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La Unidad de Renegociación comenzará hoy mismo la discusión individual de contratos de transportistas y distribuidoras, apenas horas después de que esa dependencia bajo el comando conjunto de Economía y Planificación les entregara la guía de cómo debe hacerse esa revisión. Pero lejos de animarse por esta deferencia, las empresas están preocupadas por la intención oficial de sancionar un marco regulatorio general para todas las privatizadas que pueda cambiar los principios sobre los cuales se diseñaron las adjudicaciones actuales. ¿Deponer los juicios contra el Estado para negociar, tal como pretende la gestión kirchnerista? Según aseguraron ayer off the record las adjudicatarias, esto sólo sería posible cuando estén redactados los nuevos acuerdos en términos “satisfactorio” para los adjudicatarios.
El compendio de normas para renegociar, entregado ayer por la Unidad a cargo de Gustavo Simeonoff, es una réplica del que la semana pasada se entregó a las transportistas y distribuidoras del gas. En él, el Gobierno no sólo ratifica la voluntad de que esas prestaciones queden en manos privadas sino que se compromete a readecuar sus condiciones (precio y calidad) en función del principio del “sacrificio compartido”: las tarifas serán descongeladas pero no alcanzarán el valor dólar que prometían los contratos originales.
Los plazos previstos también son idénticos a los que rigen para las empresas de gas: acuerdos definitivos antes de diciembre de 2004 y parciales antes de mayo de ese año, fecha límite para disponer un eventual ajuste tarifario “a cuenta” del valor definitivo que tendrán los servicios luego de la revisión contractual que formalmente comenzó horas atrás.
Tanto las transportistas como distribuidoras de luz y de gas serán las privilegiadas con un incremento que se anunciaría sólo cuando Néstor Kirchner dé luz verde para hacerlo. Pero esta promesa, formulada públicamente por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no alcanza para calmar el sensible ánimo de las firmas eléctricas.
Los abogados de una distribuidora advirtieron ayer al cuerpo de gerentes de la compañía que la ley de Emergencia Económica prevé restituir el equilibrio económico de los contratos, alterado por la devaluación, pero que en ningún momento desconoce su vigencia. “Se pueden cambiar cláusulas de los contratos pero no empezar de nuevo como si no existieran: eso sería vulnerar nuestro derecho de propiedad”, alertaba ayer uno de sus directivos ante este diario.
Los negociadores oficiales, sin embargo, tienen una interpretación diferente, que amplía el margen de maniobra estatal para fijar nuevas reglas. “La Emergencia suspende los marcos regulatorios y éstos son parte de los contratos que, por lo tanto, también están suspendidos”, corregía anoche ante este diario una fuente oficial.
Ese mismo funcionario del equipo renegociador ratificó que es condición sine qua non para comenzar la renegociación que las empresas “suspendan” los millonarios juicios iniciados ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por ruptura de contrato. Pero, al menos para algunas eléctricas, el orden es exactamente el inverso: “Ningún accionista va a desistir de nada hasta que no tenga un contrato renegociado satisfactoriamente”.
El creciente resquemor empresario hasta les hace desconfiar de la advertencia contenida en la guía sobre el “carácter dinámico del proceso”. Temen que esto signifique que el Estado pueda cambiar las reglas unilateral e imprevistamente aun después de que estén firmados los nuevos contratos. Sin embargo, esto admite una lectura más benévola como que se reajustarán nuevamente las tarifas en la medida que otros precios suban.