Cambiemos avanza con la topadora sobre los trabajadores estatales. A los dos mil echados en el Senado, ayer se sumaron nuevos despidos. Ciento cincuenta personas quedaron sin trabajo en la Jefatura de Gabinete nacional, mientras que en los municipios bonaerenses hubo cesantías masivas en Quilmes, donde el intendente Martiniano Molina despidió a mil personas. La Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses denunció que otros 1600 empleados fueron dejados en la calle en otros siete municipios de la provincia. En La Plata hubo protestas de los estatales, que denunciaron 4500 despidos; el intendente Julio Garro llamó a la Gendamería para “proteger” el edificio municipal.

En estado de alerta y movilización, ayer los tres gremios del Senado (ATE, APL y UPCN) se juntaron para coordinar acciones y resolvieron presentar una cautelar ante la Justicia para que deje sin efecto la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que derogó los pases a planta permanente firmados en 2015 por su antecesor, Amado Boudou.

La principal crítica que recibió Michetti fue que no esperó el resultado de la auditoría que le encargó a la UBA para detectar a los ñoquis que según su criterio inundan el Senado, sino que directamente echó a todas las personas que habían sido pasadas a planta permanente durante el año pasado.

En defensa de esta medida, Michetti argumentó que no tiene tiempo para hacer el desglose. “A la persona que está más de un año en planta permanente no la podés sacar más del Estado, salvo por causas extraordinarias. Entonces, yo tenía que apurarme y no pude mirar uno por uno”, respondió ante los cuestionamientos. Vale aclarar que el informe de la UBA iba a estar terminado en febrero.

La vicepresidenta agregó que los 2035 nombramientos implicaron “un 146 por ciento de aumento de la planta permanente del Senado y un 80 por ciento de aumento de la masa salarial”. ¿Por qué le voy a meter la mano al ciudadano para sacarle mil y pico de millones de pesos más para sostener el mismo Senado, que hace las mismas cosas que hace un año?”, planteó. En ese marco, dio a entender que los 2035 despedidos son ñoquis de Boudou: “Son de planta política y se tienen que ir cuando corresponde irse”, definió.

Esgrimió finalmente una cuestión de poder: dijo que resolvió los despidos porque tenía “la facultad y los instrumentos legales y jurídicos como para poder hacerlo”, y aseguró que cuenta con “el aval” de todos los senadores, incluidos los de la oposición. “Miguel Pichetto, del Frente para la Victoria, Adolfo Rodríguez Saá, del Interbloque Federal, y los radicales me acompañan en esta medida”, sostuvo. Desde el kirchnerismo aclararon que el tema fue conversado con los jefes de los bloques, pero que no hubo ningún acuerdo.

Los sindicatos presentarán un pedido de amparo. “Fue una medida muy arbitraria. Esperaron además que la gente se fuera de vacaciones para tomarla”, dijo a Página/12 Claudio Britos, secretario general de ATE Congreso. Según el dirigente, la mayoría de los afectados son del área de servicios: “limpieza, seguridad, automotores, obras... nosotros vamos a defender sus empleos, y si figura alguna persona que no trabaja será otra cosa, pero no pueden echar a compañeros que cumplen funciones y que dependen de su salario”.

Los gremios tendrán hoy una reunión con Helio Rebot, el responsable administrativo del Senado. Si bien Michetti los invitó a participar de la comisión revisora que en los próximos 120 días chequeará los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones, Britos aseguró que no van “a avalar a esa comisión con dos mil despidos: primero tienen que rever el decreto”.

A su vez, Norberto Di Próspero (de la Asociación de Personal Legislativo) salió al cruce del argumento de que los echados son ñoquis. “Michetti primero firmó los decretos (para cesantearlos) y después creó la comisión” para investigar. “Hay mucha hipocresía. Esto es una política de Estado y la quieren dibujar diciendo que hay ñoquis para justificar que van a echar trabajadores porque quieren un Estado chico. Esta es una política que ya vivimos. Que lo digan, así sabemos qué enfrentamos”, señaló. “La medida es aberrante desde el punto de vista jurídico, porque los despedidos eran de planta permanente y vienen a trabajar todos los días”.

Otro de los lugares donde hubo despidos fue la Jefatura de Gabinete de la Nación, en este caso de contratados (ver recuadro) y en el Centro Cultural Néstor Kirchner (ver página 31).

En los municipios de la provincia de Buenos Aires no sólo hubo denuncias sino también protestas frente a las intendencias. La situación más grave se da en La Plata, donde los trabajadores aseguraron que hubo cuatro mil 500 cesanteados entre contratados y cooperativistas. Por la mañana comenzaron a llegar a la sede municipal grupos de manifestantes con pecheras blancas que haciendo sonar sus bombos recorrieron los pasillos del edificio. En el despacho del intendente de Cambiemos, Julio Garro, trabaron las puertas ante el aumento del número de manifestantes; finalmente fue llamada la Gendarmería para custodiar el lugar.

A su vez, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses denunció el despido de más de 2600 empleados en otros ocho municipios de la provincia. Así lo aseguró su titular, Rubén “Cholo” García. “Los telegramas comenzaron a llegar el lunes, en el primer día hábil del año, y estamos siguiendo la situación en cada distrito. Hay despedidos con hasta 12 años de antigüedad y otros nombrados hace meses.”

Los municipios donde se denunciaron más despidos son Quilmes, con mil empleados (ver recuadro) y Malvinas Argentinas con 900 –en este caso el jefe comunal no es de Cambiemos sino del FpV, Leonardo Nardini–. Los siguieron Coronel Vidal con 300, Lanús con 290 –gobernado por el ex ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti–. La lista se completa con Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Chascomús y Esteban Echeverría –estos últimos goberndos por UNA y el FpV.