Desde Nueva York

Nadie quiere anticipar cuántos votos lograrán esta tarde en la Asamblea General de la ONU los nueve principios básicos para guiar las reestructuraciones de deuda soberanas pero en el G-77 más China están convencidos que serán aprobados. Los lineamientos que impulsó el gobierno argentino están diseñados para limitar el accionar carroñero del sistema financiero internacional, proteger a los acreedores de buena fe y legitimar la capacidad de los Estados a reestructurar sus pasivos. La resolución que hoy será discutida representa un paso intermedio en un proceso que apunta hacia la creación de una de ley de quiebras, como la disponible en los casos de empresas insolventes, para los estados soberanos. El proyecto beneficia a todas las economías con problemas de deuda como Grecia, Ucrania, España y Puerto Rico, pero reviste especial relevancia para el país. Como parte de su estrategia en la disputa con los fondos buitre, los equipos diplomático y económico habilitaron el espacio de discusión en el organismo multilateral. Por eso, al canciller Héctor Timerman y la embajadora permanente en Naciones Unidas, Marita Perceval, se sumará hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof.

“Un estado soberano tiene derecho a diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”, sentencia la primera línea de los nueve principios básicos que hoy será votada en la ONU para comenzar a cubrir los vacíos legales que explotan los buitres. “Son ideas de sentido común a las que nadie se puede negar pero es difícil que la prepotencia del poder las acepte”, explicó a este diario la embajadora Perceval al enumerar los principios: buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad y sustentabilidad. Si fuera una regla obligatoria, el noveno punto socavaría el accionar de los buitres como Elliott Management de Paul Singer: “Las reestructuraciones que sean aceptadas por una mayoría calificada de acreedores del país no pueden verse afectadas, comprometidas o impedidas por otro Estado o una minoría no representativa de acreedores”.

Cuando se decidió discutir el tema en la Asamblea General de la ONU la propuesta cosechó 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. El G-77 más China fue el principal respaldo (son 134 países pero algunos no estuvieron presentes en septiembre de 2014) y la oposición provino de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Si bien consideran que el problema debe ser abordado, esos países sostienen que las modificaciones en las cláusulas de los contratos propuesta por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales es la vía adecuada. “Este es el foro más democrático, los países que se opusieron a lo largo de todo el año representan menos del 7 por ciento de los votos en la ONU pero alcanzan más del 40 por ciento en el FMI”, indicó a Página/12 la embajadora argentina ante el organismo multilateral Marita Perceval en su oficina del piso 25 desde donde tiene una vista privilegiada de Queens.

“Estos principios vienen a fortalecer la capacidad de los estados para reestructurar sus deudas y garantizar su soberanía, pero también se trata de defender los derechos legítimos de los acreedores de buena fe quienes se ven afectados por el comportamiento de los buitres”, señaló en diálogo con este diario la embajadora Cecilia Nahón que también arribó ayer a la calurosa y pegajosa isla de Manhattan desde Washington. La ansiedad por la votación en la Asamblea General no se agota en los funcionarios y diplomáticos argentinos que van llegando a las oficinas de la misión permanente del país ante la ONU ubicadas frente a la sede central del organismo.

Los representantes de los países que acompañan la iniciativa –se espera que sean más de 120– y los expertos encabezados por el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz y el director de Unctad Richard Kozul-Wright (ver aparte) que llevaron adelante los debates técnicos también aguardan con interés el resultado. “No cualquier país se hubiera animado a plantear este tema en Naciones Unidas, hizo falta el músculo del gobierno argentino y sus diplomáticos para lograrlo, otros países vivieron iguales o peores situaciones y no tuvieron la fortaleza para implementar la discusión”, indicó a Página/12 el representante boliviano en el organismo, Sacha Llorenti, que fue una pieza fundamental para sostener la iniciativa desde el año pasado cuando su país conducía el G-77 más China. Al esperable respaldo de los países del Mercosur, Unasur y Celac se sumaron los apoyos activos de Egipto y Sudáfrica.