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Si faltaba algo para enrarecer el clima político de San Luis era un cadáver, y apareció. El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad capital, Osvaldo Ochoa, fue encontrado muerto en la madrugada de ayer a un costado de la ruta 146 que conduce a Quines, a unos 150 kilómetros de la capital. Ochoa le había tomado juramento a Daniel Pérsico como intendente electo de San Luis, en abierto desafío al poder de los hermanos Rodríguez Saá, que desconocieron el comicio. De hecho, el gobernador, Alberto, y el ahora diputado nacional, Adolfo –quien asumirá hoy su mandato–, respaldan como intendente a María Angélica Torrontegui, que piensa asumir el próximo 10 de diciembre. El jefe policial Miguel Angel Ubieta informó que en la autopsia de Ochoa no se encontró ninguna herida de bala y desafió con que “tendrán que dar cuenta ante la Justicia quienes dijeron eso”. Sin embargo, en la provincia las dudas persisten.
Ubieta empezó la conferencia de prensa a las 18 y explicó que el concejal había muerto en un accidente. Describió que la autopsia registró “tres vértebras rotas, el hígado pulverizado y golpes en la cabeza, pero no se encontró ninguna bala”. Algunos cronistas puntanos explican que “las sospechas surgen porque a esa hora recién empezaba la autopsia”. Otra de las dudas que no encontró una respuesta satisfactoria fue la del corresponsal de la agencia DyN, quien preguntó: “Si fue un accidente, por qué está detenida Andrea Fabiana Cardigone (la secretaria privada de Ochoa que viajaba con él)”. Ubieta dijo que no podía dar explicaciones ni informar en qué comisaría estaba la mujer. Horas antes, el ministro de La Legalidad (sic), Miguel Martínez Petrica, ya había dictado sentencia al decir que Ochoa falleció “en un accidente”.
La secretaria de Gobierno de la comuna, Miriam Agúndez, pidió que en la autopsia participara un perito independiente. El pedido cobraba sentido teniendo en cuenta que el encargado de realizar la autopsia fue el médico forense Samper Batini, quien se desempeñó alternativamente como médico de policía o forense desde la dictadura pasando por todos los mandatos de “El Adolfo” y ahora de su hermano. Finalmente no se confirmó si tuvo intervención, por lo menos, un perito de parte.
Ochoa –43 años, casado con ocho hijos– provenía del gremio telefónico y había militado en las filas del adolfismo hasta que se desató el conflicto en torno de la intendencia de San Luis. Desde que Alberto Rodríguez Saá asumió la gobernación se exacerbó la puja. La capital y Villa Mercedes son las únicas dos ciudades que, según establece la Constitución provincial, tienen autonomía institucional. Es decir que pueden dictar su carta orgánica y convocar a elecciones.
El intendente Carlos Ponce, ex ministro de Educación de “El Adolfo”, distanciado de su ex jefe, impulsó la convocatoria a elecciones para el 9 de noviembre con el aval del Concejo Deliberante y la segunda vuelta para el 23. El fiscal de Estado impugnó el llamado a elecciones y el Tribunal Superior de Justicia no sólo le dio la razón sino que –excediéndose en sus facultades– fijó el 23 para el comicio; ese día confiaban en el “arrastre” que provocaría la elección de diputados nacionales adonde reaparecería el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá. La comuna impugnó la decisión, recusó al tribunal ante la Corte Suprema de la Nación y pidió que se convocara a conjueces, pero nadie esperó el fallo definitivo. Se sabe que la independencia de poderes no figura en el decálogo democrático de los pagos de los Rodríguez Saá.
Las elecciones del 9 de noviembre se hicieron y fue electo Daniel Pérsico por Concertación Popular, una alianza de peronistas de Ponce con radicales. En esos comicios votó poco más del 20 por ciento del padrón, Ochoa fue reelecto concejal y como presidente del Concejo Deliberante le tomó juramento anticipado a Pérsico el pasado 13 de noviembre, fecha en la que renunció Ponce por razones de salud. Los mentideros políticos de San Luis dan cuenta de que el día anterior había terminado en insultos y amenazas una reunión entre el gobernador y Ochoa acordada para zanjar elentuerto institucional. Ante ese fracaso, Ochoa siguió adelante y puso en funciones a Pérsico.
El 23 de noviembre se realizaron los comicios para elegir diputados nacionales y para renovar las autoridades comunales. Se acercó a las urnas alrededor del 30 por ciento de los electores. La diputada nacional Torrontegui fue electa intendenta. Esa noche fue baleada la casa de Pérsico. El intendente en funciones había enrejado la intendencia previendo atentados. Eso sí, nadie se rasgó las vestiduras por investigar el origen de la balacera. El poder sanluiseño sí se preocupó por encontrarle un lugar de residencia a Torrontegui: la Legislatura provincial sancionó una ley para que la intendencia y el Concejo Deliberante funcionen en el edificio de la Cámara de Diputados. El miércoles próximo será la ceremonia de asunción. El gobernador ya tiene decidido cortarle el flujo de fondos a Pérsico y resolver así, de hecho, el delicado conflicto institucional.
El clima político es cada vez más denso. Ayer, Juan José Laborde Ibarra, uno de los más acérrimos opositores a los Rodríguez Saá que, sin embargo, se presentó en los comicios que consagraron a Torrontegui, viajó a Buenos Aires para “pedirle al presidente Néstor Kirchner que medie en el conflicto de San Luis porque los temas de violencia son muy preocupantes”.
En medio de la escalada de enfrentamiento político, la muerte de Ochoa pareció confirmar los peores pronósticos. El desmoronamiento de los feudalismos provinciales hace años en Catamarca y ahora en Santiago del Estero aparecen en el horizonte de los que se esperanzan con que las tragedias provoquen la renovación.