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El gobierno de Mauricio Macri está tomando decisiones que contradicen de manera flagrante su discurso institucional de republicanismo, diálogo e institucionalidad. Por la vía de gobernar por decreto y utilizando la complicidad de parte de la Justicia, lo que está haciendo el PRO es imponer un estilo autoritario, jugando al límite con la legalidad y actuando como si tuviera la suma del poder. Si bien esto último no ocurre en ninguna democracia del mundo, es absolutamente inviable en la Argentina actual donde la coalición gobernante triunfó por escaso margen en segunda vuelta y ni siquiera cuenta con mayoría legislativa.

Más allá de las promesas electorales ya olvidadas y las críticas de “autoritarismo” hechas a la gestión anterior, los “cambiemos” quieren modificar las reglas de juego y generar hechos irreversibles antes de que el Congreso pueda ponerse en marcha y que la oposición peronista salga del impacto que le generó la derrota electoral sumiéndola en un profundo letargo, profundizando sus contradicciones internas e impidiéndole, al menos por el momento, reaccionar de manera coherente y eficaz.

A su favor la nueva derecha argentina que hoy gobierna el país cuenta con el “período de gracia” que le sigue otorgando buena parte de la ciudadanía a toda gestión que se inicia y que incluye también parte de quienes no votaron al macrismo. También opera a favor de los nuevos habitantes del Poder Ejecutivo el hecho de que los equipos de gestión tienen un perfil que desde hace mucho no se conocía en la Argentina: son en su mayoría ejecutivos de empresas trasladados a la gestión pública. Para los habitués de la política es difícil anticipar el sentido de las decisiones que se tomarán y hasta los más avezados parecen sorprendidos. En todo caso, la mayoría reconoce que nadie esperaba tanto vértigo e impunidad al mismo tiempo.

Nada de lo hecho hasta el momento –sobre todo aquello que intenta revertir en el mínimo tiempo lo que el Frente para la Victoria construyó durante tres gestiones presidenciales– podría haberse hecho sin dos actores fundamentales: la Justicia (o parte de ella, para ser más justo) cómplice, silenciosa o distraída, y la connivencia informativa de los grandes conglomerados mediáticos. A ello hay que sumar que aquellos sectores de la Justicia antes señalados actúan en secuaz coordinación con medios y periodistas.

Son tantas las anormalidades concretadas en menos de un mes de gestión, los atropellos cometidos en nombre de la “revolución de la alegría” y del “diálogo entre los argentinos”, que no alcanzarían muchas páginas para resumirlos. La misma Justicia que sobresee a Macri hace oídos sordos a los pedidos para parar los abusos contra normas votadas por mayorías legislativas. Y cuando un juez hace lugar a una cautelar (como el caso del juez Arias pidiendo congelar las decisiones contra Afsca y Aftic) el Ejecutivo anticipa fraudulentamente la fecha de un nuevo decreto presidencial para burlar la medida. Impunidad e impotencia son las únicas palabras que caben... para responder al gobierno del diálogo, el consenso, la institucionalidad y el republicanismo.

Del otro lado, lo que hasta el 10 de diciembre fue el oficialismo se debate en su propia crisis. Muchos, dirigentes y militantes aún “no tomaron debida nota” de la derrota. No la asimilan ni política ni prácticamente. Políticamente no son capaces de ponerse en el lugar de la oposición y comenzar a actuar como tal. Se habían acostumbrado tanto al poder que no se reconocen ellos mismos en su nuevo lugar. Pero en lo cotidiano también es difícil asumir que ya no se tienen ni las facilidades, ni los atributos, ni las mieles del poder. Ahora todo es más difícil: espacios, recursos y hasta quienes antes les rendían pleitesía hoy probablemente ni siquiera les atienden los teléfonos.

Hay además un problema de conducción no resuelto. Si bien nadie se atreve a cuestionar en público a Cristina Fernández, más de uno prefiere –al menos por el momento– verla lejos de los escenarios políticos. Pero tampoco hay una figura que concite de manera unánime el liderazgo. Daniel Scioli se ha ganado el respeto de muchos, pero está lejos de unificar al peronismo y al FpV detrás de sí.

Quienes dentro del peronismo y del FpV lograron conservar el poder en sus distritos (provincias y municipios) viven también la tensión de gestionar la gobernabilidad del territorio. Situación que también los obliga a dialogar y negociar con el PRO gobernante en Nación, pero también en la Provincia de Buenos Aires. Buen ejemplo ha sido la intrincada transacción sobre el presupuesto provincial. La actitud opositora está siempre mediada por las necesidades políticas y presupuestarias que impone la gestión. El macrismo también tiene claro que este es un factor de debilidad para la oposición y opera allí para dividir al FpV.

Los sectores juveniles mayoritariamente reunidos en la Cámpora, pretenden impulsar una oposición convertida en “resistencia” al gobierno macrista. Estos jóvenes no dudan en calificar al gobierno del PRO de “autoritario” y de equipararlo –por lo menos discursivamente– con las dictaduras. Probablemente esa apreciación los lleva también a trazar un escenario que desestima los teatros institucionales para dar la lucha política. Prefieren la calle y la movilización, aunque tampoco para ello haya objetivos claros.

Es en la movilización callejera donde estos grupos se encuentran también con otros y otras surgidos de iniciativas múltiples, espontáneas y muchas veces voluntaristas, nacidas de la impotencia o de la indignación, de muchos desencantados con el resultado electoral o preocupados por el rumbo de las cosas y todos ellos faltos de orientación y de encuadramiento. A estos comienzan a sumarse quienes, desde el mundo del trabajo, comienzan a ver que sus salarios se recortan y sus derechos se avasallan. Hay allí una conjunción de actores en el mismo escenario pero con necesidades y propósitos distintos. Pueden confluir en algunos momentos y colisionar en otros.

La dirigencia del sindicalismo tradicional –que se sigue reivindicando genéricamente peronista a pesar de cada grupo o sector tenga propósitos distintos– prefiere darse tiempo. Saben que, tarde o temprano, sus bases le exigirán definiciones respecto de la reivindicación de sus derechos. Pero también que la estructura partidaria necesitará de ellos para intentar recuperar fuerza política. En ese escenario esperan poder retomar protagonismo para lo cual, probablemente, necesiten llegar a acuerdos internos hacia su reunificación formal.

Por último, el aparato institucional del Partido Justicialista –aún desconcertado– medita su estrategia para retomar la iniciativa. Entre los dirigentes, además de confusión respecto de cómo construir el futuro, hay pase de facturas. Para superar esta instancia se abrirá, necesariamente, un debate interno que dejará algunos heridos y a otros definitivamente al borde del camino. Nuevos liderazgos habrán de surgir. Casi unánimemente miran con recelo al camporismo. Pero también hay conciencia de que se necesita unificar las filas para dar batallas político institucionales indispensables.

Un futuro con nuevos escenarios, actores renovados y otras batallas para dar.