“Cada gremio verá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”, amenazó el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay. El principal objetivo del gobierno de Macri, luego de avanzar en medidas claves para transferir recursos desde los sectores del trabajo hacia un grupo concentrado de exportadores y entidades financieras (devaluación, quita de las retenciones, apertura comercial), es contener el reclamo de los gremios en paritarias para consolidar el plan de distribución regresiva de ingresos, la primera prioridad en la agenda de Cambiemos. Sindicalistas afirmaron a este diario que no aceptarán un recorte en la capacidad de compra. Consideraron que los “numeritos” de Prat-Gay de inflación del 25 por ciento no pueden ser utilizados como referencia para la negociación paritaria, porque en noviembre y diciembre, por efecto de la devaluación, los precios anualizados arrojan subas del 40 por ciento. Las consultoras privadas, sin información oficial disponible, estimaron que alimentos y medicamentos fueron los productos de la canasta básica con mayores aumentos, en dónde hubo bienes con alzas de hasta el 60 por ciento en los últimos dos meses.

“Las paritarias tienen que ser libres. No puede haber condicionamientos del Gobierno. Hay que recuperar el poder adquisitivo que se fue diluyendo con el aumento de precios. Sobre todo después de los últimos dos meses que tuvieron una remarcación frenética. Hasta octubre hablar de un 25 por ciento de subas salariales tenía sentido con una tendencia que venía en desaceleración. Pero ahora esa cifra sería ceder salario real y transferir nuestros ingresos al sector empresario”, aseguró a Página/12 Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores Argentina (CTA). Agregó que “los datos de inflación de noviembre y diciembre al anualizarlos dan más del 40 por ciento. Por lo tanto el pedido de recomposición salarial tiene que ser superior al 30 por ciento para no perder poder de compra. La economía neoliberal tiene el salario como variable de ajuste. Pero no vamos a dejar que prosperen los intentos de bajar los sueldos”.

El secretario general del gremio de la Alimentación, Rodolfo Daer, fue otro crítico contra las declaraciones promotoras del miedo en la economía de Prat-Gay. “Suena más a un chantaje que otra cosa que nos diga que hay que cuidarse en el reclamo salarial para proteger los puestos de trabajo. El empleo está totalmente vinculado a la capacidad de producción que tiene una empresa y esa capacidad de producción está vinculada a las ventas (que requiere que los trabajadores tengan incrementos en su poder adquisitivo)”, sostuvo. Mencionó que otras experiencias históricas en las que se afectó a los sectores de ingresos fijos terminaron muy mal. “En los años 90 tuvimos la mejor demostración que no transitan caminos paralelos los salarios con el empleo. No hubo modificaciones salariales y sin embargo se incrementó como nunca en la historia de nuestro país el desempleo y la desocupación y la precarización del trabajo.”

El equipo económico del gobierno de Macri, encabezado por Prat-Gay, pretende instalar la idea de que los salarios deberían aumentar en torno del 25 por ciento. La lógica incluye que los trabajadores formales tendrían además un beneficio extra por una menor carga del Impuesto a las Ganancias que preparan en la AFIP. La propuesta no resulta convincente si se tiene en cuenta que ese tributo recae sobre uno de cada 10 asalariados, al tiempo que los precios, en particular de los alimentos, anotaron fortísimas subas tras la devaluación, y falta todavía que comience el aumento de las tarifas y otros servicios privados. El Indec, desde que asumió al frente de la entidad Jorge Todesca, ingresó en situación de “desesperanza estadística” y no informará por los próximos meses índices de inflación. Esto implica que la forma de observar el impacto para el bolsillo de la suba de precios impulsada por la devaluación requiere revisar las estimaciones de las consultoras privadas. El estudio de Carlos Melconian, actual director del Banco Nación, calculó que en el último bimestre del año (más precisamente entre noviembre y la tercera semana de diciembre) el promedio de precios minoristas aumentó 6,9 por ciento. El producto con mayor suba fue el pollo (61,1 por ciento), seguido por la carne (26,6) y los medicamentos (19,8). La consultora de Miguel Bein estimó que en diciembre hubo una inflación al consumidor del 3,8 por ciento, la más alta de los últimos 23 meses. Los rubros con mayores alzas fueron salud (5,5), alimentos y bebidas (5,2) y esparcimiento.

La suba de los precios, sin la recomposición salarial suficiente, es una de las formas de transferir recursos desde los sectores de ingresos fijos hacia las empresas. Pero no es la única manera. Los más de 50 mil millones de pesos que recibieron de un día para otro los hombres de negocio del campo por la quita de las retenciones es otra herramienta para avanzar en un nuevo estadio de distribución regresiva. ¿De dónde sale este ingreso extraordinario que ahora va a los bolsillos del complejo agropecuario? Son recursos del Estado que antes permitían pagar sueldos públicos, jubilaciones, programas sociales, es decir que se destinaban a aumentar el ingreso disponible de la población y ahora pasan a incrementar beneficios de unos pocos grupos dedicados al negocio de la exportación. La teoría económica, no importa si la escriben conservadores o heterodoxos, coincide en que aumentar la rentabilidad, cuando la torta para repartir es la misma, requiere disminuir el salario. Prat-Gay lo sabe bien y tiene la atención concentrada en el objetivo de las paritarias.