sus posturas. Los debates serán transmitidos en vivo y en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y a través de Internet. Esas señales estarán a disposición de todos los medios que deseen transmitir el debate de manera simultánea.

Aquellos candidatos que no cumplan con el debate serán sancionados con el descuento de 20 segundos del espacio de publicidad gratuita, en cada uno de sus spots. En ese tiempo se leerá la leyenda: “El siguiente espacio ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral a una agrupación política cuyo candidato a presidente no cumple con la obligación de debatir”. El punto más cuestionado de la iniciativa y podría quedar descartado cuando el debate llegue al recinto plantea que “las decisiones de la Cámara Nacional Electoral respecto a la fecha, hora, lugar del debate y a la designación del moderador son irrecurribles”, lo que contradice al propio Código Civil. El financiamiento del debate estará fijado en la ley de presupuesto.