El Banco de Valores, agente de liquidación, compensación y administración de productos bursátiles, abonó ayer 185 millones de pesos al Banco Central por una multa aplicada por operaciones en el mercado ilegal de divisas. La sanción quedó en firme luego de que la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal desestimara una cautelar presentada por la entidad financiera propiedad del Mercado de Valores. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc) había multado el año pasado a la firma y a sus entonces directivos a partir de una fiscalización realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF) entre junio y octubre de 2008. En esos procedimientos se determinó insuficiente la documentación sobre el origen de los fondos de operaciones vinculadas con el giro de divisas al exterior mediante el contado con liquidación, que consiste en pasar pesos a dólares mediante la compra de bonos o acciones en el país y su venta en el exterior. La compañía cuenta aún con la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, pero debió primero pagar la multa.

Durante una serie de procedimientos realizados por la UIF se reveló que el Banco de Valores confeccionaba de manera incompleta los legajos de clientes que compraban títulos. Según explicaron fuentes de la Sefyc, que conduce Germán Feldman, no se pedía información sobre el origen de los fondos, con lo que “existe la posibilidad de estar ante maniobras de lavado”. Según el expediente, se relevaron 29 legajos de personas físicas que cursaron operaciones de contado con liquidación, siendo el monto transado varias veces superior al patrimonio que informaban estos contribuyentes. En los considerandos del sumario administrativo se presume infracciones financieras por un monto total de 194 millones de dólares en títulos públicos.

Tras el duro reproche de la Presidenta por la ineficacia regulatoria del Banco Central, la Sefyc comenzó a activar algunos de los tantos sumarios que se mantienen archivados. En ese marco, el 29 de octubre pasado dispuso la mayor sanción del BCRA en su historia. Multó con 82,3 millones de pesos a la entidad, que pertenece al Mercado de Valores (en un 99 por ciento) y a la Bolsa de Comercio, y otros 79,3 millones a sus gerentes y síndicos. Esta última se divide entre los ex directores Héctor Bacqué, Miguel García Labougle y Mario Rossi, con 8,23 millones de pesos a cada uno; al ex director Héctor Luis Scasserra, el mismo que está implicado en un caso similar con la financiera Arpenta, con 7,5 millones; al director Héctor Fernández Saavedra, 5,8 millones; a los síndicos Miguel Mazzei, Guillermo Alchouron y Carlos Brady Alet, con 5,8 millones a cada uno. Alchouron fue diputado por Acción por la República, el partido fundado por Cavallo, y entre 1984 y 1990 presidente de la Sociedad Rural. Junto con Brady Aley forma parte del estudio jurídico Alchouron, Berisso, Bredy Alet, Fernández Pelayo y Balconi. Entre sus principales clientes se encuentra el Banco de Valores.

La cifra asciende a 161,6 millones de pesos, que se amplió a 185 millones por los intereses acumulados. Luego de aplicarse la sanción, el Banco de Valores solicitó una medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual fue concedida interinamente por la Sala I el 5 de diciembre pasado, suspendiendo los efectos de la resolución del Superintendente hasta tanto el tribunal resuelva la medida cautelar solicitada. Según explicaron fuentes judiciales, el tribunal resolvió el viernes último rechazar la medida cautelar y, en consecuencia, el BCRA pudo ejecutar la multa. “Por esta razón y ante el inicio de la ejecución y su intimación es que el Banco de Valores se presentó a abonar la multa”, señalaron. Según fuentes del mercado, los fondos se giraron anteanoche al organismo monetario.

El banco justificó los incumplimientos en su obligación de “conocer al cliente” en que sólo atiende a 133 agentes de Bolsa, a quien ofrece sus servicios de custodia de valores negociables. Desde el Central remarcaron que, siendo tan pocos sus clientes, la falta de documentación es un agravante ante las sospechas de facilitar las operaciones de contado con liquidación, un vehículo utilizado por empresas y grandes inversores para fugar divisas del país. En ese momento, no existía la disposición de retener en cartera 72 horas hábiles los títulos antes de su venta en el exterior, lo que permitía que ambas operaciones (compra y venta) se realizaran en simultáneo, lo que se denominaba dólar cable. La sanción de la Superintendencia incluye faltas por legajos incompletos, no aplicarse las disposiciones para el conocimiento del cliente e incumplimiento de las normas de lavado.