El primer paso del flamante Ministerio de Hacienda y Finanzas para intentar cerrar la disputa con los fondos buitre fue un anticipado encuentro el lunes en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador impuesto por el magistrado neoyorquino Thomas Griesa ante el berenjenal creado por sus extravagantes decisiones. Desde el estudio del cuestionado letrado estadounidense informaron ayer que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, “expresó al Sr. Pollack la intención de la nueva administración de comenzar las negociaciones prontamente después de que asuman sus cargos” aunque “no se estableció fecha específica para ese diálogo”. Jugada la carta de presentación, el nuevo gobierno priorizará la sanción de un paquete legislativo que habilite al nuevo equipo económico encabezado por Alfonso Prat-Gay a negociar con los acreedores carroñeros. Para legitimar su hoja de ruta y habilitar la operación financiera, será necesario modificar el plexo normativo que impide ofrecer mejores condiciones financieras a las entregadas durante la reestructuración.

Como se presenta improbable obtener un cheque en blanco del Congreso para negociar con los buitres, una estrategia alternativa consiste en acordar con el mayor número posible de acreedores carroñeros a través del mediador Pollack y, recién ahí, buscar la ratificación legislativa. Cualquiera sea el camino elegido, el próximo gobierno deberá modificar (o derogar) la ley de Pago Soberano sancionada el año pasado.

El monto a desembolsar, mediante una operatoria con bonos que contará con la participación de bancos de inversión internacionales, ronda entre los 10 y 22 mil millones de dólares. La cifra depende de las quitas que se acuerden. Desde la visión del nuevo equipo económico, alcanzar un acuerdo con los “holdouts” es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgo y a menor costo. Por eso, la modificación (o derogación) del cuerpo legislativo vigente es una “prioridad” del gobierno de Mauricio Macri.

No se trata solamente de facilitar la emisión de deuda externa para obtener divisas, sino de aceitarle el camino a provincias y grandes empresas. Alcanzar ese objetivo no depende solamente de un acuerdo con los buitres sino de las condiciones financieras internacionales, fundamentalmente la anticipada suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Ninguna solución al prolongado conflicto será sencilla. El estudio del “mediador emplumado”, como definieron a Pollack en el equipo económico saliente, se presenta para Prat-Gay como un espacio viable para negociar con los holdouts. El letrado neoyorquino también mantuvo el lunes un encuentro con los representantes de los fondos buitre aunque, según informó a través de un comunicado, “no hubo negociaciones sustantivas para resolver el litigio pendiente por la deuda en ninguna de las dos reuniones”.

La solución definitiva del conflicto exige la participación del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos en default, el total de los acreedores que quedaron afuera del canje por haber rechazado las ofertas de 2005 y 2010. Prat-Gay anticipó que avanzará por etapas: primero será el turno de los buitres encabezados por Elliott Management de Paul Singer, y luego les tocará a los llamados “me too” que ya poseen sentencias en el tribunal de Manhattan. El fallo de Griesa les reconoce una rentabilidad del 1600 por ciento frente al precio de remate al que adquirieron los bonos, mientras que quienes ingresaron al canje aceptaron una quita cercana al 70 por ciento del valor nominal de sus acreencias.

Según anticipó el ministro que asume hoy, una vez logrado el visto bueno de los buitres originales se avanzará con el resto. Por eso, la iniciativa legislativa debería dejar la ventanilla abierta para que regularice la situación la mayor cantidad posible de acreedores carroñeros. “La instrucción de Macri es iniciar una discusión en el juzgado lo antes posible. Primero, vamos a Nueva York donde está el problema jurídicamente más abroquelado, somos conscientes que eso es la mitad del problema, luego queda el resto”, anticipó Prat-Gay durante una serie de entrevistas realizadas el fin de semana por Clarín, La Nación y Perfil. Si le estrategia legislativa fracasa, Macri y su gabinete podrían derogar las leyes necesarias y habilitar la operación financiera para pagar a través de un decreto de necesidad y urgencia. Se trata de la opción con menor posibilidad de prosperar, ya que puede ser revertida por el Congreso.