Desde Nueva York

Como director de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) Richard Kozul-Wright estuvo a cargo del secretariado de las negociaciones de los principios básicos para guiar las reestructuraciones de deudas soberanas. Junto con los representantes de los países y un grupo de expertos llevaron adelante la redacción de los nueve lineamientos que hoy serán sometidos a votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Las debilidades del sistema actual quedaron en evidencia con los casos recientes de Grecia y Argentina. La adopción e institucionalización de estos principios va a dificultar que los fondos buitre continúen explotando los agujeros legales del sistema financiero internacional”, sostuvo el economista británico en diálogo con Página/12 en las oficinas que la Unctad tiene en la sede del organismo multilateral en Nueva York. Kozul-Wright trabaja en Ginebra, pero llegó ayer a Estados Unidos para seguir de cerca la votación que tendrá lugar esta tarde.

–¿Por qué los nueve principios para guiar las reestructuraciones de deuda son relevantes?

–Logramos recuperar la atención de la comunidad internacional sobre las asimetrías entre las leyes de quiebra nacionales y la ausencia de principios y reglas comparables para hacer frente a los problemas de deudas soberanas. La idea fundamental de las leyes de quiebras es facilitar un proceso ordenado de reestructuración de los pasivos que balancee los intereses, muchas veces divergentes, de los deudores y acreedores, minimizando los costos sociales y económicos. Con ese argumento los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial impulsaron a los países en desarrollo golpeados por crisis financieras en los noventa a mejorar sus leyes. Pero, cuando se trata de las crisis de deuda soberana y su resolución esas mismas instituciones y sus miembros más poderosos se oponen a aplicar la misma lógica. Son renuentes a abordar un sistema ineficiente y fragmentado que hoy exhibe un claro sesgo en favor de los derechos de los acreedores. En ese contexto las discusiones en la ONU representan un instrumento para ampliar el debate desde una limitada perspectiva legal hacia una visión económica, política y legal más amplia.

–¿El objetivo no era crear un marco jurídico internacional?

–Los nueve principios son un gran paso hacia adelante. Las debilidades y agujeros en los mecanismos disponibles para manejar los problemas asociados a las deudas soberanas dejan en evidencia la necesidad de ir más allá. El diseño de un marco regulatorio internacional es ofrecer reglas transparentes, predecibles, justas y eficientes para resolver esos problemas que sean obligatorias para todas las partes. Cuando comenzó el proceso un año atrás existía la idea de que para estas fechas tendríamos un mecanismo para conducir las reestructuraciones de deuda funcionando. Nunca fue algo realista. Logramos elaborar un conjunto de principios generales que permiten seguir discutiendo. Dada la resistencia que encontró el proceso, es un logro destacable. Al ser las principales jurisdicciones para la emisión de bonos, Estados Unidos e Inglaterra tienen un enorme interés en mantener el status quo. Pero comienzan a escucharse muchas voces en esos países donde también hay problemas de deuda, como los hipotecarios, que habilitan un acercamiento distinto al tema. La adopción e institucionalización de estos principios va a dificultar que los fondos buitre continúen explotando los agujeros legales del sistema financiero internacional. El daño que pueden causar los hedge funds agresivos va más allá de las crisis de deuda soberana y las restructuraciones de deuda. Como sabemos jugaron un rol central en el desarrollo de la crisis internacional.

–¿La problemática está limitada a los casos de Argentina y Grecia?

–Las debilidades del sistema actual quedaron en evidencia con los casos de Argentina, Grecia, Ucrania y Puerto Rico pero nuestras preocupaciones están puestas sobre posibles crisis financieras que afecten a los países en desarrollo. La disputa Argentina con los buitres es lo que volvió a poner, tras el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, el tema en la mesa de discusión internacional. Pero el gobierno ha sido muy claro desde el principio al vincular sus problemas específicos con el desafío más amplio que presentan la sustentabilidad de las deudas y las reestructuraciones. Los niveles de endeudamiento público y privado siguen creciendo y hoy los riesgos para las economías en desarrollo son todavía mayores. El estancamiento económico, el incremento en las tasas de interés y la caída en el precio de las materias primas son algunas de las tendencias que deberán enfrentar los países en desarrollo para evitar tener problemas de deuda más severos.