Las distintas fuerzas de la oposición parlamentaria presentaron públicamente ayer en el Congreso un documento conjunto que bajo el título de Acuerdo Interpartidario para la Transparencia Electoral propone una serie de modificaciones para implementar en las elecciones presidenciales del 25 de octubre y que llevarán ante la Cámara Nacional Electoral. Entre las propuestas opositoras se plantea la “calificación de las autoridades de mesa”, que las mismas dispongan de una cantidad de boletas partidarias para reponer en caso que sea necesario; que haya copias de las actas de escrutinio para todas las fuerzas que participan en la elección, la designación de fiscales partidarios para supervisar la carga informática de datos y la aplicación de un sistema “equilibrado y aleatorio” para evitar “la manipulación de tendencias” en el resultado, además de un control del operativo de las fuerzas de seguridad. En tanto, el Gobierno a través de la Dirección Nacional Electoral también propuso a la Justicia una batería de medidas para reforzar el control del comicio, que incluye mecanismos para la reposición de boletas, actas de escrutinio de papel moneda, con copia y “sistema inviolable”, cámaras que transmitan en directo la carga de datos y GPS para los vehículos que trasladan las urnas, para evitar cualquier cuestionamiento al resultado electoral.

El documento de las fuerzas opositoras consta de siete puntos, seis de ellos dirigidos a la Cámara Nacional Electoral, a la que solicitaron un encuentro aunque el órgano judicial ya había pautado una reunión con los apoderados de los partidos que integran los distintos frentes y alianzas electorales para el 15 de setiembre. El último punto forma parte de un acuerdo político para intentar “generar, fomentar y sostener un clima de sana convivencia política y democrática” entre las distintas fuerzas opositoras, además de tratar de implementar un fiscal repositor de boletas para todas las alianzas electorales opositoras cada ocho mesas e intercambiar información sobre los cómputos.

El mismo fue dado a conocer ayer en el anexo de la Cámara de Diputados durante una rueda de prensa de la que participaron los diputados Mario Negri (UCR), Federico Pinedo y Patricia Bullrich (PRO) y Fernando Sánchez (CC) por la alianza Cambiemos, Adrián Pérez y Oscar Martínez (FR) por UNA, Omar Duclos (GEN) y Juan Carlos Zabalza (PS) por Progresistas e Ivana Bianchi por Compromiso Federal, entre otros legisladores.

Bullrich tomó la batuta para explicar que las propuestas opositoras fueron elaboradas “luego de las PASO y las elecciones de Tucumán”, donde se efectuaron diversas denuncias “como robo de boletas”, para evitar que se “sucedan las mismas situaciones en las elecciones de octubre”. “Estas medidas se pueden llevar adelante sin sesión en el Parlamento y sin reforma de la legislación electoral”, dejó en claro Negri. “Dependen de la voluntad de la Justicia”, precisó Bianchi. “Son medidas fácilmente aplicables por el Poder Judicial”, sumó Sánchez.

El primero de los puntos propone que las autoridades de mesa sean preferentemente docentes y funcionarios del Poder Judicial, que los mismos sean capacitados obligatoriamente y que su nómina total se publique con 15 días de antelación a los comicios. El segundo solicita que las autoridades de mesa dispongan de las boletas para reponer en caso que sea necesario y que dicha provisión no sea inferior al 50 por ciento de los electores de cada mesa. Continúa con el pedido de que se modifique el acta de los resultados con casilleros para identificar las cifras y que haya copias de las mismas para todos los fiscales de los partidos que participan de la elección.

Que la Justicia Electoral designe fiscales partidarios para supervisar la carga de datos, que se reemplace el telegrama por el acta de escrutinio y su publicación en simultáneo con la carga, además de que el Correo Argentino identifique previamente al personal que estará cargo de cada una de las tareas. Así como que haya un delegado de la justicia electoral por escuela y que la carga informática de las mesas sea aleatoria para impedir la supuesta manipulación de tendencias del resultado.

De todas maneras, el gobierno nacional, luego de oponerse al cambio del sistema de votación en medio del proceso abierto con las PASO, decidió anticiparse a los reclamos opositores y propuso a través de la Comisión Nacional Electoral, que depende del Ministerio de Justicia, una serie de medidas a la Justicia Electoral para aumentar los controles sobre la elección de octubre. Su director, Alejandro Tullio, envió a la Cámara Nacional Electoral propuestas para definir criterios comunes para la reposición de boletas para todas las jurisdicciones electorales y que se habilite una línea telefónica para avisar a los fiscales sobre faltantes.

Tullio también avisó que la Casa de la Moneda analiza la compra de papel especial para las copias de las actas y la implementación de un sistema de traslado en una bolsa inviolable. La instalación de pantallas para transmitir en directo la carga de datos para que pueda ser vista por los fiscales partidarios, así como la instalación de GPS a los vehículos que trasladan las urnas para saber su recorrido.