A Roberto Arrieta lo mató una bala policial. De eso no cabe duda. Una posta de perdigones de goma disparada a escasa distancia por un uniformado de la comisaría quinta de Puerto General San Martín, en los bordes del Gran Rosario. De hecho, por la investigación judicial ayer fue ordenada la prisión preventiva de Jonathan Emanuel Puebla, el uniformado que el domingo pasado jaló el gatillo en el umbral de la comisaría misma que, dicho sea de paso pero no al margen, es una comisaría con historial de violencia uniformada. La muerte de Arrieta, un joven de 22 años, a manos de otro, de 25 pero imbuído de poder por el Estado, es investigada por la fiscal Karina Bartocci, de la flamante Unidad Fiscal de Investigación de Violencia y Corrupción institucional, que cuenta con una secretaria y una pasante (y ella, claro) para investigar todos los casos de violencia policial que anden deambulando por la zona y que ahora se descubre que abundan.

Hasta ese punto, el caso parece claro. Demasiados testigos, incluso que filmaron la escena, para sostener otra versión (suicidio; accidente al limpiar el arma; o arma que cae al piso y el sino del destino que percute sobre la víctima). Pese a todo, la versión policial se las arregló para irrumpir contradictoria con la de la víctima y de un modo muy simple: Arrieta aparece como acusado. No del disparo, pero si en la tenue línea moral que lo lleva a la comisaría prácticamente en averiguación de antecedentes por haber cometido algo que no llega a ser siquiera una falta de tránsito comprobada.

Una de las versiones sostiene que Roberto Arrieta iba en su moto, el domingo pasado, día de su cumpleaños, con su novia, y a la altura de Córdoba y avenida San Martín, muy cerca del arroyo que separa la localidad de Puerto San Lorenzo, chocó o fue chocado por un patrullero y rodaron por el piso. Llegó una ambulancia y tras las atenciones por lesiones leves, se dirigió a la 5ª, a dos cuadras y media, a presentar su denuncia y, de paso, quejarse. Antes, hizo llamados a familiares y amigos para que lo acompañaran. Los familiares acudieron; el ambiente se puso un poco más crítico, se produjo un impasse, una especie de bisagra, en la que el uniformado Jonathan Puebla tomó una escopeta antitumultos y disparó dos veces al aire, con el criterio policial de calmar los ánimos a tiros. Entre los familiares había chicos. Arrieta le recriminó que disparara, “cómo vas a hacer eso, tirame a mí”, espetó sin pensar. Y el mono con navaja tiró.

La otra versión no sostiene lo contrario, pero llega a conclusiones diametralmente opuestas, Arrieta iba con su novia en moto e intentó esquivar un control policial. Lo persiguieron entonces un patrullero y una moto, hasta que en Córdoba y San Martín, lo tocaron, perdió el control de la moto y cayeron al piso. Después de ser atendido fue trasladado a la comisaría para averiguación de antecedentes. En eso, llegó una turba de familiares y amigos muy excitados que comenzaron a discutir airadamente con los policías. En ese momento, el suboficial Puebla tomó un arma antitumulto y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el pecho de Arrieta, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde llegó muerto.

Adivine a quién pertenece cada versión.

“Si fuera como dice la policía, de todas maneras es gravísimo y de ninguna manera se puede actuar así –dijo a Página/12 el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli–. A la misma comisaría la denuncié porque una mujer había sufrido violencia por parte de su pareja, que tenía amigos policías. La subieron a golpes a un patrullero y la trasladaron a la comisaría donde la mantuvieron encerrada nueve horas y la siguieron golpeando. Presentamos la denuncia pero no se avanzó ni judicialmente ni administrativamente. El mensaje que queda es que se puede hacer cualquier cosa sin consecuencias.”

Ayer, el juez penal de San Lorenzo, Eduardo Filocco, ordenó la prisión preventiva del suboficial Puebla, imputado de homicidio, a pedido de la fiscal Bartocci. Todavía no está claro con qué tipo de homicidio será calificado el delito cometido. Bartocci analiza el desarrollo de los hechos para lo que pidió la entrega de todas la filmaciones. Que las pruebas vayan en un sentido o en otro pueden modificar la calificación y la situación procesal del uniformado. Si disparó porque se tropezó, porque se vio presionado o porque tenía el dedo frágil, podrán llevar el caso desde un homicidio agravado a uno culposo, con diferencias siderales en los montos de pena y de credibilidad en la función de la justicia.

De cualquier modo que se resuelva, la idea de violencia institucional no debería quedar adosada a la víctima, una costumbre difundida.

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