La cuestión cambiaria quedó instalada en el centro de la campaña. Pero no sólo por el valor que podría alcanzar el dólar con una megadevaluación, sino también por el rol que debería tener la autoridad de aplicación, en este caso el Banco Central, en la regulación del mercado de divisas. Los cuestionamientos a la figura del presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, de las últimas semanas, disparados desde las filas de la alianza Cambiemos, apuntaron más a rechazar la política de regulación del Banco Central sobre tasas de interés, estabilidad cambiaria, control de comisiones bancarias y orientación de crédito, que a la investigación de la conducta del mencionado funcionario en supuesto perjuicio de los intereses de la entidad, interpretaron desde las filas del FpV. El reclamo de altos funcionarios del PRO, reclamando la derogación de la Carta Orgánica del BCRA, recientemente recuperada, “desnuda una visión de sistema financiero y cambiario liberado de toda restricción y con un banco central reducido a su mínima expresión, tal como había quedado definido en los 90”, explican desde ese mismo espacio.

La Carta Orgánica del Banco Central fue modificada hace apenas poco más de tres años, en 2012, para devolverle a la autoridad monetaria las facultades para controlar y orientar la actividad bancaria en favor del crecimiento y el empleo. El debate con el capital financiero más concentrado, en aquel año, era si debía otorgársele ese “rol político” al Central o si su función debería quedar circunscripta a la de “velar por la estabilidad monetaria”. El 4 de marzo de ese año, Alfredo Zaiat resumió en estas palabras la importancia de la cuestión. “El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que incluye cambios a la ley de convertibilidad, es la reforma financiera más importante para desmontar el modelo neoliberal en el sistema bancario instalado por la dictadura de 18976 y perfeccionado por Domingo Cavallo durante los 90” (“Desmalezar”, nota de opinión, Página/12). Precisamente, lo que aparece ahora tras la embestida de Cambiemos sobre Vanoli, envuelta en una denuncia por supuesto mal desempeño de sus funciones, es la intención de reinstalar ese modelo de banca central que Cavallo diseñó en 1992 y fue piedra basal de la convertibilidad menemista.

Aunque el candidato Mauricio Macri se empeñe en tomar distancia de los 90, el accionar de sus socios políticos se ocupa de tender los puentes. En los últimos días de octubre, los diputados Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (PRO) presentaron una denuncia contra Vanoli por “presunta defraudación a la administración pública” a través de contratos de precios de dólar a futuro. El denunciante original de la supuesta “maniobra” fue Alfonso Prat-Gay, que acusó a Vanoli de comprometer al Banco Central en seguros de cambio a plazo por valores muy inferiores a los que se cotizan operaciones similares en Nueva York. Es decir, si al vencimiento el dólar cotizara por encima del precio pactado, el BCRA debería pagar la diferencia (en pesos). Si cotizara por debajo, cobraría la diferencia. Desde octubre de 2014 a la fecha, este tipo de operaciones, que el BCRA no hace para ganar plata sino para contrarrestar la incertidumbre en el mercado, le rindieron un resultado neto a favor de 5500 millones de pesos, probablemente porque “el mercado” jugó a favor de una devaluación que no se concretó.

Prat Gay lanzó la acusación pero no presentó la denuncia, sino que lo hicieron sus socios políticos de la UCR cordobesa y del PRO porteño. Pero tras la denuncia sí apareció en tribunales, en carácter de perito o experto, como si se tratara de un asunto en el que pudiera dar una opinión profesional independiente. Por sus antecedentes, debería tener conocimientos profundos del tema, ya que fue director del Area de Monedas del JP Morgan, la sociedad inversora que conforma el triángulo del poder financiero en Nueva York. Pero ese mismo antecedente habla de su falta de independencia, cuando lo que está en discusión, en el fondo, es si el Banco Central tendrá las facultades de ejercer el rol de regulador del sistema financiero por encima de las entidades, o si estas controlarán la plaza y la autoridad monetaria se limitará a un subsidiario papel de “estabilizador de la moneda”, emitiendo más o absorbiendo pesos, según le indique “el mercado”.

La mencionada Carta Orgánica es la que habilita al Banco Central a operar en el mercado de futuros “con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”. Es decir, así como regula el precio de contado del dólar con intervenciones de compra o venta, lo hace en el de futuro. El cuestionamiento que le hacen a las autoridades del Central es que están vendiendo en el mercado a futuro local “muy por debajo” del valor de mercado del dólar futuro en pesos, tomando como referencia para dicha afirmación la cotización en mercados secundarios de Nueva York. El diferencial sería de cuatro pesos por dólar, lo cual sugeriría que se está haciendo un pésimo negocio para el BCRA y, a la vez, se estaría favoreciendo a capitales privados (la contraparte en el contrato) que embolsarían la diferencia al arbitrarla (haciendo la operación de compraventa inversa) en el exterior.

Para los técnicos en la materia, ese razonamiento tiene dos fallas elementales. Por un lado, no hay arbitraje entre las operaciones locales, hechas a través de los mercados electrónicos locales autorizados (Rofex y MAE) y sólo entre operadores habilitados, y el mercado secundario que los denunciantes toman de referencia en Nueva York, que es un mercado informal y con el cual las normas vigentes en el país no permiten que se opere a través del dólar oficial. Recuérdese, además, que toda la operatoria loca se hace en pesos, con lo cual no hay dólar billete que pase a manos de quien contrate con el Banco Central. Por otro lado, no hay contratación directa y el ofrecimiento de uno y aceptación de otro se hace por mercado electrónico. Por lo tanto, no hay posibilidad de que “se busque” beneficiar a alguien con el contrato con el supuesto interés de asegurarle un negocio.

Yendo ahora al propósito político de la denuncia, dada la inconsistencia de la imputación de defraudación, cabe interpretar que lo que se cuestiona no es el bajo precio al que se negocia el contrato a futuro, sino el mismo hecho de que el BCRA intervenga para bajar el precio a futuro. Para expresarlo en términos más claros: el cuestionamiento a los contratos a término sería equivalente a decir que las autoridades “defraudan” al Estado porque venden en el mercado cambiario dólares a 9,63 pesos, cuando podrían vender esos mismos dólares en el “contado con liqui” a 13,60 pesos, mediante operaciones que no son ilegales. El Estado también estaría “perdiendo de ganar” 4 pesos por dólar. El tema es que la misión del BCRA es regular y administrar el mercado cambiario y no, hacer negocios rentables. Al menos, para su actual conducción.

El cuestionamiento presentado por Prat-Gay, con la firma de Negri y Pinedo, desnuda la intención, por un lado, de correr al Banco Central de sus funciones de regulador y administrador del mercado financiero y cambiario. Por otro, de la firma apuesta a la devaluación de bloque opositor (por si alguna duda quedaba). Finalmente, expresa la voluntad de volver al esquema de los 90 que implantó Cavallo, con un rol pasivo del Banco Central, sin obligaciones ni objetivos de promover el crédito productivo, el empleo ni mucho menos proteger a la industria nacional de los ataques comerciales del sector externo. Y con un mundo en crisis económica y sobreofertado, por si lo anterior fuera poco.