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A mediados de diciembre de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dio un giro de 180 grados al sistema de Inteligencia (ex SIDE) que se había alineado verticalmente con los servicios de Estados Unidos e Israel. El paso decisivo fue la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero todo se inició con el pedido de renuncia de los dos titulares de la Secretaría de Inteligencia (SI), Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Sus reemplazantes, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, no tuvieron como objetivo ocupar los mismos cargos, sino encabezar una reforma de todo el sistema. Una de las decisiones más sorpresivas del gobierno kirchnerista fue la transferencia del sistema de escuchas telefónicas, la Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota), a la Procuración Nacional. Ese pase significó que las intervenciones dejaron de estar en la órbita del Poder Ejecutivo y quedaron en manos de la justicia. Poco después, en marzo de 2015, se envió al Congreso una nueva ley que determinó la disolución de la SI, su reemplazo por la AFI, con un director general en sintonía más democrática: deberá tener acuerdo del Senado y su mandato vence junto con el del Presidente de la Nación.

La firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por el caso del atentado contra la AMIA, produjo un brutal choque dentro del sistema de inteligencia. El acuerdo con Teherán sembró rechazos en la CIA y el Mossad que desarrollaban su propia guerra en Medio Oriente y sindicaban a Irán como uno de los integrantes del Eje del Mal. Siguiendo esa línea, el hombre fuerte de la Inteligencia argentina, Horacio Antonio Stiuso, operó en contra del Memorándum, sobre todo en un territorio en el que siempre tuvo enorme influencia: la Justicia federal y la fiscalía a cargo de Alberto Nisman. Cuando el Memorándum fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal, CFK tomó nota de que el aparato de Inteligencia no respondía a la posición argentina sino a la norteamericana e israelí.

El primer paso fue el pedido de renuncia a Icazuriaga, un hombre de confianza de la Presidenta pero que había perdido el control, y la designación de otro funcionario del riñón de Cristina, el secretario de la Presidencia, Parrilli. A su lado fue ubicado Juan Martín Mena, de buena experiencia en materia judicial y con el claro objetivo de sentar las bases de una reforma profunda.

La mayor conmoción fue el pase a retiro de Stiuso. Significó una verdadera revolución porque El Ingeniero, como lo llaman, dominó el aparato de espionaje argentino durante décadas, incluso a lo largo del mandato de los Kirchner. La muerte de Nisman dejó todavía más al descubierto la influencia de Stiuso y el alineamiento de éste con Estados Unidos. El celular del fiscal registraba llamadas con El Ingeniero y con otro jefe de la ex SIDE, Alberto Mazzino, quien admitió que Nisman esperaba que le entregaran escuchas telefónicas para respaldar su denuncia contra la Presidenta. Esas escuchas nunca aparecieron y según Stiuso y Mazzino no existían. En cualquier caso, la investigación de la muerte del fiscal mostró los vínculos entre la inteligencia y Nisman, aún cuando Stiuso y Mazzino habían sido desplazados un mes antes.

El proceso se redondeó con la ley que estableció la AFI. La medida se consideró un paso adelante, también recibió críticas del CELS, que reclamó un mayor control sobre los fondos y un menor tiempo para la desclasificación de la información de inteligencia. Pero uno de los puntos de máxima trascendencia fue que el cuestionado aparato de intervenciones telefónicas pasó a manos de la Procuración, que puso al frente a una fiscal intachable, Cristina Caamaño. Al mismo tiempo, las autoridades de la AFI requieren ahora de acuerdo del Senado, lo que obliga a revisar sus antecedentes.